La democracia ha sufrido un grave quebrantamiento a lo largo de los 10 años que Daniel Ortega lleva en el poder desde enero de 2007. La libertad de prensa fue severamente restringida mediante la monopolización oficialista de medios de comunicación, la presión sobre los pocos medios independientes y el cierre de los accesos a todas las fuentes de información del gobierno.
Todos los poderes del Estado fueron subordinados al Poder Ejecutivo.
La seguridad jurídica fue sustituida por un poder dictatorial y discrecional que reconoce, reparte o niega derechos constitucionales.
Ya no hubo más elecciones libres y limpias. Ya no existe el principio y norma de la alternabilidad democrática, mientras que el Ejército y la Policía fueron obligados a "regresar a sus orígenes sandinistas".
Los gobiernos municipales y las universidades públicas perdieron su autonomía constitucional.
La oposición fue dividida y devastada y una buena parte de ella ilegalizada y excluida.
Las organizaciones de la sociedad civil fueron privadas de la cooperación externa —por presión del Estado a los cooperantes—, acosadas y debilitadas.
La Educación perdió su carácter nacional y su sentido humanista y científico para convertirse en un medio de adoctrinamiento de los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes.
El agravamiento de la libertad de prensa en este período se vio reflejado por los siguientes hechos:
La Ley de Acceso a la Información se ha reducido a letra muerta, pues no se cumple en lo más mínimo. Ninguno de los poderes estatales ni los entes autónomos dan información a los medios independientes. Los periodistas independientes son impedidos de entrar a las conferencias de prensa y otros actos gubernamentales, así sea para aquellos en los que se anuncian medidas preventivas de catástrofes, actos para celebrar las fiestas patrias o inauguraciones de obras públicas.
Existe un control de la mayor parte de los medios de comunicación, a través de un duopolio en la televisión y la radio. Solo existe un canal abierto y unos dos canales por cable que no son controlados o neutralizados por el gobierno o la familia presidencial.
Los entes autónomos o las empresas en las que el Gobierno gerencia, no asignan publicidad a medios independientes, salvo pequeños anuncios que publican para licitaciones en conjunto con instituciones financieras multilaterales.
Otros hechos importantes:
El 3 de abril el programa radial Onda Local, que se transmitía en Radio La Primerísima, fue cerrado por la dirección de la misma radioemisora. Onda Local inició sus transmisiones en el año 2000, estuvo al aire 17 años como espacio independiente para informar y generar debate en torno de problemáticas municipales desde la perspectiva de sus actores. La decisión habría sido influenciada por el gobierno.
El 16 de mayo La Prensa publicó declaraciones del secretario general administrativo del Poder Judicial, Berman Martínez. En represalia, la Corte impidió a la periodista Martha Vásquez Larios de La Prensa entrar al complejo judicial. Un magistrado y el vocero del Poder Judicial dijeron que el diario tiene una campaña difamatoria y misógina contra la presidenta de ese poder, Alba Luz Ramos, que tienen el derecho a defenderse y que no pueden "dar facilidades para que nos entierren el puñal en nuestra propia casa".
Para las celebraciones de las fiestas patrias, el personal de seguridad interna del Ministerio de Educación impidió que el equipo de La Prensa realizara entrevistas a las autoridades y se le negó la nota de prensa que entregaron a otros medios.
El diputado Mario Valle del partido oficialista FSLN, amenazó a la periodista de La Prensa Lucía Navas, cuando esta le preguntó por qué en la reforma al presupuesto de 2017 se le asignaron 300,000 córdobas (unos US$ 10,000) a la universidad privada Universidad de Managua de la que él es presidente y su esposa, rectora. "¿Usted es agente de la CIA?" "¿Cuánto le paga la Embajada?" "Usted está grabando y no ha pedido permiso" vociferó el diputado y que si la periodista fuera hombre le daría una respuesta distinta.
El jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), diputado Edwin Castro, justificó los fondos diciendo que no eran para la universidad, sino para transmitir por televisión el programa La Liga del Saber, en el cual se hace propaganda al Gobierno.
