CONSIDERANDO que el Proyecto Impunidad de la SIP acompañó, investigó y aún demanda castigo para los asesinos del periodista radial, blogger, exconcejal y candidato a diputado federal Jeolino Xavier Lopes, el "Jel Lopes", asesinado el 27 de febrero de 2014 en Teixeira de Freitas, Bahía; Ivan Rocha, presentador de la Radio Alvorada AM de Teixeira de Freitas, que desapareció el 22 de abril de 1991, y los hechos nunca fueron aclarados; Reinaldo Coutinho da Silva, ocurrido el 29 de agosto de 1995, en São Gonçalo, Río de Janeiro; Edgar Lopes de Faria, ocurrido el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y José Carlos Mesquita, el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto del Oeste, Rondônia; así como de Luiz Otávio Monteiro, el 29 de diciembre de 1988 en Manaus, Amazonas
CONSIDERANDO que el asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira el 14 de enero de 2018 en Itabuna, Bahía, cumplió 20 años sin que el crimen haya sido completamente esclarecido, ya que no fue identificada la autoría intelectual; que Mozart Brasil fue condenado a 18 años de prisión por la participación en el asesinato, y otro acusado, Marcone Sarmento, fue absuelto; que el acuerdo amistoso entre el gobierno brasileño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prevé la reapertura de casos para castigar a todos los involucrados
CONSIDERANDO que el caso del periodista Aristeu Guida da Silva, del diario Gazeta de São Fidélis, Río de Janeiro, asesinado a tiros el 12 de mayo de 1995, permanece impune y fue aceptado por la CIDH; que en reunión en el marco de la 167ª sesión ordinaria de la CIDH, celebrada el 26 de febrero de 2018, el Estado Brasileño propuso elaborar una cartilla para difusión de informaciones sobre los parámetros interamericanos de protección a periodistas en cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y, como forma de reparación, que la cartilla fuera nombrada "Aristeu Guida"
CONSIDERANDO que en agosto de 2018 el Ministerio Público Federal en São Paulo instauró un procedimiento para investigar la responsabilidad penal de agentes de la dictadura militar por la muerte del periodista Vladimir Herzog, arrestado y torturado en 1975
CONSIDERANDO que, desde el 10 de mayo de 2018 hasta el 4 de octubre de 2018, un estudio de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) halló 70 casos de acoso en medios digitales y 59 agresiones físicas contra periodistas en actividades profesionales relacionadas con las elecciones generales marcadas para el 7 de octubre de 2018
CONSIDERANDO que la Ordenanza nº 300/2018, publicada en el Diario Oficial de la Unión el 4 de septiembre de 2018, incluyó en el Programa de Protección a los Defensores de Derechos Humanos (PPDDH) comunicadores y ambientalistas amenazados por su actuación; que la protección puede ser extendida a cónyuge y familiares con quienes convivan; que la solicitud para ingresar al PPDDH puede presentarse ante el Consejo Deliberativo por la propia persona amenazada, por una organización de la sociedad civil, u otra persona u órgano público
CONSIDERANDO que existen proyectos de ley aún no votados en el Senado y en la Cámara de Diputados para federalizar los crímenes contra comunicadores y ampliar las penas para sus asesinos; entre ellos, un proyecto que prevé que el Incidente de Desplazamiento de Competencia previsto por la Enmienda Constitucional 45/2004, que prevé la federalización de crímenes, pueda ser solicitado también por representantes de estas entidades, y no sólo por la Procuraduría General de la República
CONSIDERANDO que aún no se ha implementado el Observatorio de la Violencia contra Comunicadores propuesto desde 2013/2014; que el Grupo de Trabajo de Comunicación que participa en estas discusiones, integrado por Artículo 19, Sindicato de Periodistas de São Paulo, Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji), Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) y Reporteros sin Fronteras, propuso elaborar un modelo de Plan Operativo Estándar sobre actuación de la policía en casos de violencia contra comunicadores
CONSIDERANDO que Abraji está ejecutando el "Proyecto Tim Lopes", en homenaje al reportero asesinado en 2002 cuando hacía un reportaje en el Complexo do Alemão, en Río de Janeiro; y que, siguiendo el ejemplo de lo que hacía el Proyecto Impunidad / Unidad de Respuesta Rápida de la SIP, siempre que un comunicador es asesinado por su actividad profesional, reporteros viajan al lugar del crimen para identificar las causas y demandar a las autoridades que tomen medidas para evitar que los asesinatos queden impunes
CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que "el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".
LA 74ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Solicitar al Estado de Brasil la investigación y castigo de todos los involucrados en los asesinatos de comunicadores en el ejercicio de la profesión que permanecen sin solución en Brasil, no sólo de los intermediarios sino también de los autores intelectuales
Demandar el cumplimiento del acuerdo amistoso entre el Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira, de Itabuna, Bahía, que prevé la reapertura del caso para identificación y castigo del autor intelectual del crimen; así como en el caso del periodista Aristeu Guida da Silva, asesinado en São Fidélis, Río de Janeiro
Solicitar apoyo para la conformación de un Jurado que juzgue a los acusados por el asesinato del cronista deportivo Valério Luiz de Oliveira
Solicitar un compromiso para aprobar una ley de federalización de los crímenes contra comunicadores asesinados en el ejercicio de la profesión a fin de evitar presión sobre testigos y autoridades locales y en casos de omisión o ineficiencia de las esferas competentes
Solicitar la implantación urgente del Observatorio de la Violencia contra Comunicadores para monitorear, prevenir y actuar en el sentido de evitar la impunidad de los agresores e impulsar la participación de la sociedad civil y de entidades de defensa de derechos en dicho organismo y en el Programa Nacional Protección a Defensores de los Derechos Humanos
Solicitar que se destinen recursos financieros y apoyo para el mantenimiento y ampliación de Programas de Protección a Testigos y de Protección a Defensores de Derechos Humanos en todos los Estados y a escala federal
Solicitar apoyo para la elaboración de un Plan Operativo Estándar sobre actuación de la policía en casos de violencia contra comunicadores, y asegurar la participación de la sociedad civil en este proceso.
