Este informe fue redactado antes de la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra.
Existieron en este período tres principales frentes de agresión a la libertad de expresión de ciudadanos, medios de comunicación y periodistas: el aparato legislativo, las querellas por difamación y la impunidad judicial.
El Congreso de la República ha intentado afectar la libertad de expresión a través de proyectos de ley, como el que restringe la publicidad estatal en medios privados, obliga a la colegiación obligatoria de periodistas y aumenta las penas de cárcel por difamación.
Las querellas por difamación fueron una herramienta utilizada para acallar a ciudadanos, medios y periodistas, por parte de personas involucradas en casos de corrupción o abusos de poder.
Un proyecto de ley propone ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo actual de tres años a un rango de entre cuatro y siete años. De aprobarse, la difamación sería penada con cárcel en todos los casos. El congresista que ha propuesto este proyecto es el mismo que propuso la colegiación obligatoria. Este proyecto especifica que la pena también se aplicará a casos de difamación en redes sociales, lo que es reiterativo, pues el Código Penal ya establece que la difamación se aplica a medios de comunicación, lo que incluye a redes sociales. La iniciativa ha establecido erróneamente que solo normará sobre difamación en redes sociales, cuando también afectará a los medios.
En paralelo, se ha presentado un proyecto de ley que propone despenalizar los delitos contra el honor, incluso los que se cometerían mediante parodias, sátiras y opinión. Sugiere reemplazar la pena de cárcel por sanciones económicas. Se incluyen también, para casos de difamación, la prueba de la verdad, en la que el infractor quedará exento de sanción si prueba la verdad de sus afirmaciones, o haber hecho lo posible por llegar a ella. Propone procedimientos prejudiciales y judiciales para el derecho de réplica y rectificación, con el fin de aclarar los pasos a seguir.
La agenda legislativa 'anti-prensa' se ha fortalecido en el Congreso en respuesta a las labores de investigación periodística sobre casos de corrupción de Lava Jato y Lava Juez que han derivado en investigaciones fiscales e incluso cárcel para varios prominentes políticos y jueces. En este escenario, el politólogo Alberto Vergara ha considerado que la prensa "mayoritariamente se ha jugado por el Estado de derecho en una forma que, confieso, nunca pensé vería en el Perú" (El Comercio, 2019). En represalia, se presentaron proyectos de ley con el objetivo de amordazar a los periodistas, que luego fueron neutralizados.
Uno de ellos fue un proyecto de ley para prohibir que directores periodísticos, editores, productores, gerentes generales, accionistas u otros cargos similares ejerzan sus funciones en un medio si tenían una sentencia firme por corrupción en perjuicio del Estado.
La propuesta de ley de publicidad estatal sigue encaminada. Luego de que el Tribunal Constitucional concluyera que la propuesta inicial, que prohibía la publicidad estatal en medios privados, era inconstitucional, se trabajó otro dictamen de ley que finalmente fue aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso en mayo del 2019 y que ya no prohíbe la publicidad estatal en medios privados. En el dictamen actual, se reconocen dos puntos principales favorables a la libertad de expresión: se priorizan los medios privados como receptores de publicidad estatal y se reconoce en el objeto de la ley "el derecho del ciudadano a ser informado".
Se establecen condiciones para que la contratación de publicidad estatal responda a necesidades concretas y se dirija a medios según su alcance y público objetivo. Sin embargo, quedan dudas respecto de la obligatoriedad de los medios de tener una autorización vigente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones –pues esto puede ser utilizado como amedrentamiento– y que aquellos que tengan deudas con el Estado no puedan ser elegidos para contratar publicidad estatal.
En septiembre la Comisión de Fiscalización del Congreso creó un grupo para investigar a las encuestadoras locales. Las pesquisas durarán sesenta días y versarán sobre "la metodología y las acciones" de las encuestadoras y "posibles casos de manipulación propagandística". Uno de los miembros de esa comisión, el congresista fujimorista Héctor Becerril, señaló que las encuestas "no están sujetas a regulación alguna". Esto se da luego de que en diversas encuestas se reflejó la baja aprobación del Congreso (por debajo de 10%) y la alta aprobación por el adelanto de elecciones propuestas por el presidente Martín Vizcarra.
En materia de transparencia y acceso a la información pública, desde finales del 2018 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha impulsado la creación y formación de varias entidades como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la última instancia a nivel nacional. En 2018 se presentaron los tres vocales de la Primera Sala del Tribunal, y a mediados de 2019 se inició la selección de vocales de la Segunda Sala.
En este período también se han registrado numerosos casos de amedrentamiento contra periodistas y medios.
Los medios Ribereña Radio, Últimas Noticias y La Mega denunciaron que funcionarios municipales del distrito de Guadalupe, en la región norteña de La Libertad, impidieron en enero su ingreso a las sesiones de concejo. Los únicos periodistas permitidos son aquellos de la oficina de imagen institucional de la municipalidad.
En marzo una secretaria de juzgado querelló por difamación a la periodista Rosa Chambergo (Expresión) luego de que ésta publicara que habría una presunta falsificación de documentos para que el hijo de la secretaria obtuviera una nueva identidad.
En abril, una jueza de la ciudad norteña de Piura condenó al periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y a pagar S/.80,000 de reparación civil (unos US$25,000) al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, que lo había demandado de manera personal por supuesta difamación agravada por unas afirmaciones hechas por el periodista en un artículo y en una entrevista en enero de 2018, de acuerdo al propio arzobispo. Eguren luego desistió de la querella contra Salinas. Previamente, Salinas y la también periodista Paola Ugaz publicaron el libro Mitad monjes, mitad soldados (2015) en el que investigaron abusos sexuales en el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, al que Eguren pertenece, aunque el arzobispo ha señalado que este libro no forma parte de la querella.
En abril, el Poder Judicial admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez contra los periodistas Oscar Castilla (Ojo-Público.com) y Edmundo Cruz (La República) y dispuso el embargo preventivo de los bienes de ambos medios. Los periodistas han investigado la relación de Arévalo, alias 'Eteco', con el narcotráfico, utilizando fuentes contrastadas, entre ellas la de la Drug Enforcement Administration de EE.UU. (DEA). Otros periodistas incluidos en la demanda son César Hildebrandt, Eloy Marchan, Américo Zambrano (Hildebrandt en sus trece); Gustavo Mohme (La República); Marco Zileri y César Pardo (Caretas); y Miguel Ramírez (El Comercio). En mayo, el Poder Judicial archivó dos demandas contra los periodistas, pero mantuvo la orden de embargo. En agosto, los periodistas asistieron a una nueva audiencia en la que se presentaron los alegatos finales de ambas partes. La jueza anunció que el fallo final será emitido próximamente.
En abril, el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio contra el general en retiro, exministro y excandidato a la alcaldía de Lima Daniel Urresti por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos (Caretas) en 1988, durante la época del terrorismo peruano, tras 31 años de impunidad. En octubre de 2018, Urresti fue absuelto de la presunta coautoría del asesinato del periodista.
En mayo se inició el juicio por difamación contra el periodista Yofre López (Barranca.pe) de la provincia de Barranca, al norte de Lima. La jueza Juana Caballero lo querelló luego de que el periodista cuestionara su decisión de revocar la prisión preventiva del exalcalde de Barranca acusado por corrupción y por publicar una declaración jurada de la jueza donde figura su patrimonio. Ha solicitado tres años de cárcel y una reparación civil de S/.100,000 (unos US$30,000).
En agosto, el abogado del expresidente Ollanta Humala, investigado por corrupción en el marco del caso Lava Jato, señaló que llamará a directivos de medios como testigos frente a un eventual juicio contra Humala. A Humala se lo investiga por lavado de activos por presuntamente haber recibido aportes de campaña de Odebrecht de la ilegal 'Caja 2'. "Casi el 85% se gastó en propaganda en TV y diarios. Si la hipótesis fiscal es que se lavó dinero...", dijo el abogado.
En varias ocasiones se han registrado protestas y plantones en la sede de IDL-Reporteros y contra el periodista Gustavo Gorriti, uno de los principales líderes en la investigación contra casos de corrupción. Grupos, entre ellos fujimoristas, han protestado frente a la redacción del medio de comunicación y han acusado al periodista de "terrorista". Casos similares ocurrieron también frente a las redacciones de El Comercio y La República.
Después de 35 años, sigue impune el asesinato del periodista Jaime Ayala (La República), quien desapareció en una base de la Marina del Perú tras imponer un reclamo por el allanamiento de la casa de su madre durante la época del terrorismo. Ayala ingresó a la base de la Marina, pero nunca más salió. Varios testigos, incluyendo exmarinos, han declararon que Ayala fue torturado y asesinado.
También sigue impune el caso del periodista David Choquepata, asesinado en el 2016 en su propia cabina de radio. La fiscalía ha archivado la investigación del crimen.
El Grupo Epensa tiene abiertos ocho casos de querellas por difamación con casos que se remontan hasta 2015, por un total de casi S/.2 millones (caso US$600,000).
A principios de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno la tramitación en ese organismo de la demanda presentada por ocho periodistas el 10 de septiembre del 2015 contra la concentración de medios de comunicación y otorgó un plazo de tres meses para que el Estado presente sus observaciones.
A finales de septiembre, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, pidió que no "se graben y publiquen conversaciones privadas" en los medios de comunicación, en alusión a una grabación entre cuatro congresistas en el marco de la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional del Perú.
