Colombia

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Informe ante la 76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020

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Los medios no han sido inmunes a las consecuencias negativas de las medidas que el Gobierno tomó para enfrentar la pandemia.

El freno abrupto de la economía produjo un desplome en los ingresos por publicidad. La disparada del precio del dólar ha encarecido insumos como el papel. Todos los medios han sentido el rigor de la crisis en particular en ciudades pequeñas e intermedias. La amenaza es que crezcan los llamados desiertos informativos.

La Asociación de Medios de Información (AMI) ha realizado intensas gestiones para construir una política pública que evite la desaparición masiva de medios, encontrando buena acogida en los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La AMI pidió que se incluya a la prensa como bien de primera necesidad con el fin de asegurar su distribución, acceder a financiación para mantener los salarios y a exenciones del impuesto de valor agregado. También pidió la deducibilidad de la inversión publicitaria del impuesto sobre la renta como estímulo para los anunciantes y auxilio para los comunicadores que han perdido sus trabajos.

Ha sido muy importante el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional de Departamentos, con las que se firmó el 1 de octubre un pacto para el fortalecimiento de los medios en tiempos de pandemia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 33 violaciones a la libertad de prensa durante las manifestaciones sociales del 9, 10 y 21 de septiembre. Los ataques más frecuentes han sido 16 agresiones físicas, cinco obstrucciones, cuatro detenciones ilegales y tres amenazas. Se registraron 25 casos de agresiones con balas de goma y bombas aturdidoras causadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Tras las detenciones en instalaciones policiales, se denunció que los uniformados intimidaban a los comunicadores y les exigían borrar archivos de las memorias de sus dispositivos. Se registró un caso de violencia sexual contra una fotógrafa.

El 13 de agosto, el comunicador indígena, Abelardo Liz, murió por impactos de bala en el pecho y en el abdomen, en medio de un operativo del Ejército Nacional para desalojar a comunidades indígenas en El Barranco, municipio de Corinto, en el norte del Cauca. El caso no fue esclarecido.

El 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, en el juicio por secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, por el secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador. Los crímenes ocurrieron entre marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador cuando los periodistas investigaban delitos y conflictos en la zona fronteriza, donde operan grupos guerrilleros y del crimen organizado.

El 17 de junio, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, en decisión de segunda instancia, había concedido la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, señalado de grabar los videos de supervivencia del equipo periodístico. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación a la Ley 1809 de 2018, según la cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo armado organizado.

El 1 de mayo la revista Semana publicó su investigación titulada "Carpetas secretas". Denunció acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, 52 periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales y miembros de las fuerzas armadas. En el documento se citan conversaciones entre cinco periodistas y sus fuentes.

Se denunció que la Alcaldía de Medellín estaría haciendo seguimientos en redes a periodistas a través de la empresa Selecta Consulting Group. Telemedellín fue la entidad contratante a nombre de la administración con el objetivo principal de hacer "análisis estratégico de redes sociales". Los periodistas afectados son Clara Giraldo, José Guarnizo, Pascual Gaviria y Ana Cristina Restrepo, además del medio Juan Paz. Funcionarios de la alcaldía intentaron forzar a medios nacionales y locales a mejorar la imagen del alcalde a cambio de publicidad oficial.

Los periodistas de Voces del Guayabero, Fernando Osorio y Edilson Álvarez, denunciaron haber sido intimidados y detenidos irregularmente por miembros del Ejército Nacional mientras cubrían operativos de erradicación forzada de cultivos ilícitos en el Meta.

El 7 de agosto los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados, recibieron un panfleto con firma del ELN declarándolos objetivo militar con la siguiente advertencia: "se les otorga un plazo de 48 horas para que abandonen el país con sus familias o se atendrán a las consecuencias".

El 17 de junio el periodista Dubán García recibió un panfleto firmado por las FARC con amenazas que también incluía nombres de otros reporteros, Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa. El panfleto acusa a los periodistas de ser cómplices de la Gobernación de Putumayo.

Un alto tribunal determinó que un accidente de tránsito puede ser en sí mismo un hecho noticioso y de interés para la sociedad, tras revisar una acción de tutela de un ciudadano que pretendía que el diario El País de Cali eliminara de su edición digital el video de su accidente automovilístico. El fallo afirma que la jurisprudencia no considera que se efecte el buen nombre cuando se expone una imagen para divulgar este tipo de hechos noticiosos y que los medios pueden usar las imágenes sin necesidad de pedir autorización a los involucrados.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló al Estado como cómplice de la violencia contra la prensa, en una decisión histórica y después de ocho años, tras la demanda de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y su familia, debido al secuestro, las amenazas y la tortura psicológica que sufrieron en 1999. La periodista fue secuestrada cuando investigaba el homicidio del periodista de Jaime Garzón.

El tribunal concluyó que en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se creó una organización criminal cuyo fin era amedrentar a periodistas. También argumentó que el Ministerio del Interior incumplió su obligación de adoptar medidas de protección y que la Fiscalía General de la Nación no adelantó las investigaciones "de manera certera, célere y eficiente".

Un proyecto de ley establece medidas de protección al derecho fundamental a la honra, honor, buen nombre, intimidad personal, familiar e imagen, creando reglas cuando estos derechos colisionan con la libertad de opinión. Existe preocupación de que esta ley sustituiría la ponderación de los jueces constitucionales quienes determinan estos casos.

Otro proyecto de ley declara el acceso a internet como derecho fundamental, modificando el artículo 20 de la Constitución Política. Establece que "se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de acceder efectivamente a Internet, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura, será universal y con protección de la privacidad e intimidad".

Los medios expresaron preocupación de que se establece la protección de la privacidad e intimidad por sobre la libertad de expresión, cuando esos derechos ya cuentan con un artículo autónomo que los regula.

Otro proyecto reglamenta la publicidad en redes sociales prohibiendo mensajes que fomenten comportamientos perjudiciales para la salud, la seguridad humana o del medio ambiente; que inciten a la violencia o a comportamientos antisociales; que apelen al miedo o a la superstición o que puedan fomentar abusos, imprudencias, negligencias o conductas agresivas; que inciten a la crueldad o al maltrato a las personas o a los animales, o a la destrucción de bienes de la naturaleza o culturales; y que discriminen por motivos de su raza, sexo, nacionalidad u opinión política. Además, especifica que no deberán incitar a menores a la compra de un producto o de un servicio explotando su inexperiencia o su credulidad, o patrocinar, publicitar o recomendar medicamentos, homeopáticos, suplementos dietarios, productos fisioterapéuticos, y alimentos funcionales.

El 15 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a RCN RADIO y a la periodista Vicky Dávila indemnizar a Jorge Hilario Estupiñan –excomandante de la Policía Nacional– y a su familia, argumentando que se había causado un daño a su imagen por haber reprochado sus conductas al aire en un caso de presunta corrupción y haberse referido a una investigación en curso sin que se hubiera concluido la misma. La tesis jurídica expuesta por la Sala Civil del Tribunal constituye no solo una violación a la libertad de expresión y al sano y necesario debate público frente a las conductas de funcionarios que están siendo investigados, sino que se constituye en un peligroso y absurdo precedente, según el cual ningún medio o periodista podrían referirse a una investigación en trámite sino hasta que se concluya con una decisión absolutoria o condenatoria.

La FLIP también expresó su preocupación por este fallo que "desconoce los estándares internacionales de libertad de expresión, que protegen los discursos en todas sus formas y manifestaciones".

En este semestre prescribieron cuatro casos de asesinatos contra periodistas por falta de avances en el proceso penal. María Elena Salinas, asesinada el 5 de marzo del año 2000 en San Carlos, Antioquia. Ejercía en varias emisoras de la región. Jhon Jairo Restrepo, asesinado el 6 de marzo del año 2000 en Girón Santander. Ejercía como camarógrafo en el canal local de Barrancabermeja. Carlos José Restrepo Rocha, asesinado el 7 de septiembre del año 2000 en San Luis, Tolima. Ejercía en los medios El Tangente, El Día y Señal San Luis. Juan Camilo Restrepo Guerra, asesinado el 31 de octubre del año 2000 en Ebéjico, Antioquia. Ejercía en la emisora Galaxia Stéreo.

Tres casos prescribirán este año: Alfredo Abad López, asesinado en Florencia, Caquetá, el 13 de diciembre de 2000; Guillermo León Agudelo, asesinado en Florencia, Caquetá, el 30 de noviembre de 2000 y Gustavo Ruiz Cantillo, asesinado en Pivijay, Magdalena, el 15 de noviembre de 2000.

En lo que se consideró como una acto de intolerancia a la libertad de prensa y de expresión, a mediados de octubre, el alcalde de la ciudad de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió públicamente que renuncie el director de Información del diario El País, Diego Martínez Lloreda, por comentarios que el periodista hizo sobre la situación sobre varios hechos en la ciudad.



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