Guatemala

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Informe ante la 76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020

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Al principio de la pandemia el gobierno impulsó acciones que provocaron un límite al acceso a la información y demostró intransigencia hacia las opiniones críticas y falta de respuesta ante pedidos de información.

El 14 de marzo el presidente Alejandro Giammattei advirtió a la prensa por una nota del medio Soy502 que contradijo la versión del Gobierno sobre el primer caso positivo que se registró en el país. Giammattei citó el artículo 35 de la Ley de Orden Público en el que se consigna que mientras dure cualquiera de los estados de emergencia, los órganos de publicidad están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión, pánico o agraven la situación. Recordó que de no cumplir con la normativa, el director del medio puede ser amonestado y, en caso de reincidencia, imponérsele una censura.

Por orden presidencial, los medios estuvieron obligados a publicar gratis información oficial sobre la pandemia, durante el estado de Calamidad Pública, aunque esta medida quedó sin efecto.

Giammattei criticó a los medios porque cuestionaban el gasto o la falta de presupuesto para equipar los hospitales.

El director ejecutivo de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno de Guatemala, Miguel Martínez, denunció penalmente el 9 se septiembre al medio digital Plaza Pública por investigarlo. Aseguró que su familia fue objeto de supuesto "acoso, amenaza y extorsión". Plaza Pública publicó una investigación sobre los nexos empresariales del presidente Giammattei y Martínez desde 2017. Otros integrantes de la misma empresa también tienen cargos públicos.

Esta entidad fue creada para coordinar las actividades y la comunicación entre los ministerios y el presidente, pero fue criticada porque su titular estaría cometiendo una usurpación de las funciones del vicepresidente, Guillermo Castillo. También se denunció que Martínez habría sido nombrado por su estrecha relación con el presidente, sin tener las capacidades técnicas para el cargo.

El 12 de septiembre fue detenido el periodista Sonny Figueroa, propietario de los medios digitales Artículo 35 y Vox Populi. Figueroa publicó el día antes, y durante varios meses, notas sobre el financiamiento de la campaña de Giammattei, sus asesores de imagen y publicidad y sobre un incidente en el Centro de Gobierno. La información también fue publicada por Prensa Libre, La Hora y ElPeriódico. El juez Angel Contreras declaró "falta de mérito" y ordenó la liberación inmediata del periodista al día siguiente. El 19 de octubre dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron arrestados y acusados de abuso autoridad durante la aprehensión de Figueroa.

Los periodistas del canal Guatevisión y Prensa Libre, Felipe Garrán y Miriam Figueroa, fueron interceptados por dos autopatrullas de la PNC. Dos policías les exigieron identificación, a pesar de que la portaban de forma visible. Esta acción fue considerada como un acto de intimidación, ya que ocurrió en casi el mismo lugar y al día siguiente del caso Figueroa.

En el interior del país muchos periodistas sufren agresiones y se ven amenazados y limitados por las autoridades locales o las mafias de la región.

Los medios cumplieron con las restricciones impuestas por el gobierno para garantizar la salud de los periodistas.

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