Canadá

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Informe ante la 76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020
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Según una encuesta reciente, más de la mitad de los ciudadanos estima que la democracia de la nación está amenazada por la falta de transparencia de las autoridades federales, provinciales y municipales respecto de la información que recibe el público.

Existe preocupación por el hecho de que las autoridades han utilizado la pandemia como excusa para reducir el acceso a la información de los ciudadanos y los medios de comunicación. Como ha señalado en los últimos meses la Asociación Canadiense de Periodistas, deben restablecerse sin demora todos los procesos, incluidos los legales, al mismo nivel en el que se hallaban antes de la pandemia, cuando ello sea posible. Las solicitudes de información se retrasan a menudo o se rechazan por completo, y los detalles clave sobre cómo se utilizan los fondos públicos se ven envueltos frecuentemente en la niebla de las excusas centradas en la pandemia.

El acceso de los ciudadanos y de los grupos de medios a la información pública transcurre la mayor parte de las veces a través de sistemas laberínticos, burocracia estranguladora u ofuscación. Muchas veces las fuerzas policiales y los sistemas judiciales parecen reacios a ofrecer información básica.

Esto fue evidente durante los tiroteos masivos de abril de 2020 en Nueva Escocia. A raíz de la embestida de violencia que dejó 22 muertos, la policía demoró en ofrecer a los medios de comunicación una versión precisa de los hechos acaecidos.

Los grupos de medios se vieron obligados a acudir a los tribunales para asegurar la divulgación de las órdenes de allanamiento consideradas clave para el caso (órdenes cuyo texto fue bastante expurgado) y tanto la policía como los fiscales de la Corona fueron criticados por falta de transparencia.

A pesar de la aprobación del Proyecto de Ley S-231 sobre la Ley de Protección de Fuentes Periodísticas (JSPA), que enmendó la Ley de Pruebas y el Código Penal de Canadá en lo relativo a la protección de las fuentes periodísticas, ha sido muy difícil para las asociaciones de periodistas presionar a las autoridades para que respeten los principios de dicha sentencia. La JSPA fue aprobada en 2017.

Sin embargo, queda por ver cómo se aplicará tal legislación y cómo las autoridades se comprometerán a defender sus principios.

La legislación fue utilizada con éxito por primera vez en septiembre de 2019 por la reportera de investigación de CBC, Marie-Maude Denis. Se le ordenó revelar fuentes confidenciales después de investigar a un político de Quebec que había sido acusado de fraude y soborno. Sin embargo, la Corte Suprema de Canadá falló a su favor, yendo en contra de una sentencia de la Corte Superior de Quebec

En julio de 2019, el Tribunal Superior de Ontario, tras un fallo anterior del Tribunal Supremo, consideró que Ben Makuch, de Vice Media, debía entregar documentación de los antecedentes para un caso de terrorismo que está siendo seguido por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP).

El fallo se consideró un ataque a la libertad de prensa y un grave precedente.

A raíz de las protestas de Black Lives Matter, que han estallado en Estados Unidos por la violencia policial, ha surgido un nuevo ajuste de cuentas racial en las redacciones de publicaciones canadienses. Varios periodistas pertenecientes a grupos minoritarios han expresado su consternación por la cultura racista existente dentro de sus propias salas de redacción.

Mientras las protestas de los líderes indígenas de Wet'suwet'en por un gasoducto en la Columbia Británica devinieron en enfrentamientos, periodistas informaron de que la policía, que había establecido un perímetro en el lugar, los había intimidado. Algunos indicaron que se les impidió documentar las detenciones de manifestantes y se les amenazó con el arresto. Después de la presión de los medios, la policía acordó permitir más tarde mayor acceso a la llamada zona de exclusión.

Los medios de comunicación informan cada vez más de casos en los que las autoridades solicitan prohibiciones de publicación a favor de testigos en virtud de la Sección 486.31, que permite una prohibición cuando "el juez o abogado opina que la orden redunda en interés de la adecuada administración de justicia".

Los grupos de medios en Regina se oponen a una prohibición en un caso de intento de asesinato. Esta prohibiría la publicación de las identidades del acusado y de la víctima, debido al vínculo familiar. Se solicitó la prohibición porque "la víctima cree que la publicación de su nombre afectará su reputación y la de su negocio en la comunidad".

La disminución del número de lectores de la prensa impresa canadiense continúa alcanzando niveles nunca imaginados, lo que lleva a la pérdida de muchos puestos de trabajo dentro del sector. Mientras tanto, los medios en línea aún tienen que encontrar y fortalecer nuevas formas para distribuir sus contenidos, utilizando estrategias de ingresos razonables.

Una excepción importante de estos problemas financieros ha sido el surgimiento de varias publicaciones quincenales comunitarias de carácter étnico. Aun trabajando no más de tres empleados, han demostrado su solidez y, en lugar de mostrar pérdidas, algunas han logrado ser competitivas gracias a la cobertura comunitaria.

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