Conclusiones

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66ª Asamblea General

Mérida, Yucatán, México

5 al 9 de noviembre de 2010

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Las amenazas, la intimidación y los ataques letales de parte del crimen organizado, que han cobrado la vida de 14 periodistas en este semestre, son los temas que prevalecieron en la agenda de la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida, Yucatán, México. Más de 575 miembros de la SIP de todo el hemisferio también protagonizaron discusiones intensas en relación a Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina, donde los gobiernos están recurriendo a medidas anti-democráticas para reprimir a los medios de comunicación independientes y colocar el flujo de informaciones y noticias en las manos de entidades controladas por el estado.


El presidente mexicano, Felipe Calderón, durante un discurso pronunciado ante los delegados de la SIP el lunes, destacó el incansable compromiso de su gobierno por la derrota de los carteles de la droga. Siete de los periodistas asesinados este semestre perecieron en actos de violencia relacionados a los carteles del narcotráfico en México, mientras que otros cinco fueron asesinados en Honduras, a donde los carteles han ido en busca de santuarios para el transporte de drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos.


Dos periodistas más fueron asesinados en Brasil.


Las palabras de Calderón resaltaron las medidas que su gobierno ha tomado en respuesta a los esfuerzos largamente sostenidos por la SIP para crear consenso por la federalización de los crímenes y ataques contra periodistas. Estas incluyen el nombramiento de un fiscal especial para esos crímenes, pero el informe final de la SIP sobre México hace notar que un clima de impunidad sigue existiendo en esa nación y, hasta la fecha, el gobierno ha puesto en evidencia su falta de voluntad política para investigar y enjuiciar a aquellos que atacan a los periodistas. La SIP ha solicitado a Calderón que reabra las investigaciones de 27 casos de crímenes contra periodistas que permanecen sin resolver.


Mientras tanto, en Perú, el Tribunal Supremo ha creado una jurisdicción especial para procesar los crímenes contra periodistas, tal como lo hace con los narcotraficantes y los terroristas.


Algunos avances, sin embargo, no logran ocultar abusos continuados. A lo largo y ancho de las Américas existen esfuerzos renovados para imponer disposiciones legales destinadas a "regular" el funcionamiento de los medios de comunicación. Aunque se expresan a menudo en términos altisonantes, son intentos evidentes para controlar y limitar el libre flujo de información.



En Argentina una campaña oficial contra la prensa ha incluido insultos e intentos por penalizar a los directores de medios y periodistas, así como el acoso administrativo y judicial contra los medios independientes. Las regulaciones están diseñadas para ejercer el control estatal del papel periódico, las licencias de radiodifusión y el contenido audiovisual, así como para cancelar arbitrariamente licencias para la prestación de servicios de Internet.


En Bolivia una ley con las mejores intenciones para impedir el racismo y la discriminación, limita, de hecho la libertad de prensa. Otros países de América Latina, como Brasil, Ecuador y Uruguay están también considerando leyes para regular los medios de comunicación a través del llamado control social, que en realidad ofrece a los gobiernos instrumentos para estrangular a los medios de comunicación.



En Estados Unidos, el gobierno de Obama ha procesado más casos de filtración de información que cualquier otra administración en la historia de EEUU. Al mismo tiempo, la ley escudo federal ha sido aprobada por la Cámara, pero sigue paralizada en el Senado y parece destinada a morir.


En Cuba, pese a la muy publicitada excarcelación de 18 prisioneros políticos que fueron forzados al destierro por parte del gobierno, permanece como una nación totalmente bajo las garras de una dictadura que se ha sostenido en el poder por más de medio siglo. Al menos ocho periodistas independientes siguen encarcelados junto a otros prisioneros políticos cuyo único crimen es oponerse al régimen de los hermanos Castro.


Otros abusos frecuentes incluyen el acoso judicial y la utilización de la publicidad oficial como herramienta para premiar y castigar a los medios, una práctica común en países tan diversos como Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, entre otros. En muchos países continúa la tendencia de que el gobierno compre los medios de comunicación o funde otros para sus propios intereses políticos.



Junto con la intolerancia de los gobiernos, el enemigo común contra el Estado, la prensa y la sociedad en general, es el crimen organizado, que ha sido identificado como el autor de graves abusos contra la prensa. Los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, respectivamente, coincidieron en este aspecto en sus palabras ante la Asamblea General.



Tomando en cuenta esta problemática, la Sociedad Interamericana de Prensa, en su afán por redoblar sus esfuerzos para mantener los principios democráticos y el derecho del pueblo a saber, ha declarado el 2011 Año de la Libertad de Expresión.

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