Honduras

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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Se mantiene un clima inadecuado para el ejercicio de la libertad de prensa, especialmente por limitaciones legales que impiden un acceso satisfactorio a la información pública. Persisten elevados índices de impunidad en los casos que involucran la muerte o atentados contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación, incluyendo, cada día con más frecuencia, ataques por medios electrónicos y redes sociales.

Aun no se derogan en el país figuras penales que criminalizan y castigan las expresiones críticas referidas a funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público, situación que también afecta a profesionales de la comunicación y ciudadanos en general. Estas incluyen leyes penales para actos constitutivos de calumnia, injuria y difamación.

También se mantiene vigente la reforma al Código Penal, específicamente el artículo 335-B (por adición) que contraviene principios universalmente aceptados en materia de libertad de expresión. En la última Asamblea de la SIP se aprobó resolución mediante la cual solicitaba al Gobierno de Honduras derogar dicha reforma, lo cual a esta fecha no ha ocurrido.

Se mantienen vigentes leyes que restringen de manera ilegítima del acceso a la información pública, incluyendo la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia Nacional, las cuales contienen disposiciones contrarias a los principios de libertad de prensa y de acceso a la información pública y con base en las cuales, inclusive, ya se emitieron sentencias de parte de la Corte Suprema de Justicia para negar acceso a fuentes de información pública.

Estas normas denotan una clara tendencia del Estado de limitar el acceso a la información pública y de restringir la labor periodística.

En julio, el Colegio de Periodistas de Honduras exigió al Ministerio Publico que procediera contra las personas que ejercían el periodismo de manera "ilegal" y pidió además que se les acusara por el delito de "usurpación de funciones" contemplado en el artículo 293 del Código Penal. Por ahora, el ente acusador no ha interpuesto acción alguna, pero la petición representa un peligro eminente a la libertad de expresión.

Casos relevantes:

El 15 de junio fue asesinado de varios disparos el comunicador Víctor Fúnez en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. Laboraba para Canal 45 y dirigía el programa "Informe Nocturno".

El 24 de agosto, el director del diario El Libertador, Johny José Lagos, y su esposa sufrieron un atentado en Tegucigalpa. Su esposa resultó herida.

El 13 de septiembre fue asesinado de varios disparos el periodista Carlos William Flores, quien trabajaba para Canal 22 en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.

El 4 de octubre, el comunicador Osmin Antonio España sufrió un atentado en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Falleció al día siguiente como consecuencia de un disparo en la cabeza. Dirigía el programa televisivo humorístico y sátira política "El Show del Príncipe".

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