Uruguay

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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Ha comenzado una tendencia entre autoridades de gobierno a formular denuncias penales por presuntos delitos de difamación e injurias para intentar callar a los medios de comunicación.

Una denuncia contra el diario El Observador y dos contra el diario El País por una misma información marcaron la tónica, que fue calificada por el ex presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP Claudio Paolillo como un intento de "judicialización del periodismo".

Esta escalada judicial se inició con la aparición de un libro sobre el entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic, titulado "Sendic. La carrera del hijo pródigo", de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, donde se denuncian graves irregularidades sobre él y su entorno mientras estuvo al frente de la empresa estatal petrolera Ancap. "La gota colmó el vaso", dijo Sendic, y agregó: "Hace mucho tiempo que vengo soportando una campaña feroz contra mí y no me callo más. En Uruguay se ha instalado un relato en determinados sectores del periodismo que buscan liquidar la honorabilidad de las personas, sin tener el mínimo sustento de nada (...)" Agregó que Madrid y Ruggiero tienen "una forma de actuar despreciable". Y "ellas van a tener que llevar sus dudas y sobre todo sus pruebas a la justicia penal y a la justicia civil. Van a tener que responder con su patrimonio".

Sendic incluyó a los periodistas como parte de una conspiración internacional. "Son operaciones que no se crean acá, sino en Atlanta (Estados Unidos)... Se usa un sector de la prensa, a veces un sector de la Justicia y de partidos políticos para manipular la opinión pública con el fin de desestabilizar a otros sectores políticos".

En junio, el semanario Búsqueda publicó información obtenida a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, sobre gastos realizados por Sendic con la tarjeta corporativa de Ancap para compras personales en tiendas de ropa, joyerías, mueblerías, supermercados. Sendic rechazó las acusaciones, pero renunció a la Vicepresidencia presionado por su propio partido, por manejos "inaceptables" de dineros públicos. Ahora está a disposición de la justicia penal.

El 25 de marzo, el diario El País publicó una información sobre una empresa que compró un inmueble en US$ 750.000 y dos días después lo vendió como único oferente a la Intendencia de Montevideo en una licitación en US$ 1.490.000. Una ganancia de 740 mil dólares en 48 horas.

La operación fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República. El Intendente dejó sin efecto el negocio, pero se instó desde el oficialista partido Frente Amplio a crear una comisión para investigar por qué esa información fue difundida por el diario "con el propósito de lesionar la gestión de gobierno".

El 26 de mayo, Hernán Melino, asesor del intendente municipal de Montevideo Daniel Martínez, reclamó al director periodístico del diario El País, Martín Aguirre, por el tratamiento informativo que el periódico le da a la información municipal. Dijo no estar conforme con la manera que se trató la potencial enajenación de un parque de la ciudad donde tiene su cancha el Club Atlético Fénix, de la Primera División del fútbol, así como con la información referida al déficit municipal (unos 100 millones de dólares de déficit). Criticó el trabajo específico de varios periodistas del matutino y sugirió cómo tratar algunas noticias.

El 3 de agosto, la presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, presentó una demanda contra el periodista de El Observador Gabriel Pereyra por una columna de opinión: "¡Hola Susana!, ni los buitres se salvan en sus hospitales", donde se denuncian una serie de irregularidades. La audiencia se realizó el 15 de agosto. Pereyra dijo que no tuvo ánimo de difamar. La "exceptio veritatis" y real malicia no se mencionaron.

El 15 de agosto, el diario El País fue notificado de una demanda, por difamación e injurias, presentada por José Coya, expresidente y sucesor de Raúl Sendic al frente de Ancap. El demandado es el periodista Daniel Isgleas, por una nota titulada "Coya adjudicó una obra de US$ 64 millones sin pasar por Directorio", y el diario El País, por el editorial "El despeñadero interminable". Washington Beltrán, director del diario y autor del editorial, asumió la autoría. Tanto la información como el editorial se fundamentan en declaraciones del diputado nacional Pablo Abdala, que ratificó sus dichos en sede judicial. Aún falta una segunda audiencia para escuchar a las partes.

El 7 se septiembre, la jueza de Cerro Largo, Mariela Tejera, condenó al canal 12 de Melo (Cerro Largo) a pagar una multa de US$ 350.000 por una violación del derecho a la privacidad de dos menores de edad que fueron entrevistados en un informe emitido hace un año. Se trata del monto máximo que prevé la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en su artículo 182.

El caso llegó a la jueza Tejera a raíz de una denuncia realizada por el INAU, por entender que el medio de comunicación violó las disposiciones del artículo 31 de dicha ley, que refiere al derecho y privacidad de niños y adolescentes. El hecho ocurrió el 3 de octubre de 2016. Bajo el título "Declara en la sede judicial un hombre acusado por su esposa de abuso sexual a su hijo", el canal departamental difundió una entrevista a una madre y su hijo, presunta víctima de abuso sexual. La nota periodística fue realizada en la puerta del juzgado a pedido de la madre, que llamó al canal y pidió que su hijo hiciera declaraciones.

La entrevista fue editada: los rostros del niño de 12 años y de su hermana de nueve fueron difuminados (no pixelados) y se brindaron direcciones falsas. La sentencia fue apelada.

La severa multa puede provocar su desaparición, en caso de que se decida su aplicación.

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