El conflicto político, el autoritarismo del gobierno y las continuas agresiones a las libertades de expresión y de prensa quedaron en mayor evidencia desde que estalló la crisis social el 18 de abril. Lo que fue el inicio de una protesta por una reforma al seguro social, derivó en una de las mayores crisis políticas de la región, tras la brutal represión ordenada por el presidente Daniel Ortega a través de fuerzas policiales y paraestatales.
Las protestas y la represión continúan a diario en todas las regiones del país.
El informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) del 23 de septiembre, reporta 512 muertos, 4,062 heridos, 103 lesionados graves con daño permanente, 1,428 secuestrados o desaparecidos por grupos armados no autorizados (parapoliciales), de los cuales solo han aparecido 123 personas que denunciaron haber sido torturadas. Todas estas violaciones a los derechos humanos han sido documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Esta crisis tiene su origen en la erosión progresiva de las instituciones democráticas desde que el presidente Daniel Ortega tomó el poder en enero de 2007. Todos los poderes e instituciones del Estado son controlados por el Poder Ejecutivo.
El diálogo nacional, convocado al comienzo de la crisis con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua no tuvo resultados positivos. A la represión inicial, le siguió una "cacería" de los manifestantes, a quienes se les acusa de terrorismo y crimen organizado en juicios sumarios y secretos, a través de jueces al servicio del régimen político.
En esos juicios no se ha permitido la presencia de los medios de comunicación independientes. El presidente Ortega acusó a la empresa privada de "terrorismo económico" por demandar diálogo. Los mayores obstáculos a la cobertura de los medios independientes los han impuesto los jueces Henry Morales Olivares, de Managua; Karen Chavarría, de la misma circunscripción, y Ernesto Rodríguez Mejía, quien tuvo a cargo el juicio por el asesinato del periodista Ángel Gahona López, ocurrido el 21 de abril.
Tanto el Consejo permanente de la OEA como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han condenado al Gobierno y le han solicitado que regrese al diálogo como único medio de resolver la crisis.
La economía, que crecería en 2018 un 4.5%, proyecta un decrecimiento del 1 al 4%. Se han perdido más 300,000 empleos, el turismo está casi en cero y las inversiones, tanto nacionales como internacionales, se han paralizado, así como la construcción. Muchos comercios han cerrado o están semiparalizados.
La libertad de prensa se halla bajo un claro acoso, según lo pudo comprobar una misión conjunta de la SIP y Reporteros sin Fronteras que visitó el país del 13 al 15 de agosto.
El informe de la misión destacó que las prácticas de agresión en contra de los periodistas independientes, en especial en el interior del país, se han manifestado a través de amenazas, persecución, intimidación y campañas de difamación.
Entre esos casos, destacan el incendio el 22 de abril de las instalaciones de Radio Darío, en la ciudad de León, con todo su personal en el interior, y el asesinato del periodista Ángel Gahona López, en Bluefields. Por este asesinato fueron acusados y condenados dos jóvenes que se encontraban cerca del incidente, pero la familia de Gahona López y los acusados niegan que sean los autores del asesinato. El juicio, en el que fueron condenados, se realizó sin la presencia de periodistas, contario a la ley que manda que los juicios sean públicos.
Además, varios periodistas de Bluefields, entre ellos Ileana Lacayo, Sergio León, Migueliuth Sandoval, viuda de Gahona López, fueron señalados en las redes sociales como los autores intelectuales del asesinato del periodista, lo cual desnuda una de las formas de difamación con las que actúa el régimen.
Como resultado de la visita a Managua, la SIP distribuyó una proclama de apoyo a Nicaragua publicada en numerosos medios de la región. También, en conjunto con las organizaciones IFEX-ALC y AMARC, envió un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que sea considerado en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre derechos humanos.
Otros hechos relevantes:
TELCOR, el ente regulador del espectro de radio y televisión, sacó del aire a los canales 12, 23, 51 (Canal de la Iglesia Católica) y al canal 15 (100% Noticias), Telenorte en la ciudad de Estelí y otros medios televisivos.
El 30 de mayo se produjo un ataque violento contra las instalaciones de la televisora 100% Noticias.
Las instalaciones de los medios oficiales La Nueva Radio Ya y Radio Nicaragua fueron incendiadas.
Los grupos parapoliciales, junto con las llamadas "turbas sandinistas", no solo reprimen, sino, también roban.
En el primer plantón contra las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el 18 de abril, el fotógrafo de la AFP, Alfredo Zúñiga, resultó con varias heridas en la cabeza y le robaron su cámara.
El 20 de abril, turbas orteguistas ingresaron a la Catedral de Managua para agredir a los jóvenes que se encontraban resguardados. El fotógrafo Uriel Molina, de La Prensa, daba cobertura a los hechos cuando fue golpeado y asaltado por las turbas. Le robaron su equipo de trabajo, valorado en más de 4,000 dólares.
Poco después del asesinato de Gahona López, el periodista estadounidense Tim Rogers, del canal digital estadounidense Fusion, decidió abandonar Nicaragua en medio de amenazas de personas afines al gobierno, que lo acusaban de pertenecer a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
El 18 de junio, el periodista Eduardo Montenegro, dueño de una radio y de dos canales de televisión en Matagalpa, al norte del país, presentó una denuncia ante la SIP. Dijo que las amenazas contra él y miembros de su familia se intensificaron durante mayo. "Recibimos numerosas llamadas en las que amenazaban de muerte y con quemar las instalaciones del canal y la radio Notimat, si continuábamos la cobertura de las protestas", aseguró el periodista.
El 19 de junio, mientras cubrían el violento ataque de policías y parapoliciales (turbas) contra un tranque en la rotonda de Ticuantepe, los periodistas de 100% Noticias y Canal 12 fueron encañonados con fusiles AK, amenazados de muerte y despojados de sus equipos de prensa y pertenencias personales. Esa misma mañana el equipo de La Prensa escapó de disparos realizados por la misma fuerza, refugiándose en una casa particular.
El 24 de junio, Mynor García, corresponsal de La Prensa en Jinotepe, departamento de Carazo, al sur de la capital, fue asediado en su residencia por partidarios del presidente Ortega que le lanzaron piedras y lo amenazaron con machetes, hasta que recibió protección de algunos vecinos.
Los periodistas William Aragón, Sara Ruiz y Roberto Mora, corresponsales de La Prensa en Madriz, Jinotega y Estelí respectivamente, han sido víctimas de amenazas de muerte, persecución, difamación en las redes sociales y robo por grupos afines al Gobierno.
El 28 de junio, Tania Narváez, corresponsal en Carazo de El Nuevo Diario, tuvo que salir de su casa con sus dos hijos y su esposo porque vecinos la alertaron de que una persona había llegado a tomar fotos de la casa. Desde entonces la acosan con llamadas telefónicas y mensajes de texto insultantes y amenazas de muerte y violación. Narváez presentó una denuncia por acoso y amenazas. Desde abril, a través de perfiles falsos en Facebook, la acusan de golpista, derechista y revoltosa.
El 4 de julio, el periodista William Aragón, corresponsal de La Prensa en el departamento de Madriz, alertó que la Fiscalía departamental le estaba preparando un expediente para acusarlo judicialmente.
Las amenazas y persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas se han convertido en una "cacería de brujas", dirigida por el gobierno. Las periodistas Adelayda Sánchez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gabriela Castro e Ileana Lacayo abandonaron sus residencias debido a amenazas.
Varios ataques cibernéticos fueron lanzados contra los portales de Confidencial y La Prensa.
Los periodistas de Canal 10 y su jefe de Prensa, Mauricio Madrigal, amenazaron con renunciar en grupo si no se les dejaba informar sobre la crisis. El Gobierno pretendió controlar la política informativa del canal a través de un emisario, pero fue rechazado por los trabajadores y el gerente del canal, Carlos Pastora, se debió asilar en la Embajada de Honduras. Este canal, propiedad de Ángel Gonzalez y su noticiero Acción 10, que antes de las protestas cívicas del 18 de abril se había especializado solo en la nota roja y había suspendido sus emisiones durante las primeras 48 horas del conflicto.
El 9 de julio, el periodista Uriel Velásquez y el fotógrafo Oscar Sánchez, de El Nuevo Diario, fueron golpeados por turbas y civiles armados encapuchados pro gobierno, mientras cubrían la visita de los obispos de la Conferencia Episcopal a la Basílica Menor San Sebastián, en Diriamba, Carazo. También fueron golpeados obispos y sacerdotes, quienes habían llegado a rescatar a personas refugiadas en el templo desde la noche anterior.
El 25 de julio, personas encapuchadas y armadas proyectaron en la pared del edificio de El Nuevo Diario, desde camionetas estacionadas, mensajes en los que se leía: "Justicia para las víctimas del terrorismo golpista". Horas después, en las redes sociales de los canales del gobierno publicaron fotografías del evento con el título: "El Nuevo Diario es cómplice de los golpistas y terroristas".
Radio Corporación y Radio El Pensamiento, de Allan Teffel, recibieron amenazas de invasión a los terrenos donde se encuentra su antena.
Además de los daños materiales sufridos por Radio Darío, que se calculan en $450,000 dólares, los medios y periodistas han sufrido robo de equipos por una suma estimada en $146,000 dólares. Entre esos agravios destacan las tres cámaras robadas a 100% Noticias, dos a La Prensa, dos a Canal 12, dos cámaras y una computadora a la agencia Reuter, una cámara a Confidencial, una a Canal 23 y una a Canal 10. Además, el robo de un lente profesional de la cámara del fotógrafo Oscar Sánchez, de El Nuevo Diario; el robo de la cámara, grabadora y dos mil dólares a la periodista alemana Sandra Weiss; el robo de una mochila y equipos a un periodista francés y una cámara a un fotorreportero de agencia.
Tanto El Nuevo Diario como La Prensa han sido víctimas de retención de materiales, como papel, tinta y otros insumos, por la Dirección General de Aduanas (DGA), pese a que pagaron a tiempo los impuestos.
El 12 de agosto el periodista Eliud Garmendia Flores, de El Nuevo Diario, fue detenido e interrogado por policías encapuchados en la zona de la Universidad Politécnica (Upoli). El periodista denunció que desde mayo es acosado por gente afín al gobierno, en redes sociales y de turbas motorizadas que en dos ocasiones asediaron su casa tras publicar en redes sociales un video sobre las protestas contra el gobierno.
El 29 de agosto, la periodista Keysi García Pérez y el fotoperiodista Orlando Valenzuela, de El Nuevo Diario, fueron acosados en la entrada de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. Un grupo de simpatizantes sandinistas les gritaron "terroristas", "mentirosos", "manipuladores" y los acusaron de "recibir dinero" de Estados Unidos para publicar "mentiras".
En septiembre, la DGA bloqueó la entrega de materias primas de El Nuevo Diario, lo que también afectó a los periódicos Metro y QHubo que integran el grupo ND Medios. La empresa pagó los impuestos desde el 6 de septiembre, pero hasta el 19 de octubre la DGA todavía tenía retenido el cargamento de tinta negra y planchas térmicas. En julio, la DGA retuvo sin justificación un cargamento de papel y de tinta, lo que obligó a reducir la cantidad de páginas en full color. Un funcionario de Aduana dijo que había una orden "de arriba" de no entregar las importaciones a ciertos medios.
El 16 de septiembre, al concluir la marcha ciudadana "Rescatando la patria" en la rotonda de Cristo Rey, Managua, llegaron turbas del Gobierno a bordo de camionetas y custodiados por la Policía. Los periodistas de El Nuevo Diario, Uriel Velásquez y Nayira Valenzuela, fueron atacados a pedradas por encapuchados. Huyeron y fueron perseguidos por miembros de la turba.
El 2 de octubre, el periodista y documentalista austríaco-estadounidense David Goette-Luciak fue arrestado y expulsado del país en short y descalzo sin el debido proceso.