Paraguay

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Informe ante la 75 Asamblea General de la SIP

Del 4 al 7 de octubre de 2019

Coral Gables, Florida

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El ejercicio periodístico ha sido afectado en este período por hechos aislados como un proyecto de ley que, si bien pretende la protección de la información personal, podría en la práctica limitar el libre acceso a la información pública. También fue afectada por casos de corrupción que involucran a medios de comunicación y periodistas.

En abril, una investigación de la Fiscalía reveló que el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) había pagado a periodistas para favorecer la imagen del clan Zacarías Irún con dinero de la Municipalidad de Ciudad del Este, de la que era asesor. Un fondo de la comuna se destinaba a 30 periodistas y siete medios de comunicación para fomentar una imagen favorable de la intendenta Sandra McLeod (ANR, cartista) y de su esposo, el senador Zacarías Irún. El dinero municipal también pagó la producción de programas de entretenimiento con fines políticos, uno de ellos conducido por Javier Zacarías McLeod, hijo del senador y la intendenta.

También en abril se hizo pública una lista de siete periodistas que figuraban en la agenda incautada del general Ramón Benítez, exdirector del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada de la Dirección de Aduanas (Detave), imputado, con otros seis funcionarios y un policía, por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y contrabando.

El Detave fue disuelvo debido a que Benítez, su exdirector y excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), lideraba una red de coima y contrabando. Con los nombres de los periodistas en su agenda, estaban consignados detalles de cobro y pago de dinero.

En mayo, la Dirección de Laboratorio Forense del Ministerio Público presentó el resultado de la pericia del celular del periodista Édgar Chilavert, privado de libertad desde octubre de 2018 por una denuncia de abuso sexual de un menor. La denuncia fue realizada con impresos del supuesto intercambio de mensajes con la víctima, sin incluir el celular donde estarían dichos mensajes.

La fiscal admitió como válidos los impresos, sin soporte informático. La pericia forense no encontró elementos que involucren al comunicador en el delito que se le imputa. Ante la falta de pruebas o indicios para incriminarlo, en junio, un abogado solicitó su libertad. Sin embargo, la jueza Hilda Benítez resolvió mantenerlo en prisión preventiva.

Antes de ser presentada la denuncia en su contra, Chilavert, periodista de Radio Aquidabán FM, de Concepción, había expuesto públicamente hechos de corrupción en la venta del puerto de Concepción, realizada por el intendente Alejandro Urbieta con permiso de la Junta Municipal.

En mayo, salió a la luz un intento de soborno a un periodista para silenciar la investigación que estaba realizando sobre el presunto uso indebido de influencias en el contrato de servicios de seguridad para el Instituto de Previsión Social (IPS). El periodista de Abc Color Juan Carlos Lezcano venía publicando una serie de artículos sobre irregularidades en una licitación de 140 mil millones de guaraníes (alrededor de 23 millones de dólares), realizada por el ente estatal en beneficio de la empresa Security Service Tecnology SA.

El periodista fue convocado a la oficina de una productora con quien trabajaba y en la que estaban presentes el senador Dionisio Amarilla (PLRA) y el dueño de SST, Óscar Chamorro Lafarja, ofreciéndole pagar 10 cuotas que adeudaba por su automóvil y trabajo para su novia, a cambio de suspender sus publicaciones.

El reportero documentó todo con su teléfono celular, incluso un sobre con dinero en efectivo. El caso y el dinero (unos 6.450 dólares) fue denunciado y entregado al Ministerio Público.

En junio, la Cámara de Senadores retiró la investidura del legislador Amarilla.

En mayo, senadores cartistas y de Añetete atribuyeron a la influencia de los medios las expulsiones de varios senadores de la ANR. El senador Enrique Riera (ANR, HC) señaló a la prensa como responsable de presionar a la Justicia e instalar en la opinión pública la culpabilidad de los senadores expulsados. En la misma línea, en julio, en el marco de la crisis institucional producida al hacerse pública la firma del acta sobre Itaipú, entre el país y Brasil, el presidente Mario Abdo Benítez, en un acto en el Palacio de López, habló del supuesto daño que la prensa causa a la sociedad manipulando información. El mes anterior partidarios del senador Amarilla (PLRA), expulsado de la Cámara de Senadores, agredieron a periodistas que intentaban entrevistarlo cuando salía del Parlamento. La cronista del SNT, Alejandra Pereira, recibió un puñetazo en la nariz y la cronista de ABC TV Jeannette Cuevas fue sacada a empujones. El cronista de Abc Color Arturo Godoy salió en defensa de las periodistas y recibió escupitajos.

En julio, legisladores del sector "llanista" del partido opositor PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico) presentaron un proyecto de ley "De Protección de Datos Personales". En la práctica, el proyecto limitaría el libre acceso a la información pública. Los artículos 8, 9 y 10 permitirían eliminar datos personales, como los contenidos en las declaraciones juradas de funcionarios públicos. Asimismo, quienes deseen acceder a esa información deberán remitir una solicitud al titular de los datos pidiendo su autorización. Dado que la legislación no diferencia entre ciudadanos privados y funcionarios públicos, podría ser utilizada para limitar el acceso a información sobre los servidores estatales.

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