Honduras

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Informe ante la 76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020

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La suspensión de garantías constitucionales impuestas por el gobierno a raíz de la pandemia representó un obstáculo para el ejercicio del periodismo.

Continua la violencia y las agresiones contra periodistas según el informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Asociación para una Sociedad más Justa.

El 27 de septiembre el periodista independiente Luis Alonso Almendares transmitía en vivo en Facebook en una calle en Comayagua cuando desconocidos en una motocicleta le dispararon. Falleció al día siguiente a causa de las heridas. Almendares cubría información policial, notas sociales y denunciaba hechos de corrupción en las redes sociales. Había recibido amenazas de muerte.

El 1 de julio el periodista Germán Vallecillo y el camarógrafo Jorge Posas fueron asesinados a tiros en la ciudad de La Ceiba, a unos 280 km al norte de Tegucigalpa en la zona del caribe. Los comunicadores que trabajaban en Canal 45 fueron interceptados por desconocidos armados en el barrio El Naranjal, cerca de una guardería.

Veintinueve periodistas cuentan con medidas de seguridad por parte de la Dirección General del Sistema de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Los delitos de difamación serán procesados en el ámbito civil desde que el Congreso Nacional revisó del nuevo Código Penal todos los artículos relativos a los delitos contra el honor que criminalizaban y castigaban con cárcel y sanciones pecuniarias el ejercicio de la libertad de expresión.

El nuevo Código Penal, sin embargo, tiene disposiciones que podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social.

El presidente Juan Orlando Hernández Alvarado no ha respondido a la petición para reformar la "Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional", debido a que la "Ley de Secretos", como se le conoce popularmente, vulnera el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia.

La ley, en vigencia desde el 24 de enero de 2014, es considerada un obstáculo para el acceso a la información pública, pues blinda la información reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, con 5, 10 y hasta 25 años, relacionada a más de 20 ministerios y direcciones de Gobierno.

Se monitorean los términos y alcance de la Ley sobre Ciberseguridad, aprobado por la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, debido a serios riesgos para la libertad de expresión. La ley establece medidas para prevenir actos de odio y discriminación en las redes sociales e internet, creando un mecanismo jurídico para regular el manejo de la información en redes sociales con obligaciones para los dueños o administradores de los sitios web.

En el marco de la pandemia Covid-19, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández decretó toque de queda absoluto a nivel nacional, suspendiendo las garantías constitucionales. Estas restricciones de movilidad implicaron dificultades para la cobertura periodística.

Muchos periodistas se contagiaron y murieron. El caso más emblemático fue el fallecimiento del periodista David Romero, quien se encontraba preso desde marzo del 2019 por el delito de calumnias e injurias. Se contagió y murió días después en un hospital. También fallecieron por Covid-19 Pablo Matamoros, coordinador de prensa de Hable Como Habla (HCH); la periodista cholutecana Francis Bojorques; el periodista deportivo José Edilberto Zelaya; el periodista de eventos sociales Pedro Joaquín Boquín y el diseñador gráfico de La Tribuna, Juan Carlos Salgado.

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