Las políticas restrictivas van desde bloquear el acceso de periodistas a conferencias de prensa del gobierno, como les ha ocurrido a reporteros de los medios digitales El Faro y Factum; hasta la retención, intimidaciones y amenazas contra un fotoperiodista de El Diario de Hoy por parte de militares del Estado Mayor Presidencial, quienes lo obligaron a borrar las fotografías de la toma de posesión de Bukele el 1 de junio, así como la subsecuente suspensión de toda la publicidad ofical a El Diario de Hoy por denunciar el bloqueo contra los periodistas de El Faro y Factum.
Periodistas y columnistas de medios no han escapado de la estigmatización que generan turbas digitales. A una articulista de El Diario de Hoy le espetaron "ojalá que te violen", por un tuit crítico hacia el gobierno.
El 6 de septiembre, en el lanzamiento del proyecto de la Comisión Investigadora contra la Impunidad (CICIES), se le impidió el ingreso al periodista Gabriel Labrador y al fotoperiodista Víctor Peña, de El Faro, y al periodista de Factum, Fernando Romero. El 11 de septiembre también le negaron el acceso a una conferencia de prensa en Casa Presidencial a otro periodista de El Faro, Rodrigo Baires.
Después del primer incidente, el gobierno defendió la medida asegurando que periodistas de ambos medios habían gritado y se habían comportado de manera inadecuada en anteriores actos. El mismo Bukele escribió con ironía que se estaban haciendo las "víctimas".
Posteriormente se permitió el ingreso a una tercera conferencia de prensa, en la que le pregunta al presidente sobre su relación con préstamos otorgados en 2013 por la firma Alba Petróleos, formada por la venezolana PDV Caribe y varias alcaldías de izquierda y que actualmente es investigada por presunto lavado de dinero.
Edison Lanza, relator especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han cuestionado los hechos y advertido que constituyen actos de "censura previa", prohibidos por el derecho internacional.
El periodista Bryan Avelar, de revista Factum, denunció en junio que un empleado del equipo de oficial de comunicaciones impidió que se apuntara en la lista de preguntas, luego de haberle dicho el nombre del medio para el que trabaja. "Ya no hay espacio", fue la respuesta.
También se le impidió hacer preguntas en la conferencia en la que Bukele anunció la segunda fase del plan de seguridad que impulsa su gobierno, llamado Oportunidades.
El 16 de septiembre, Factum denunció que Avelar estaba recibiendo amenazas y calumnias en redes sociales "desde cuentas afines a la Presidencia de la República" y responsabilizó al gobierno de "fomentar el odio al periodismo independiente".
En junio, la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) publicó en sus cuentas de Facebook y Twitter ataques contra el periodista Fernando Romero de la revista Factum, después de criticar a Rolando Castro, ministro de Trabajo.
Luego de publicar el bloqueo contra los periodistas de El Faro y Factum, el 7 de septiembre el gobierno suspendió varios anuncios que tenía pautados en El Diario de Hoy y sus voceros dijeron que era por la denuncia que habían difundido, lo que generó críticas por esta práctica de censura indirecta y de corrupción al manejo de fondos públicos para intereses del gobierno.
El 1 de junio, durante los actos de toma de posesión de Bukele, miembros del Estado Mayor Presidencial retuvieron al fotoperiodista de El Diario de Hoy, Jorge Reyes, por filmar el momento en que se impidió a una mujer entregar una carta al presidente. Los militares lo amenazaron con encarcelarlo si no borraba las fotos, lo que no sucedió debido a la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, quien pasaba por el lugar.
El periodista denunció el hecho ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
En un programa de un canal nacional, la activista y tuitera Bessy Ríos, después de que pidió al gobierno suspender los ataques y señalamientos contra defensores de derechos humanos, diversas cuentas en Twitter la vincularon con grupos ilícitos y la amenazaron de muerte.
La presentadora del programa Focos, Karen Fernández, recibió amenazas de violencia sexual y fue desacreditada en las redes sociales, después de opinar sobre la estrategia de comunicación del Plan Control Territorial que desarrolla el gobierno de Bukele.
En su cuenta de Twitter, el presidente Bukele replicó que hay periodistas que desinforman con el fin de que fracase el plan de seguridad que impulsa su gobierno. Luego afirmó que "una verdad a medias es peor que mil mentiras", en alusión a un tuit escrito por la periodista Mariana Belloso, de La Prensa Gráfica, que fue inunda por insultos y amenazas. Hasta el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, insultó en Twitter a la periodista y la instó a que se "callara".
Erika Zaldaña, entonces presidenta del Centro de Estudios Jurídicos y columnista de El Diario de Hoy, denunció amenazas en su contra luego de haber comentado un tuit del presidente Bukele respecto a detenciones. "Recibí casi 400 respuestas y la mayoría eran "ojalá te violen a vos", denunció.
En junio, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) confirmó el nombramiento de Javier Portillo como su director ejecutivo. Como ex asesor de la Secretaría de Transparencia fue señalado por defender la secretividad en varios rubros en Casa Presidencial, entre ellos información de viajes, viáticos, gastos de publicidad y auditoría interna de la gestión del ex presidente Mauricio Funes, ahora procesado por el desvío de 351 millones de dólares y nacionalizado nicaragüense. Portillo renunció a su puesto en el IAIP.
Diputados a la Asamblea Legislativa no permitieron el acceso de periodistas a la sesión en la que acordaron pedir una prórroga a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que dio hasta el 13 de julio para que se emitiera una nueva ley de reconciliación.
Dos periodistas de TVO fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando cubrían un hecho de violencia en la colonia La Carmenza, cantón Hato Nuevo en San Miguel.
Fueron hurtados equipos de transmisión y discos duros de computadoras en Radio Bálsamo, emisora comunitaria que promueve la defensa del medio ambiente en la Cordillera de El Bálsamo y zonas aledañas en el departamento de La Libertad.
