Puerto Rico

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Informe ante la 75 Asamblea General de la SIP

Del 4 al 7 de octubre de 2019

Coral Gables, Florida

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En este período medios de comunicación y periodistas fueron agredidos y se le negó información al público, mientras tanto se aprobó legislación que obstaculiza y dilata el derecho al acceso a información pública.

En el ámbito político se produjeron arrestos y acusaciones de miembros del gabinete gubernamental por corrupción. Los escándalos de mala administración, sumados a la filtración de un "chat" en el que participaron altos funcionarios de gobiernos, incluido el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, forzaron su renuncia y la de muchos de sus ayudantes y allegados. La filtración de las comunicaciones entre del gobernador y miembros de su gabinete ocurrió por indagaciones y revelaciones de la prensa. Sin embargo, fueron las protestas masivas durante 12 días las que impulsaron la renuncia de Rosselló el 24 de julio.

En su último acto como gobernador Rosselló convirtió en ley los proyectos 1095 y 236 de la Cámara y el Senado, pese a protestas y advertencias de los medios sobre las consecuencias de estas medidas. La "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública" (Ley 141-2019), y la "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico" (Ley 122-2019), entraron en vigor con efectos contrarios a lo que intentan sostener sus títulos, añadiendo barreras y obstáculos al accedo a la información pública por parte de periodistas y ciudadanos.

La ley de transparencia permite al gobierno aplazar la entrega de documentos públicos por cerca de dos meses, mientras que la de datos creó un portal de internet a través del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), para publicar información, pero no propone método o sistema alguno para solicitar documentos públicos que no sean los publicados en el portal. Además, expande las excepciones a la obligación de divulgar información pública y la definición de lo que constituye información confidencial.

El rol fiscalizador de la prensa se vio iluminado tras una investigación iniciada en 2018. Un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio con 18 cargos contra tres individuos, incluyendo al director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, por presuntamente crear un esquema de empleados (o contratistas) "fantasmas", como parte de un sistema de corrupción y desvío de fondos públicos.

Existe la vía judicial para – en un procedimiento relativamente rápido – compeler la entrega de información pública. Es importante destacar que organizaciones y personas, año tras año, litigan contra el gobierno para compeler la producción de información que se retiene o protege. Tanto así que un juez de instancia expresó en corte abierta que la práctica del gobierno de obligar a la prensa a acudir a los tribunales "se ha convertido en una norma, un hábito".

Recientemente el Tribunal Supremo tuvo ante su consideración un caso por daños y perjuicios, violación de derechos constitucionales, hostigamiento, persecución y difamación entablado en contra de varios medios por Ana Cacho González, por la cobertura mediática sobre la muerte sospechosa de su hijo de 10 años en 2010 y posterior investigación de los hechos. El Tribunal Supremo resolvió que dicho caso estaba parcialmente prescripto.

Continúa en vigencia el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Requipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación. Si bien representa un avance para la cobertura digital e inmediata de ciertos procesos judiciales, todavía presenta retos para la prensa porque los jueces pueden aplicar de forma desigual o arbitraria la norma, ya que se conceden permisos caso por caso.

Varias organizaciones periodísticas, incluido GFR Media, han hecho peticiones al Tribunal Supremo para que se permita el acceso a la prensa a ciertos procedimientos judiciales de alto interés público y, en su mayoría, han sido aprobadas, pese a que comentaristas y abogados suelen argumentar que el acceso de la prensa lacera el derecho al acusado a un juicio justo.

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