Impunidad / México

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CONSIDERANDO que pese a que fue aprobada la reforma al artículo 73 constitucional que federaliza los delitos cometidos contra la libertad de expresión, todavía se retrasa la publicación de la ley reglamentaria que permitirá aplicar dicha modificación y no existen muestras claras por parte del Ejecutivo de que se emita en breve

CONSIDERANDO que en febrero se instaló en el Senado de la República, por cuarta ocasión en una Legislatura, la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, la cual está bajo la dirección del senador Marco Blásquez del estado de Baja California

CONSIDERANDO que este nuevo gobierno en México podría fortalecer a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, dotándola de personal, equipo y recursos económicos suficientes para poder realizar investigaciones a fondo que frenen la impunidad y lleve a la cárcel a los responsables de los crímenes y secuestros y desapariciones de comunicadores, tomando en cuenta que 95% de los casos de asesinatos contra periodistas en los últimos diez años permanecen sin resolverse

CONSIDERANDO que hace casi dos años se creó un mecanismo de protección para los periodistas, que permite atender amenazas graves, con base en la Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y los Periodistas, pero en realidad su acción ha sido tímida y poco eficiente frente al desplazamiento de periodistas, a las amenazas y a la atención de las familias.

CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”

LA ASAMBLEA DE LA SIP RESUELVE

exhortar al gobierno mexicano a que, sin mayor demora, cumpla su compromiso de emitir la ley reglamentaria del artículo 73 constitucional que permitirá aplicar la modificación que federaliza los delitos contra la libertad de expresión, incluyendo en dicha normativa los estándares internacionales en la materia y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de protección a los Derechos Humanos

exhortar a los integrantes de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República, a que lleve a cabo un trabajo eficaz y comprometido para mejorar de manera integral las leyes que permitan sancionar los ataques a periodistas, se cuestione a las autoridades que no cumplen con su tarea y se dote de recursos suficientes a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión

demandar al procurador General de la República que fortalezca a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión con equipo, personal y recursos económicos suficientes para que atiende la mayor cantidad de casos cometidos en los últimos 26 años contra la libertad de expresión

urgir al presidente Enrique Peña Nieto a que la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores atienda de forma sería y de fondo las resoluciones de la CIDH sobre crímenes contra periodistas, y que también materialice de forma plena, con total voluntad el mecanismo de protección a periodistas

exhortar al presidente Enrique Peña Nieto a que, en el marco del Pacto por México, y dentro de las acciones y programas que ha diseñado e implementado para prevenir la violencia y combatir la inseguridad, se incluya la protección de la libertad de expresión como un derecho esencial de la democracia y a los periodistas, implementando las políticas públicas necesarias para ello y de manera especial se combata la impunidad, resolviendo los crímenes y desaparición de periodistas cometidos en los últimos 25 años.

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