Este período ha estado fuertemente influido por los efectos del Covid-19, y por un proceso constitucional que han suscitado una serie de situaciones que afectan la libertad de prensa.
El 25 de octubre se hará un plebiscito de reforma constitucional extraordinario a la reforma constitucional hecha a fines de 2019. Si bien todavía no ha comenzado la discusión sobre el contenido de la Constitución, ya se han planteado ideas que generan inquietud sobre la posible regulación de medios, reconocimiento del derecho de protección de datos personales y el derecho a la propia imagen. Preocupa que sectores académicos busquen que se reconozca el "derecho a la comunicación" como un derecho más amplio que los ya reconocidos en la Constitución vigente, con características similares al expresado en la Constitución de Ecuador de 2008. Los académicos sugieren que se incorporen limitaciones a la propiedad, un derecho de acceso a los medios y una función regulatoria del Estado sobre los contenidos.
En septiembre el Consejo del Servicio Electoral dictó una norma para el plebiscito que establece restricciones a la cantidad de representantes de medios en cada lugar de votación, permitiendo que las Fuerzas Armadas limiten el ingreso y expulsen a los periodistas.
El Gobierno consideró que los medios son servicios esenciales, pero la distribución de diarios y periódicos, así como la de venta de periódicos en la calle y en kioscos se vieron afectados. Varias empresas se vieron obligadas a realizar despidos masivos, algunos diarios debieron suspender su impresión y concentrarse en la distribución digital, y otros cerraron.
El gobierno estableció medidas de ayuda económica general, con planes de flexibilización del empleo, suspensión del contrato de trabajo y con créditos blandos con garantía del Estado. No se incluyeron medidas específicas a favor de los medios e, incluso, el acceso a los créditos con garantía oficial ha sido más limitada para los medios.
Varios proyectos de ley relacionados con prohibiciones de publicidad en los medios sobre bebidas alcohólicas y medicamentos continúan en trámite en el Congreso.
En septiembre, con motivo de la discusión de un proyecto que buscaba sancionar el delito de incitación a la violencia, caracterizado como discurso de odio, la Cámara de Diputados aprobó normas que introducen sanciones penales a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante el régimen militar, consignadas en informes reconocidos por el Estado, como las llamadas comisiones Rettig y Valech, entre otras. Se intenta introducir así una versión extrema del delito de "negacionismo". La prensa ha mostrado su preocupación ya que en una democracia tanto el contenido de documentos de comisiones del Estado como los fallos de los tribunales deben admitir el derecho a la discrepancia y a la crítica, de lo contrario se generaría un efecto inhibitorio y desalentador para la libertad de expresión.
El Senado tendrá que aprobar o rechazar la reforma. Se espera que su decisión se ajuste a estándares internacionales sobre libertad de expresión.
