Los familiares de los periodistas de El Comercio asesinados en abril de 2018 en Mataje, en la frontera colombo-ecuatoriana, criticaron la lentitud de las investigaciones por parte de la Fiscalía General y el silencio del gobierno ecuatoriano, al momento de presentarse un nuevo vídeo donde aparecían las víctimas y que se habría enviado como prueba de vida por parte del frente Oliver Sinisterra. La Fiscalía recién está llamando a rendir versión a altos oficiales que tuvieron que ver con la información del secuestro. Una nueva tesis es que Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra murieron en movimiento y no por ajusticiamiento, según revelaciones de la autopsia que publicó el portal web Código Vidrio y El Espectador de Colombia, habrían recibido "varios disparos por el costado izquierdo de sus cuerpos, por la espalda, y en una trayectoria de abajo hacia arriba". Los tres fueron secuestrados el 26 de marzo en la zona de la frontera y habrían sido asesinados el 7 de abril.
Continúa impune el caso del periodista Fausto Valdiviezo, asesinado el 11 de abril de 2013. Recibió tres disparos cuando salía de la casa de su madre. Para el 18 de abril estaba prevista la declaración de 52 testigos; sin embargo, la audiencia falló debido a que solo llegaron cinco testigos. El fiscal sigue investigando los móviles del crimen.
El 10 de mayo se anunció que "ningún funcionario o servidor está autorizado a dar declaraciones a medios o periodistas sobre operativos, investigaciones previas o asuntos de interés institucional o similares." El Protocolo para la Vocería y Entrevistas con los Medios de Comunicación de la Fiscalía establece que la única persona autorizada a hablar con la prensa es la Fiscal General y a quien se designe en cada provincia. Si un funcionario es abordado por un periodista, deberá excusarse de hacer declaraciones.
El 31 de mayo el Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación, sostuvo una reunión con representantes del gobierno, pero no se incluyó a los sectores periodísticos, generando malestar en Fundamedios y la Unión Nacional de Periodistas (UNP).
El 1 de agosto cerró definitivamente la Superintendencia de Comunicación (Supercom), tras seis años de funcionamiento y 1.212 casos contra la prensa. El cierre se había establecido en la reforma a la Ley de Comunicación. El ex titular de esa entidad, Carlos Ochoa, sigue prófugo.
El 17 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo, en el que se pronuncia a favor de El Universo en la demanda presentada contra el Estado derivada de la sentencia ejecutada en Ecuador en 2012 contra los tres directivos del medio, Carlos, César y Nicolás Pérez, y su ex editor de Opinión Emilio Palacio.
El 4 de septiembre, en un dictamen unánime contra la mordaza la Corte Constitucional (CC) revocó dos sentencias de la época del correísmo en contra del diario La Hora. En 2012 el Estado planteó una acción de protección en contra del diario por presuntamente vulnerar el derecho a una información veraz y a la rectificación. El recurso fue aceptado en 2012 y ratificado en 2013 por la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, porque según los magistrados La Hora incumplió con publicar una rectificación del artículo titulado "2012: 71 millones en propaganda", que reproducía información de la Corporación Participación Ciudadana e incomodó al gobierno de Rafael Correa. La CC estableció en su fallo que los jueces que conocieron la acción de protección se equivocaron, puesto que el recurso era improcedente.
En apego a estándares, la Corte Constitucional marcó un paso importante hacia la plena vigencia del derecho a la libre expresión en el país. La sentencia genera jurisprudencia al incluir que el Estado "no es titular de los derechos al honor, a la información veraz y a la rectificación", por lo que no proceden las acciones de protección planteadas por instituciones públicas en contra de particulares por la supuesta vulneración de tales derechos.
En marzo, el asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, presentó el proyecto de Ley Orgánica del Uso Responsable de Redes Sociales que luego fue desestimado. Buscaba regular el odio en dichas plataformas, prohibir la divulgación de noticias falsas o información que no se haya obtenido de fuentes oficiales.
Otros hechos importantes en este período.
El 11 de abril, el gobierno del presidente Lenín Moreno retiró la condición de asilado diplomático al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien por disposición de Correa se refugiaba desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres. Tras la decisión, Assange fue detenido por la policía británica. Moreno explicó que suprimió el derecho de asilo a Assange por "la permanente intromisión política en asuntos internos de otros países" y porque "violó reiteradamente las convenciones de asilo" durante su estancia en la sede diplomática.
El 19 de abril, decenas de trabajadores y ex empleados de los medios incautados: Gamavisión, Cable Visión, América Visión, Súper K 800 y Editorial Uminasa, exigieron el pago de sus sueldos, décimos cuartos y aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El 21 de abril, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), convocó al primer proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias disponibles de servicios de radiodifusión de señal abierta para el funcionamiento de medios de comunicación social privados y comunitarios para las provincias de Santa Elena, Loja, Morona Santiago y Galápagos.
El 28 de junio, el periodista Luis Alvarado estuvo retenido y custodiado por uniformados por al menos una hora por haber tomado fotografías de un operativo policial en las calles 11 y Huancavilca. El reportero contó que al ver que la Policía detenía a dos sujetos, tomó fotos para su registro periodístico y que los gendarmes al percatarse le pidieron su identificación, la cual mostró. Sin embargo, ellos dijeron que lo llevarían ante un fiscal a la Unidad de Flagrancia por presunta "violación a la intimidad".
El 29 de junio, simpatizantes del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez agredieron verbalmente a varios periodistas que se encontraban cubriendo la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la ciudad de Guayaquil.
El 31 de agosto, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, aseguró que el proceso de asignación de frecuencias se iniciaría en los próximos meses y concluirá en el 2020. El primer concurso será en octubre para televisión. Entre finales de noviembre y principios de diciembre será para las estaciones radiales FM, y en enero para las AM.
El 20 de septiembre, Twitter eliminó 1.019 cuentas en Ecuador asociadas al movimiento Alianza PAIS. La red, compuesta por cuentas falsas, se dedicaba a incidir y alterar tendencias de forma fraudulenta, violando la regla de autenticidad de la plataforma.
El 27 de septiembre, los periodistas de los canales RTS, TC televisión y Carchi Noticias 1, fueron violentados por miembros de la Policía, en medio de las protestas sociales en Tulcán. También ese día, manifestantes agredieron a un corresponsal de Teleamazonas durante la cobertura de una protesta anti-minera, en la provincia de Bolívar.
