Panamá

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CONSIDERANDO que el 17 de septiembre el Procurador General de la Nación, Suplente, Giuseppe Bonissi, le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declarara inconstitucional el segundo párrafo del artículo 196 del Código Penal, que despenalizó los delitos de calumnia e injuria para alto servidores del Estado; CONSIDERANDO que el Procurador Bonissi actuaba en el marco de una advertencia de inconstitucionalidad presentada con el propósito de que se ampliara la despenalización a todo el funcionariado y no solo a altos servidores del Estado y funcionarios de elección popular. CONSIDERANDO que el 28 de septiembre de 2010, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, condenó a la directora de noticias de TVN Canal 2 Sabrina Bacal y al periodista Justino González, quien laboraba para la misma televisora, a doce meses de prisión conmutables por el equivalente en días multa a razón de diez dólares cada día y a la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de Comunicador Social por el término de un año contado a partir de la fecha en que se pague la multa; CONSIDERANDO que ambos periodistas habían sido absueltos en primera instancia por dos juzgados distintos que estudiaron la causa penal, seguidos a ellos por la supuesta comisión de los delitos de calumnia e injuria en perjuicio de dos servidores públicos que laboraban en la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia. Los juzgados habían determinado en primera instancia que la noticia divulgada en septiembre del año 2005, en la que se daba cuenta de la existencia de una investigación por la supuesta comisión de delitos de corrupción relacionados con una red de tráfico de personas, se había hecho con base en información oficial – un informe de la Policía Nacional- y por lo tanto se trataba del reporte fiel de una información con sustento oficial; CONSIDERANDO que ninguno de los tres magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, invocó, a la hora de revocar los fallos absolutorios, jurisprudencia alguna de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni mucho menos doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el reporte fiel, ni consideró que desde la reforma del Código Penal del año 2007, que derogó el antiguo artículo 175 que penalizaba a quien reprodujera una calumnia o una injuria, la doctrina del reporte fiel quedó tácitamente incorporada a la legislación nacional; CONSIDERANDO que en la reforma del Código Penal del año 2007, que derogó el antiguo artículo 175 que penalizaba a quien reprodujera una calumnia o una injuria, la doctrina del reporte fiel quedó tácitamente incorporada a la legislación nacional y que la sentencia condenatoria del Segundo Tribunal Superior de Justicia aplicó al artículo 2079 del Código Judicial, que fuera incorporado a la legislación panameña en diciembre de 1986, es decir, en plena época de la dictadura militar y bajo el mando del entonces General Manuel Antonio Noriega; CONSIDERANDO que esa excerta legal dispone que en aras de la presunción de inocencia, quien divulgue información sobre la identidad o señas particulares que permitan identificar a una persona que está siendo investigada y que permitan asociarlo con la investigación respectiva, comete el delito de calumnia, lo que todas luces hace que esa norma sea abominable y restrictiva de la libertad de expresión e información; CONSIDERANDO que el 12 de octubre un grupo de abogados y comunicadores sociales, presentaron ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, un anteproyecto de Ley que busca despenalizar totalmente la calumnia y la injuria para servidores públicos, y a la vez limitar el deber de reserva de las identidades de los investigados por la supuesta comisión de un delito, contenido en el mencionado artículo 2079 del Código Judicial a los funcionarios del Ministerio Público, del Órgano Judicial y de la Policía Nacional, deber cuyo incumplimiento será sancionado administrativamente y no a través de la exótica equiparación a la calumnia CONSIDERANDO que el principio 5 de la Declaración de Chapultepec establece: “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE solicitar al presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, José Muñoz, y a los honorables diputados de la República de Panamá, que se le dé cuanto antes el trámite al anteproyecto de Ley presentado por el grupo de abogados y comunicadores sociales que busca despenalizar la calumnia y la injuria para todos los servidores públicos y aclarar el alcance del artículo 2079º del Código Judicial, para que de esa manera Panamá termine de adoptar los estándares en materia de calumnia e injuria que ha venido recomendando desde octubre del año 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Principio Básico N° 10 sobre Libertad de Expresión; solicitar al Presidente de la República de Panamá, su excelencia Ricardo Martinelli Berrocal, que una vez el anteproyecto de Ley que despenaliza la calumnia y la injuria para todos los servidores del Estado y aclara el alcance del artículo 2079 del Código Judicial sea aprobado por la Asamblea Nacional, sea sancionado por el Órgano Ejecutivo y promulgado en la Gaceta Oficial; solicitar respetuosamente a los operadores de Justicia, en especial a los Jueces y Magistrados, que al momento de analizar los casos de calumnias e injurias que lleguen a su conocimiento, traten de tener en cuenta la doctrina y la jurisprudencia en materia de libertad de expresión, que se ha producido por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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