Impunidad / México

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CONSIDERANDO que el miedo de los periodistas y medios de comunicación a ser asesinados, desaparecidos o secuestrados es cada vez mayor en gran parte del territorio mexicano, lo que ha achicado el espacio informativo por el crecimiento de la autocensura o la censura impuesta por parte de grupos criminales, caciques o autoridades corruptas; CONSIDERANDO que existe sospecha fundada de que los crímenes de Enrique Perea Quintanilla (2006) y Armando Rodríguez (2008), ambos cometidos en el estado de Chihuahua, fueron ordenados y contaron con la participaron autoridades corruptas de esa entidad manipularon las investigaciones para dirigirlas únicamente hacia el crimen organizado como responsable; CONSIDERANDO que de confirmarse la complicidad entre el crimen organizado y de algunas autoridades de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua explicaría que ninguno de los 12 crímenes de periodistas cometidos en ese estado haya sido resuelto: Jessica Elizalde, 1993; Fernando Martínez Ochoa, 1998; José Ramírez Puente, 2000; José Luis Ortega Mata y José Barbosa Bejarano, 2001; Ernesto Montañés Valdivia y Norberto Miranda Madrid, 2009; Guillermo Alcaraz Trejo y Luis Carlos de Santiago Orozco, 2010; incluyendo la parálisis del caso de Víctor Manuel Oropeza (1991), sobre quien la CIDH emitió una resolución que el gobierno mexicano aceptó pero ha incumplido; CONSIDERANDO que en octubre pasado el Congreso de Chihuahua aprobó una reforma penal que impone hasta 50 años de prisión a quien asesine a un periodista por causa de su trabajo profesional; aunque en ese estado ninguno de los 12 responsables de los asesinatos de comunicadores ha sido sometido a juicio; CONSIDERANDO que otra muestra de la gravedad de la situación de impunidad en México es que de los cinco periodistas de Reynosa, Tamaulipas, que permanecen secuestrados desde febrero de este año, no se sabe nada y las autoridades de esa entidad y de la federación no muestran avance alguno sobre las investigaciones; CONSIDERANDO que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dijeron que “no tienen registro alguno periodistas ocurridos en el Distrito Federal entre 1988 y 1998: Linda Bejarano, Juvencio Arenas, Gabriel Venegas, José Herrera Cañas, Víctor Hernández Martínez, Luis Mario García y Claudio Cortés García; CONSIDERANDO que la Procuraduría General de la República continúa sin resolver los casos sobre ataques a periodistas y medios de comunicación que tiene bajo su responsabilidad tanto en la SIEDO como en la Fiscalía Especial y en las delegaciones regionales de la institución, siendo casos que datan desde 1997 a la fecha; CONSIDERANDO que la procuraduría General d Justicia de Tabasco ha atendido los casos bajo su jurisdicción, pero todavía no cumplen con las órdenes de aprehensión dictadas por un juez contra los responsables de la desaparición y posible crimen del periodista Rodolfo Rincón Taracena y tampoco ha ubicado el paradero de éste; CONSIDERANDO que en septiembre pasado el presidente Felipe Calderón se comprometió a reimpulsar una iniciativa de reforma constitucional y legal para federalizar los delitos cometidos contra la libertad de expresión; CONSIDERANDO que en la misión que llevó a cabo la SIP y CPJ el presidente mexicano Felipe Calderón se comprometió a que los casos de periodistas mexicanos sean investigados a fondo y resueltos, a que la Fiscalía Especial creada para investigar estos casos será fortalecida y cumpla con su objetivo, y también a crear un sistema preventivo para atender amenazas y riesgos de periodistas en México; CONSIDERANDO que en septiembre pasado la Procuraduría General de la República sostuvo ante la misión de la SIP y CPJ que había sido detenido uno de los cómplices del crimen del periodista Armando Rodríguez, y mostró optimismo en detener al autor intelectual, aunque existen dudas sobre esta confesión; CONSIDERANDO que el presidente Felipe Calderón aseguró que revisaría personalmente los casos de los periodistas Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, asesinatos sobre los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución, la cual el Estado mexicano ha incumplido desde hace más de 10 años ; CONSIDERANDO que el Principio 4º de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE instar a la Procuraduría General de la República para que investigue a fondo la posible participación de autoridades federales, estatales y municipales en ataques y amenazas contra la libertad de expresión, específicamente en el caso de periodistas y medios de comunicación; exigir al Procurador General de la República que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, atraiga los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en Chihuahua, ante la sospecha de que autoridades estén involucradas en estos ataques o hayan manipulado las investigaciones; así como realizar una investigación de los casos que no avanzaron en los últimos seis años; instar al Congreso de Chihuahua, al Poder Judicial del estado y a la Procuraduría General de Justicia a que continúen llevando a cabo modificaciones que permitan perfeccionar el marco legal; demandar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y a las autoridades de Tamaulipas que de forma urgente muestre voluntad para dar con el paradero de los reporteros secuestrados y detener a los responsables; instar a la Procuraduría General de Justicia de Tabasco a que detenga a los responsables de la desaparición del periodista Rodolfo Rincón Taracena y dé con su paradero; exhortar al presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión a que las reformas constitucionales y legales que se lleven a cabo para federalizar los delitos cometidos contra periodistas, y que sean agravados: exigir que de forma inmediata el gobierno mexicano desarrolle una estrategia integral, clara y eficaz, para que la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a ser informada sean garantizados en el país y en paralelo sean sometidos los responsables de los ataques a periodistas; demandar a la PGR que informe de manera clara sobre las investigaciones que permitieron la detención de uno de los presuntos asesinos del periodista Armando Rodríguez, e indague sobre la posible tortura a la que fue sometido; Apremiar al presidente Felipe Calderón para que cumpla su compromiso de atender las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sean resueltos de forma satisfactoria los casos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza.

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