Impunidad - México I

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Considerando que en abril de 1988 fue asesinado Héctor Félix Miranda, El Gato Félix –director y columnista del semanario Zeta de Baja California─, y que las autoridades del estado nunca indagaron si existía un autor intelectual Considerando que 16 años después, en mayo de 2004, representantes del estado y del gobierno de México firmaron un acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa para crear un grupo de trabajo que revisara el expediente sobre dicho crimen Considerando que se han sostenido tres reuniones de trabajo y que aunque la Procuraduría General de Justicia de Baja California expuso a la SIP, en septiembre pasado, sus observaciones técnico-jurídicas sobre los expedientes en los que se investigó la muerte del Gato Félix y el encubrimiento de uno de los cómplices del asesinato, en las que concluye que prescribieron los delitos por lo que no es posible indagar más; siendo, sin embargo, una posición no definitiva Considerando que las autoridades del estado se comprometieron a enviar el documento final para que la SIP lo revise y presente sus observaciones Considerando que el estado mexicano estudiará la posibilidad de plantear una propuesta que satisfaga a ambas partes atendiendo a las recomendaciones de la CIDH Considerando que en julio de 1991 fue asesinado el periodista Víctor Manuel Oropeza, columnista de El Diario de Juárez (Chihuahua, México) y que desde esa fecha ninguna persona ha sido sentenciada por el crimen Considerando que después de que la SIP y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua revisaron el expediente sobre el crimen en febrero del 2005, quedó en evidencia que las autoridades en esos años no investigaron a fondo el crimen, se perdieron algunas evidencias, el posible móvil profesional ni siquiera se abordó y otras hipótesis quedaron sin conclusión Considerando que a partir de esa fecha la Procuraduría ha retomado las investigaciones y profundiza en todas las líneas, consiguiendo hasta ahora resultados prometedores que permitirían, de continuar el trabajo, conocer a los responsables materiales y, quizá, intelectuales del homicidio; pero que para lograrlo, las autoridades de Chihuahua requieren que el Poder Judicial del estado contribuya, en la medida de sus posibilidades legales, a que todas las diligencias se practiquen Considerando que el Artículo 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE exhortar al gobierno federal y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California a que cumpla con la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (número de caso 11.739) y que fue aceptada por el Estado mexicano, para que se investigue de manera seria, completa, imparcial y efectiva a todos los posibles involucrados en el asesinato del periodista Héctor Félix Miranda; así como a los funcionarios que, en su caso, pudieron haber incurrido en alguna irresponsabilidad en la procuración y administración de justicia reconocer el trabajo desarrollado en siete meses por la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua para esclarecer el crimen del columnista Víctor Manuel Oropeza y alentar a los responsables de las indagatorias para que profundicen en todas las hipótesis de trabajo y logren, en el menor tiempo posible, detener y someter a juicio a todos los responsables, incluyendo a los posibles autores intelectuales solicitar al gobierno federal que realice los trámites necesarios para que la Procuraduría General de la República entregue copia del expediente que entregó en su momento por el homicidio de Víctor Manuel Oropeza a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, para que cuente con todas las actuaciones sobre el caso y que, asimismo, dé trámite expedito a la solicitud que le presenten las autoridades del estado, para que sea extraditado de Estados Unidos uno de los presuntos responsables: Samuel de la Rosa Reyes exhortar al Poder Judicial del estado de Chihuahua para que contribuya, dentro del marco de la legislación mexicana e internacional (firmada por México), en las diligencias que deben llevarse a cabo para el esclarecimiento del crimen del periodista Víctor Manuel Oropeza.

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