Impunidad / Asesinados y Desaparecidos

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CONSIDERANDO que de abril a la fecha fueron asesinados en México seis reporteros, Juan Francisco Rodríguez, El Sol de Acapulco y María Elvira Hernández, periodista independiente, de Coyuca de Catalán, en Guerrero, el 28 de junio; Hugo Alfredo Olivera Cartas, corresponsal para distintos medios, en Apatzingán, Michoacán, el 6 de julio; Guillermo Alcaraz Trejo, de la edición de TV-Web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Chihuahua, el 10 de julio; Marco Aurelio Martínez Tijerina, Radio La Tremenda, de Montemorelos, en Nuevo León, el 10 de julio y Luis Carlos Santiago Orozco, de El Diario de Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, el 16 de septiembre; y otros dos periodistas permanecen desaparecidos, Ramón Ángeles Zalapa, de Cambio de Michoacán, en Michoacán, el 6 de abril, y Evaristo Ortega Zárate, semanario Espacio de Colipa, de Coliopa, en Veracruz, el 19 de abril, casos en los que no existen avances, por lo que se incrementa el índice de impunidad en el país; CONSIDERANDO que en Honduras fueron asesinados cinco periodistas en este período, Israel Zelaya Díaz, de Radio Internacional, en Villanueva, Cortés, el 24 de agosto; Luis Arturo Mondragón, de Canal 19, en El Paraíso, el 14 de junio; Jorge Alberto Orellana, de Televisión de Honduras, en San Pedro Sula, el 20 de abril; Víctor Manuel Juárez y José Bayardo Mairena, de Radio Excélsior, en Olancho, ambos ultimados el 26 de marzo; CONSIDERANDO que en Brasil fueron asesinados dos periodistas, Francisco Gomes de Medeiros, de Radio Caicó AM y del blog Pra Você, en Caicó, Rio Grande do Norte, el 18 de octubre, y José Rubem Pontes de Souza, de Entre-Rios Jornal, Três Rios, Paraíba do Sul, Río de Janeiro, el 30 de octubre; CONSIDERANDO que aunque la verificación inicial con las autoridades de Colombia y México indicó que los asesinatos de Mauricio Medina Moreno, el 11 de abril en Tolima y Oscar Riaño en Bogotá, Colombia, y el de Miguel Ángel Bueno Méndez, del periódico Nuestro Distrito de Huxquilucan, el 24 de junio en el Estado de México, México, no tendrían móviles profesionales, sin embargo, la ausencia de investigaciones prontas y efectivas, así como la inexistencia de información clara, mantiene la duda de que los ataques fueran producto de su trabajo profesional; CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE demandar en México a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión que revise los casos ocurridos en estos últimos meses y los atraiga a su jurisdicción ante la inacción de las autoridades estatales; no obstante, exigir a la procuradurías generales de Justicia de los estados de Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz que investiguen y consigne a los responsables por los asesinatos de Juan Francisco Rodríguez, María Elvira Hernández (Guerrero), Hugo Alfredo Olivera Cartas (Michoacán), Guillermo Alcaraz Trejo y Luis Carlos Santiago Orozco (Chihuahua), Marco Aurelio Martínez Tijerina (Nuevo León), y por las desaparición de Ramón Ángeles Zalapa (Michoacán) y Evaristo Ortega Zárate (Veracruz); instar a las instancias responsables de Honduras a impartir justicia por los asesinatos de Israel Zelaya Díaz, Luis Arturo Mondragón, Jorge Alberto Orellana, Víctor Manuel Juárez y José Bayardo Mairena; exigir a los organismos investigativos de Brasil indagar con profundidad los crímenes de Francisco Gomes de Medeiros y de José Rubem Pontes de Souza, para determinar móviles y llevar a los responsables ante la justicia; pedir a las respectivas autoridades de Colombia y México, investigar los móviles de los homicidios de Mauricio Medina Moreno y Oscar Riaño (Colombia), y de Miguel Ángel Bueno Méndez (México), para determinar si se trató de homicidios por razones del ejercicio profesional y castigar a los responsables.

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