Puerto Rico

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Informe ante la 74a Asamblea General
19 al 22 de octubre de 2018
Salta, Argentina
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El acceso a la información pública, el acceso del público y la prensa a los procedimientos judiciales, así como los asuntos concernientes al derecho al olvido, han sido los problemas que afectaron a la libertad de prensa en este período.

No existe una ley de transparencia o de producción de datos públicos. Los derechos de acceso a información pública han sido delimitados por el máximo tribunal con algunas ambivalencias o cortapisas. Bajo presión de múltiples grupos, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares propuso un proyecto de ley de transparencia aplicable a todas las ramas de gobierno, que tuvo el respaldo de la prensa y de gremios de periodistas. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero no ha sido discutida en el Senado. El Senado ha propuesto su propia ley de "datos abiertos", que tiene múltiples problemas, y solo se aplica al Poder Ejecutivo. La Cámara, luego de enmiendas sustanciales, aprobó la medida del Senado, pero luego la retiró abruptamente.

Cuatro casos se destacaron en este período.

El Tribunal Supremo resolvió el caso Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, que había sido iniciado por un senador de la minoría contra el gobernador para solicitar información al Gobierno sobre el Plan Fiscal que se tiene que someter a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. El Tribunal decidió en contra del senador y favoreció al Gobierno que argumentaba "privilegio ejecutivo" o "información oficial." Mediante este privilegio, el Gobierno puede reclamar la confidencialidad de comunicaciones entre el gobernador y sus asesores.

En otro caso, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó a la Junta de Supervisión y Administración Financiera solicitándole la entrega de documentos e información. La Junta argumentó que era un organismo federal no sujeto a las leyes de Puerto Rico y rehusó entregar los documentos. El Tribunal de Distrito Federal concluyó que la Junta no tenía inmunidad para reclamaciones como la del CPI y estaba sujeta al derecho de acceso a información pública local.

La organización sin fines de lucro Espacios Abiertos demandó el 23 de julio al director de la Autoridad para las Alianzas Públicos y Privadas, adscrita a la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción, para que entregara una versión en español de las propuestas de recuperación de la isla tras el paso de los huracanes Irma y María. El Gobierno accedió a traducir el documento al español.

Por su parte, en febrero el CPI demandó a la directora del Registro Demográfico por negarse a entregar información pública sobre las muertes luego del huracán María. La organización solicitó certificados de defunción, los permisos de enterramiento y cremación emitidos desde el 18 de septiembre de 2017 hasta la fecha más reciente. En junio un tribunal falló a favor del CPI y de la cadena internacional de noticias CNN en Español, otra de las demandantes, y ordenó al gobierno suministrar la información requerida.

Respecto del llamado derecho al olvido, los tribunales no se han expresado de forma definitiva en cuanto a su procedencia, no obstante, el grupo GFR Media continúa recibiendo múltiples solicitudes de personas que reclaman su derecho.

No existe un derecho general permanente para que la prensa transmita procedimientos judiciales en curso por televisión, radio o internet. Continúa en vigencia el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Requipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación (PECAM), que permite a un juez determinar en qué caso se permite la cobertura digital e inmediata de un proceso.

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