Ecuador

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CONSIDERANDO que la Asamblea Nacional se apresta a expedir la Ley de Comunicación, de acuerdo con lo ratificado en la consulta popular del 7 de mayo del 2011 CONSIDERANDO que la Función Judicial ha emitido fallos que atentan contra los principios de libertad de expresión garantizados por la Constitución Política y los tratados internacionales CONSIDERANDO que la Presidencia de la República ha tomados decisiones administrativas que coartan el libre acceso que los ciudadanos deben tener a la información pública, según lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública CONSIDERANDO que el Presidente de la República y la Secretaría Nacional de Comunicación continúan sus campañas de desprestigio en contra de periodistas y medios independientes CONSIDERANDO que el Gobierno ecuatoriano está liderando una campaña internacional para reformar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual reducirá la independencia operativa y económica de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CONSIDERANDO que el principio V de la Declaración de Chapultepec establece: ´´La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa´´ LA REUNION DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE exhortar al presidente de la Asamblea Nacional a que observe los tratados internacionales y el expreso mandato de la consulta popular del 7 de mayo del 2011, al momento de redactar la nueva Ley de Comunicación insistir con el presidente de la Corte Nacional de Justicia sobre la necesidad de que los jueces cumplan con el marco legal existente respecto a medidas como los amparos constitucionales; insistir con el presidente de la República sobre la necesidad de buscar caminos para el diálogo con los sectores del periodismo y la prensa independiente, para así minimizar la innecesaria confrontación y ataques provenientes de la función ejecutiva solicitar al presidente de la República que levante la prohibición existente para que los funcionarios públicos entreguen información a cualquier ciudadano que la solicite, sin importar su condición política, ya que así lo dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública agotar gestiones ante la Organización de Estados Americanos para que no prospere el proyecto de debilitar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

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