Costa Rica

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Informe ante la 76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020

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En este periodo se registraron varios casos de obstrucción a información pública por parte del gobierno y sus dependencias.

El 12 de mayo Diario Extra recurrió a la Sala Constitucional para interponer un recurso de amparo contra Carlos Alvarado, presidente de la República; Geannina Dinarte, ministra de Trabajo y José Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, por ocultar las listas de los ciudadanos beneficiarios del bono Proteger, subsidios dados por el gobierno debido a la pandemia.

El 29 de mayo la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) envió una circular recordándoles a los directores de hospitales públicos quiénes podían hablar y lo que debían decir a los medios de comunicación. Dicha acción habría surgido luego de que el personal médico informó que los insumos de protección entregados a los trabajadores eran defectuosos. La Fiscalía General de la República y el Congreso investigan la compra de esos insumos, tras las denuncias de los medios periodísticas.

En junio, Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), solicitó a los sindicatos de la institución no comunicarse con Diario Extra debido a los cuestionamientos por la ejecución presupuestaria y los manejos en la facturación. Astorga se refirió también al portal CrHoy, aduciendo que ambos medios promovían una privatización. Diario Extra, CrHoy y varios ciudadanos interpusieron recursos de amparo ante la Sala Constitucional, argumentando que Astorga promueve la censura y el ocultamiento de información.

En agosto el alto tribunal constitucional resolvió uno de los amparos y condenó a Astorga de forma unánime. Los magistrados concluyeron que el "llamado a no alimentar a medios" reviste una particular gravedad, en especial por el rango jerárquico de Astorga, y que en la práctica se convierte en una especie de censura velada.

La sentencia ordena a Astorga de incurrir nuevamente en este tipo de hechos, bajo pena de desobediencia a la autoridad, sancionado con cárcel de 3 meses a 2 años o con 20 a 60 días multa.

Alegando instrucciones del Gobierno central, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dio la orden a sus dependencias de no comprar más Diario Extra. El MTSS envió el oficio DGAF-OF-383-2020 al Grupo Extra, notificando que se cancelarían las suscripciones. La medida se habría adoptado después del amparo interpuesto contra Geannina Dinarte, ministra de Trabajo, por negarse a entregar los datos de los beneficiarios del subsidio bono Proteger.

El 16 de julio Diario Extra interpuso un recurso de amparo contra el presidente Alvarado, el ministro de Salud, Daniel Salas y el ministro de Comunicación, Agustín Castro, por secuestro de información pública.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica se sumó con una coadyuvancia al recurso bajo el expediente 20-012614-000, así como Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, quien adujo que la conducta del gobierno atenta contra los ciudadanos en tiempos de crisis.

El recurso fue interpuesto contra el gobierno porque durante los meses de la pandemia ha violentado el derecho de acceso a la información y libertad de prensa, así como al derecho de petición, consagrados en la Constitución.

La solicitud a los magistrados pretende que se le ordene a la administración adoptar un sistema de información amplio, efectivo y transparente, sin limitaciones ni restricciones para acceder a la información y la posibilidad de hacer preguntas y obtener respuestas a los funcionarios públicos involucrados en el tema de la pandemia.

El 31 de julio la Sala Constitucional condenó al ministro de Salud, Salas Peraza, por negar información relacionada con datos del Covid-19.

El máximo tribunal declaró con lugar el expediente 20-011445-0007-CO que interpusieron representantes del medio Interferencia de Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica (UCR) contra el jerarca los comunicadores David Antonio Bolaños, Édgar Chavarría Hernández e Hilda Miranda Picado. A criterio de la Sala Constitucional, no existe ninguna justificación válida para denegar o condicionar la entrega de información, ni siquiera en el contexto actual de la pandemia.

Los periodistas Óscar Ulloa Rojas y Luis Pablo Campos Salas fueron humillados en televisión nacional durante una conferencia de prensa por un personero de Casa Presidencial cuando repreguntaban a los miembros del gabinete sobre temas medulares.

El presidente Alvarado calificó a los medios de comunicación en cadena nacional de "insulsos", pues le hacían múltiples cuestionamientos sobre el manejo de la pandemia.

Periodistas de Canal 7, Noticias Repretel y La Nación recibieron ataques verbales y amenazas por parte de grupos y organizaciones durante las protestas contra el gobierno por nuevos impuestos.

Miembros de la Fuerza Pública custodiaron las instalaciones de Teletica, después de que un grupo de manifestantes llegara frente a sus instalaciones para cuestionar su línea editorial y cercanía con el gobierno de Alvarado.

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