El presidente Lenín Moreno ha iniciado cambios positivos con relación a la prensa y la libertad de expresión, uno de ellos, la revisión a la Ley Orgánica de Comunicación que se debate actualmente en la Asamblea Nacional.
La reforma propone la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom), oficina que sirvió para imponer multas gigantescas con la única intención de intimidar y quebrar a los medios independientes. También se pretende eliminar el concepto de linchamiento mediático y la condición de la comunicación como un servicio publico. Ya fue eliminada la Secretaría de Comunicación de la Presidencia SECOM, institución que utilizó el ex mandatario Rafael Correa para atacar a medios y ciudadanos críticos del gobierno.
El 29 de junio fueron sepultados los cuerpos del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio, asesinados en abril en Colombia por el frente Oliver Sinisterra de las guerrillas Farc.
Las agresiones entre periodistas y políticos siguen latentes. Dos periodistas fueron agredidos en Bélgica, a dónde fueron para cubrir el estilo de vida y el proceso investigativo que mantiene la Justicia ecuatoriana contre el expresidente Correa por el secuestro de Fernando Balda.
Correa demandó penalmente al periodista Ramiro Cueva en la justicia belga, denunciándolo de haberlo golpeado y herido. Finalmente, el 9 de octubre Cueva fue condenado por amenazar al expresidente Correa y a su hija Anne Dominique en la localidad de Lovaina. El tribunal de primera instancia del Bravante Valón, provincia al sur de Bruselas, encontró a Cueva culpable del delito de amenazas. Sin embargo, la pena fue suspendida al no contar con antecedentes penales en ese país.
En relación al secuestro del político Balda, afuera de la Corte Nacional de Justicia en Quito, periodistas de Ecuavisa, CNN, La Posta y Gkillcity, fueron agredidos con palos y piedras.
Iván Rodríguez, corresponsal de Teleamazonas y de la radio La voz del Tomebamba fue amenazado de muerte vía telefónica. El periodista deportivo Gabriel Pacheco Reyes de Radio Águila fue baleado por desconocidos al sur de la ciudad de Guayaquil.
Los portales de PlanV y 4pelagatos, ambos dedicados al periodismo de investigación, continuaron siendo el blanco de ataques cibernéticos, bloqueados por más 18 horas. En otro ataque, la página web La Fuente del periodista Fernando Villavicencio permaneció fuera del aire durante cuatro días luego de publicar un reportaje titulado: "Petrochina: La ruta del dinero", en donde se denunció un esquema de enriquecimiento a través de la intermediación petrolera de empresarios vinculados al ex presidente Correa. Por este motivo, la Fiscalía en septiembre le inició una investigación por falsificación y uso de documento falso de los Papeles de Panamá.
Otros hechos relevantes en este período:
El 13 de abril el presidente Moreno confirmó el asesinato del equipo periodístico de El Comercio y anunció una recompensa por cien mil dólares para obtener información sobre Walter Arizala alias 'Guacho', responsable de esos crímenes.
El 18 de mayo el expresidente Correa retó a tiros al periodista del portal La Posta, Andersson Boscán, tras ser cuestionado por este desde su cuenta de Twitter @AnderssonBoscan, por el dinero que destina el Estado ecuatoriano para pagar su seguridad personal.
El 30 de mayo la revista digital de investigación Plan V fue sacada del aire tras un intenso ataque de denegación de servicios, conocido como DDoS.
El 5 de junio Marco Mauricio Villegas Terán, gerente del hospital de Macas, demandó al periodista Wilson Cabrera, corresponsal de la estación televisiva Teleamazonas en Macas, por graves juicios de valor e información no calificada con el único fin de desprestigiarlo. Exigió veinte mil dolares de indemnización y el pedido de disculpas públicas diarias durante dos meses en Facebook.
El 21 de junio el portal web 4Pelagatos fue sacado del aire tras un ataque cibernético que lo inhabilitó por más de ocho horas. Las últimas noticias publicadas fueron relacionadas al caso del secuestro de Fernando Balda y la implicación del expresidente Correa.
El 5 de julio equipos periodísticos del canal estatal Ecuador TV, Teleamazonas y un periodista comunitario, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (CORAPE) fueron víctimas de agresiones físicas y actos de acoso e intimidación durante una marcha a favor del expresidente Correa.
El 10 de julio el periodista Gustavo Nuñez denunció que fue víctima de agresiones físicas por parte de Juan Villamar Cevallos, alcalde de La Maná, mientras cubría una sesión del Concejo Municipal.
El 17 de julio por tercera ocasión, Twitter suspendió la cuenta de Crudo Ecuador (@CrudoECU) sin dar explicación alguna ni enviar un correo electrónico de notificación. Crudo Ecuador abrió la cuarta cuenta @CrudoEcuador4 pero días después Twitter limitó sus funciones durante 12 horas y le obligó a eliminar un mensaje relacionado al ex presidente Correa.
El 25 de julio las cuentas en Twitter del periodista José Hernández, del portal 4Pelagatos y de la ciber activista 'Shababaty' fueron bloqueadas por publicar sobre el incidente en Bélgica entre el expresidente Correa y el periodista.
El 27 de julio los periodistas del medio digital La Posta, Luis Eduardo Vivanco y Andersson Boscán, denunciaron amenazas en su contra y de sus familiares en la Fiscalía, después de lanzar una campaña de recolección de dinero para ir a Bélgica para seguirle los pasos al ex presidente Correa.
El 1 de agosto la comunicación dejó de ser un servicio público. La Corte Constitucional derogó un paquete de enmiendas a la Carta Magna propuestas en 2015.
El 16 de agosto los periodistas Luis Vivanco y Andersson Boscán del portal digital La Posta denunciaron que fueron víctimas de seguimientos y amenazas de muerte por parte de seguidores del ex mandatario Correa a su arribo a Bruselas.
El 26 de agosto Carla Maldonado, periodista del diario estatal El Telégrafo, denunció ser víctima de una serie de insultos y descalificaciones vertidas en Facebook, aparantemente por haber denunciado que en dos períodos Gabriela Rivadeneira, de Alianza PAIS, al frente de la Asamblea Nacional, habían 44 grupos de hermanos que trabajaban en la función legislativa.
El 21 de septiembre Segundo Cabrera, periodista de Radio Cuenca, fue víctima de agresiones físicas e impedimento de cobertura por parte de partidarios del Movimiento Alternativa Social Independiente (ASI), de Gualaceo (Azuay).
El 2 de octubre diario La Hora y El Universo recibieron una notificación de la Contraloría General del Estado exigiendo el pago de una multa impuesta hace 18 meses en el gobierno del ex presidente Correa, durante la segunda vuelta de la elección en la cual ganó el actual presidente Moreno. La sanción, impuesta el 20 de abril de 2017, se fijó tras la publicación de una nota en el diario argentino Página 12 en la que se hablaba de la situación patrimonial del candidato de la oposición y que los medios independientes no replicaron. Ante esto, la SUPERCOM impuso la multa a los medios que no lo publicaron, al calificar dicha información como de "interés público".
La condición de que la información debe ser de "interés público" aún consta en el proyecto de Ley de Comunicación que se debate en la Asamblea Nacional. Aunque se contempla eliminar las sanciones económicas, el Consejo de Regulación de la información aún tendría la potestad de regular tales contenidos.
El 9 de octubre, el periodista ecuatoriano Ramiro Cueva, director de Ecotel Tv, fue condenado por la justicia de Bélgica por amenazar al ex presidente Correa y a su hija Anne Dominique en la localidad de Lovaina La Nueva, donde reside desde que dejó la Presidencia. El Tribunal de primera instancia del Bravante Valón, provincia al sur de Bruselas, encontró a Cueva culpable del delito de amenazas. Sin embargo, la pena fue suspendida al no contar con antecedentes penales en ese país.
El 19 de octubre, la SUPERCOM notificó a diario La Hora que procedió a calificar y admitir una nueva denuncia, presentada por un ciudadano el 22 de junio en contra de una nota de prensa publicada por la edición regional La Hora en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La denuncia cita artículos tanto de la Ley de Comunicación como del Reglamento sancionatorio de la misma.
