Caribe

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Granada Rowle Titus, director del diario Grenada Advocate, fue despedido de su cargo el 2 de abril, después de que Richard Simon, secretario de Prensa del Primer Ministro, Tillman Thomas, se quejó de que un artículo, publicado el 9 de marzo, sobre la supuesta pugna en el gobernante Congreso Democrático Nacional (NDC), era inexacto y pidió una disculpa o una retractación.

Organizaciones regionales e internacionales de medios pidieron a Thomas que tomara distancia de las acusaciones de que su gobierno estaba sofocando la libertad de prensa y en una declaración el gobierno defendió con firmeza su historial de relaciones con los medios de comunicación.

Grenada Advocate publicó una declaración en primera plana, diciendo que “se inclina a creer que hubo inexactitudes en la historia y pide disculpas por cualquier inconveniente causado al Primer Ministro y su Gabinete”.

Jamaica Con el cambio de gobierno después de las elecciones el 29 de diciembre, la asociación de medios de Jamaica (MAJ) y la asociación de prensa de Jamaica (PAJ) y algunos miembros originales del Comité de Trabajo de la Reforma han presentado sugerencias al nuevo ministro de Justicia de correcciones y adiciones al propuesto proyecto de ley sobre difamación. El ministro ha prometido adoptar una posición al respecto, aclarando que los cambios sustanciales probablemente acarrearán largas demoras en el proceso. La MAJ ha solicitado que el ministro señale los cambios que son aceptables para él, lo cual, si también resultan aceptables para los medios de comunicación, permitiría una rápida resolución. El diálogo continúa.

Surinam El Parlamento de Surinam aprobó el 4 de abril una ley de amnistía para crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar, lo que otorga inmunidad, entre otros, para los responsables de los asesinatos de cinco periodistas en el cuartel militar de Fort Zeelandia, el 8 de diciembre de 1982, incluidos Andre Kamperveen, propietario y director de Radio ABC, Frank Wijngaarde, reportero de Radio ABC, y tres periodistas de medios impresos, Leslie Rahman, Bram Behr y Jozef Slagveer.

De acuerdo con viejos informes, los soldados incendiaron las instalaciones de Radio ABC, Radio Radika y el diario De Vrije Stem. Durante ese período no se autorizó el trabajo de ningún medio, aparte de la radio estatal el SRS y el diario De Ware Tijd.

Días después de aprobada la amnistía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que las leyes de amnistía no deberían aplicarse nunca a casos de graves violaciones de los derechos humanos, a los que se aplica el marco de obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos.

Trinidad y Tobago El desarrollo de las investigaciones penales que afectan a dos entidades de medios de comunicación—CCN TV6 y el diario Newsday— han puesto de relieve las preocupaciones sobre la vigencia de la libertad de prensa, derecho previsto en la Constitución. Han expresado preocupaciones los medios y organizaciones relacionadas con los medios, así como también el Primer Ministro, otros ministros del gabinete, el líder de la oposición parlamentaria, un ex primer ministro y un ex Procurador General.

En respuesta a los hechos del 9 de febrero del 2012 se produjo un desbordamiento de opiniones, que van desde la indignación hasta demandas de explicaciones:

Agentes de la policía consiguieron y utilizaron una orden de la corte para entrar y registrar las oficinas de Newsday en Puerto España. Los agentes revisaron documentos y se llevaron una computadora y unidades de flash utilizadas por una reportera.

Usando una segunda orden de registro, los policías allanaron el domicilio de la misma periodista de Newsday y se llevaron tres computadoras personales. A los registros y decomisos en el Newsday siguió una carta de la policía solicitando a la reportera revelar la fuente de su trabajo publicado el 20 de diciembre acerca de una “amarga disputa” entre los miembros de la Comisión de Integridad. El presidente de la Comisión de Integridad había considerado la información publicada como una violación de las disposiciones de confidencialidad de la Ley de Integridad en la Vida Pública, que denunció como un asunto de investigación policial.

La policía escribió a siete directores de CCN, filial de TV6 y al periódico Trinidad Express, solicitando entrevistas. De acuerdo con la carta de la policía, las entrevistas se refieren a presuntas violaciones de la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de delitos sexuales que, supuestamente, se habrían producido durante la emisión del programa “Crime Watch” de TV los días 25 y 26 de octubre del 2011.

Los hechos anteriores fueron vinculados forzosamente a la innecesaria demostración de fuerza de la policía el 29 de diciembre, cuando trató de obtener material en DVD de un episodio de “Crime Watch”. En esta ocasión, cerca de 18 agentes, algunos de ellos fuertemente armados, bloquearon el edificio y la libre circulación del personal y los visitantes. Esta demostración de fuerza se llevó a cabo a pesar de las reclamaciones de TV6 cuya gerencia había adoptado previamente una postura de cooperación con los agentes implicados en una operación anterior.

Esta nueva manifestación de las autoridades policiales, su exceso de celo para investigar y enjuiciar a los medios refleja el estado de la ley, que se presta a semejante interpretación. Ninguna ley prohíbe este tipo de registro minucioso de que han sido objeto las empresas de medios.

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