Panamá

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Informe ante la Reunión de Medio Año, 29 al 31 de marzo de 2019, Cartagena, Colombia
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En este período ha continuado la práctica del uso de procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación como forma de hostigamiento y para generar autocensura.

Se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la injuria y calumnia cuando se cometan a través de medios de comunicación, y aunque ha quedado despenalizada cuando se trata de que la "supuesta víctima" sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, se mantiene vigente para particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios. Además de la despenalización de estos delitos, los gremios periodísticos expresan que deben establecerse límites a las cuantías en las demandas civiles.

En el aspecto positivo y tras una demanda de la Televisora Nacional TVN, la Corte Suprema declaró inconstitucional la veda para la publicación de encuestas de opinión durante el proceso electoral, que prohibía a los medios de comunicación divulgarlas veinte (20) días calendarios antes de las elecciones. La sentencia data de diciembre de 2018 y no fue hasta febrero, dos meses antes de las elecciones, que se hizo pública. El Tribunal Electoral redujo la veda a 48 horas antes de las elecciones.

El 2 de enero, cuando el Presidente debía rendir su informe ante el Legislativo, los predios de la Asamblea Nacional fueron cercados con mallas de ciclón impidiendo el paso de periodistas y medios.

En enero la periodista Ligia Arreaga fue detenida y privada de su libertad por 24 horas por órdenes de la jueza Ulzana Valdez Jurado, durante el intento de dar cobertura a un hecho en la provincia de Chiriquí. Al negarse a entregar su equipo fotográfico fue esposada.

El 17 de marzo en la comunidad de Capira, el periodista Mauricio Valenzuela de la plataforma digital Claramente, fue agredido físicamente y parte de su equipo destruido durante la cobertura de un evento electoral.

Recordando que estamos en medio de un proceso electoral, el movimiento independiente (MOVIN) colocó varias vallas promoviendo la no reelección. El Tribunal Electoral consideró que estas acciones violaban las normas electorales y removieron las vallas, generándose una polémica sobre libertad de expresión.

Sigue pendiente de debate ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley No. 665 "De Protección de Datos personales" que incluye medidas para prevenir la ciberdelincuencia. El Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Ipandetec), exhortó a las autoridades a no aprobar disposiciones que pongan en riesgo los derechos humanos y las libertades.

No ha avanzado la discusión del proyecto de Ley sobre Cibercrimen propuesto por el Ministerio Público, en el que se detectaron varias normas que afectarían el ejercicio del periodismo y la libre utilización de fuentes.

Ha continuado la utilización de los procesos judiciales contra los periodistas y medios como forma de hostigamiento y búsqueda de generar autocensura, en especial por parte del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra detenido y sometido a un proceso judicial en el que se le acusa de escuchas ilegales durante su gobierno.

En representación del ex presidente, los abogados Alma Cortés y Alejandro Pérez han impuesto la modalidad de querellar contra notas editoriales y artículos de opinión. Recientemente presentaron querellas contra los autores de dos artículos de opinión publicados en El Siglo y La Estrella de Panamá, uno por el ciudadano Mariano Mena y el otro por el periodista Alberto Velásquez. Las querellas no se han circunscrito a los columnistas, sino que han incluido a los directivos y todos los editores de ambos diarios. Una de las querellas pretende reclamar la suma de $20 millones de dólares. No obstante, el 29 de marzo, los abogados de Martinelli han presentado un desistimiento en lo relacionado con los editores y directivos.

Sigue pendiente el juicio contra las periodistas Mariela Ledezma y Annette Planells, querelladas penalmente por Martinelli. El monto reclamado por supuesto daño moral asciende a dos millones de dólares.

La Prensa y Mi Diario, ambos propiedad de Corprensa, mantienen 13 demandas civiles, 11 penales, una en la jurisdicción de familia y una en la electoral, cuyas pretensiones ascienden a la suma de $60.1 millones de dólares. Durante el último año se ordenó el archivo provisional de un proceso penal y de 26 denuncias penales presentadas por miembros del partido Cambio Democrático.

El Ministerio Público continúa realizando investigaciones denominadas "New Business", basada en información remitida por la Asamblea de Diputados, pesquisas que atañen a la forma de adquisición del grupo EPASA por sus actuales propietarios. EPASA considera que estas investigaciones buscan intimidar a los diarios Panamá-América y Crítica, debido a las informaciones relacionadas con casos de corrupción que han publicado. Las investigaciones llevan más de año y medio -fueron anunciadas en junio de 2017- pero se desconocen los resultados, lo que afecta el normal funcionamiento de los medios.

Sigue pendiente en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, un proyecto de ley presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación" y establecer mecanismos de control por parte del Estado para "monitorear, advertir y promover" sobre los contenidos de los medios de comunicación.

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