CONSIDERANDO que la SIP ha insistido desde hace dos décadas que los casos de periodistas asesinados y desaparecidos no queden impunes, sin que hasta ahora cuatro administraciones federales hubieran atendido esta petición, y ante la promesa del nuevo gobierno de una justicia real y el ejercicio pleno al derecho a la verdad
CONSIDERANDO que la SIP ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos de Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco y Benjamín Flores González, sin que hasta la fecha el Estado mexicano hubiera atendido ninguna de las resoluciones emitidas por el organismo, permitiendo con su falta de voluntad que estos crímenes permanezcan en la impunidad
CONSIDERANDO que hasta el momento no existen elementos para suponer que los asesinatos de los informadores Javier Rodríguez Valladares y Sergio Martínez González, están ligados con su profesión, pero para tener claridad se requiere de investigaciones profundas y serias en cada caso, que no descarten líneas de investigación, para entonces determinar las razones de su muerte
CONSIDERANDO que el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas está en riesgo de no poder seguir atendiendo a 307 periodistas que están bajo su protección, 70 de ellos desplazados de sus estados de origen
CONSIDERANDO que hay regiones en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo que son las de mayor peligro para ejercer el periodismo; y que existen otras zonas en los estados de Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa y Michoacán en lo que la violencia contra los periodistas está incrementando
CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".
LA 74ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Exigir al Estado mexicano que coloque en las prioridades de su agenda la libertad de expresión cómo un mecanismo indispensable para la democracia y la gobernabilidad, comprometiéndose a impedir que continúen los ataques contra periodistas por cualquiera de los actores o poderes fácticos
Solicitar al nuevo gobierno que asumirá el 1 de diciembre que atienda los casos de Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco y Benjamín Flores González, presentados por la SIP ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Pedir al nuevo gobierno que fortalezca e impulse la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) para que, con recursos, técnicos, económicos y humanos, y un titular con experiencia y determinación, se convierta en un verdadero órgano que frene y revierta la impunidad que impera.
