Paraguay

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Tras la destitución del presidente Fernando Lugo en junio de 2012, el país transita en un proceso electoral que desembocará en las elecciones presidenciales del 21 de abril. El fallecimiento de uno de los candidatos, el general retirado Lino César Oviedo, en un accidente aéreo, no afectó la marcha del proceso.

El acceso a la información pública sigue siendo un obstáculo en el país, un asunto sobre el que hubo varios intentos de discusión en el Congreso en la última década pero que nunca prosperaron.

De manera sistemática, el presidente del Congreso Nacional, senador Jorge Oviedo Matto, se negó a responder una solicitud de informes presentada por el diario ABC Color para que la opinión pública pueda estar informada sobre tareas de los legisladores durante el periodo 2008-2013.

El 19 de octubre, el periódico presentó una nota al titular de la Cámara de Senadores para que provea información, entre otras cosas, sobre: registro de asistencia de los senadores; registro de proyectos de leyes presentados; listado de viajes realizados por los parlamentarios, así como viáticos percibidos; pensiones graciables solicitadas por los mismos, y monto global de vales de combustible entregados a cada senador desde 2008.

Ante la negativa del Congreso, el diario presentó el 12 de noviembre un amparo constitucional ante el juez Rubén Ayala Brun. El magistrado rechazó la acción, que fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones por el representante que también rechazó el recurso.

Para el 24 de diciembre la justicia rechazó el amparo constitucional, argumentando que el Senado informa todo a la ciudadanía en su página web. Lo llamativo fue que ni en primera ni en segunda instancia se analizó si los datos subidos a la internet responden a lo peticionado.

Debido a que los tribunales judiciales continúan siendo el espacio en el que se legitima la censura contra los medios de comunicación y periodistas a través de numerosos procesos por injurias y calumnias, entidades dedicadas a la libertad de prensa continúan solicitando que se legisle para que se descriminalicen los delitos de difamación.

Las principales amenazas para el ejercicio del periodismo continúan debido a la violencia en áreas fronterizas.

El 6 de febrero fue asesinado Marcelino Vázquez, propietario y director de la radio Sin Fronteras 98.5 FM, en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, en la frontera con Brasil. La estación se dedica principalmente a la difusión de música y noticias de toda índole. Vázquez fue asesinado cuando se dirigía a una discoteca también de su propiedad, dos de los supuestos de autores del crimen, Edgar Giménez Duarte y Ramón Fariña Figueredo se entregaron a la justicia, y siguen detenidos. Según medios locales, la policía presume que el empresario fue asesinado porque impedía la presencia de vendedores de droga en una de sus discotecas, aunque no se descartan otras hipótesis.

En esta misma ciudad fue asesinado el 26 de abril de 1991 el periodista Santiago Leguizamón, cuyo crimen aún sigue impune. En 2007 la SIP sometió una investigación periodística del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Leguizamón era propietario y director de Radio Mburucuyá, además de corresponsal del diario Noticias de Asunción.

Otros hechos de consideración:

El 24 de octubre, el periodista y presentador de noticieros del canal de televisión Telefuturo, canal 4, Óscar Acosta recibió custodia policial dispuesta por el Ministerio del Interior tras recibir información de inteligencia acerca de una supuesta amenaza de secuestro por parte del grupo extremista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Acosta explicó que la situación podría haberse generado por su postura crítica sobre el accionar del EPP.

El locutor de radio Chaco Boreal FM 103.5, Pablo Almada, denunció ante el Ministerio Público que el 25 de octubre fue amenazado de muerte a través de un mensaje de texto. Atribuyó el hecho a la divulgación realizada por él en un programa radial de un conflicto existente entre la Municipalidad de Loma Plata (Chaco) y la Cooperativa y Asociación Civil Chortitzer Komitee, a la que la intendencia reclamaba el pago de impuestos por valor de 6.527 millones de guaraníes (más de1.5 millones de dólares americanos).

El 19 de noviembre, el periodista deportivo Bruno Fabián Pont Pessoa querelló por los supuestos delitos de difamación, calumnia e injuria al periodista de ABC Color Óscar López. Pont se sintió afectado por el contenido de un tuit enviado por su colega, en el que éste cuestionaba su labor periodística y sus condiciones éticas para ejercer dicha profesión.

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