Este ha sido el período más turbulento en la historia reciente de la prensa en el país. Los periodistas que cubrieron las protestas por el asesinato policial de George Floyd el 26 de mayo enfrentaron un aumento significativo de arrestos y violencia a manos de las fuerzas del orden locales y federales.
El presidente Donald Trump, haciendo campaña para la reelección, continuó con su retórica antiprensa, tanto en Twitter como en sus discursos públicos. El gobierno y el hermano del presidente, respectivamente, intentaron sin éxito bloquear la publicación de dos libros sobre Donald Trump, y un juez federal determinó que la Oficina de Prisiones de Estados Unidos volvió a encarcelar al exabogado del presidente, Michael Cohen, en represalia por su libro.
Aunque se han producido algunas victorias prometedoras en los tribunales, los últimos meses han estado cargados de tensión y peligro para los periodistas.
Al informar este verano sobre las protestas en el país, los periodistas sufrieron numerosos ataques físicos, muchas veces por parte de miembros de las fuerzas del orden. En Minneapolis, Minnesota, la policía disparó una bala de espuma contra la fotoperiodista Linda Tirado, rompió sus gafas protectoras y la dejó permanentemente ciega del ojo izquierdo. En Los Ángeles, un oficial de policía tiró al suelo a la fotoperiodista Barbara Davidson, lo que provocó que se golpeara la cabeza con una boca de incendios.
Una estudiante de 17 años que cubría las protestas para el periódico de su escuela secundaria en Portland, Oregon, sufrió los efectos de gases lacrimógenos y petardos de destello. Otros periodistas han sido empujados, golpeados y rociados con gas pimienta por las fuerzas del orden público, a pesar de llevar credenciales de prensa y de identificarse.
Si bien la mayoría de los ataques a periodistas han sido lanzados por las fuerzas del orden, miembros del público también los han agredido física y verbalmente. Un reportero que transmitía en vivo desde Times Square en Nueva York durante las protestas fue golpeado por dos personas. Durante una protesta en Louisville, Kentucky, un miembro del público rompió el parabrisas del vehículo de un equipo de noticias.
Los periodistas que cubrían las secuelas de las protestas también soportaron agresiones físicas. Un fotoperiodista que cubría el recorrido del alcalde de Filadelfia por una zona que había sido escenario de grandes protestas perdió el conocimiento como resultado de un puñetazo de un transeúnte. En total, el U.S. Press Freedom Tracker registró 148 ataques físicos a periodistas entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, un aumento asombroso en los últimos tres años, en los que el número de ataques físicos a la prensa había oscilado entre 34 y 49 incidentes anuales documentados.
Según The Tracker, hasta el 8 de octubre y contando otras formas de agresiones como gases lacrimógenos, rociadores de pimienta y daños al equipo, el número de incidentes vinculados con la libertad de prensa durante las protestas ascendió a más de 856.
Los arrestos de periodistas también aumentaron notablemente durante las protestas este verano. Según la misma fuente, al menos 118 periodistas fueron arrestados hasta el 8 de octubre. The Tracker ha verificado y publicado informes de que al menos 67 periodistas fueron arrestados entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, un fuerte aumento comparado con los nueve arrestos de periodistas ocurridos en 2019. El reportero de CNN Omar Jiménez y otros dos miembros de su equipo de noticias fueron arrestados por la policía de Minneapolis mientras transmitían.
Más recientemente, la reportera Josie Huang fue arrestada violentamente y acusada de obstruir a un oficial del orden público mientras informaba sobre una protesta del 12 de septiembre en Los Ángeles. El video del incidente muestra claramente a Huang identificándose con sus credenciales de prensa e intentando cumplir las órdenes policiales. Sin embargo, el alguacil del condado de Los Ángeles declaró a través de Twitter que Huang no se identificó como periodista y que "más tarde admitió que no llevaba consigo las credenciales de prensa adecuadas".
El Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa publicó una carta en la que pidió el retiro de los cargos a la reportera. El Departamento del Sheriff redobló su lamentable postura respondiendo que Huang "se convirtió en parte del problema al insertarse demasiado cerca de la situación" al informar sobre el arresto de manifestantes. Otros reporteros también fueron arrestados mientras cubrían protestas en todo el país, desde Kalamazoo, Michigan, hasta Dover, Delaware.
El presidente Trump ha continuado con sus ataques verbales contra la prensa a pesar de la ola de asaltos y arrestos de periodistas en todo el país en los últimos meses, celebrando el hecho de que el presentador de MSNBC Ali Velshi recibiera un balazo de goma mientras cubría las protestas. Continúa difamando a la prensa a través de Twitter, llamando a los medios de comunicación "fake news", "enemigo del pueblo" y "el verdadero partido de oposición". También ha acusado a los medios de comunicación de asociarse con el Partido Demócrata para difundir desinformación.
Es preocupante que las autoridades federales vigilen a los periodistas que han cubierto las protestas recientes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compiló "informes de inteligencia" sobre periodistas de The New York Times y el blog Lawfare que habían publicado documentos filtrados pero no clasificados sobre las operaciones del DHS en Portland, Oregon, donde las autoridades federales fueron convocadas para responder a las protestas que duraron gran parte del verano.
En un fallo preocupante, un tribunal de primera instancia en Seattle, Washington, permitió al principio que el Departamento de Policía de Seattle obligara a los cinco principales medios de comunicación de la ciudad a entregar todas sus fotografías inéditas y secuencias de video sin procesar tomadas en un radio específico de cuatro cuadras durante un período de 90 minutos, tras la muerte de George Floyd. Las imágenes se solicitaron para ayudar a las fuerzas del orden a identificar a los sospechosos que habían cometido incendios de vehículos y robado armas de fuego durante las protestas.
Los medios de comunicación se opusieron a la decisión, argumentando que los materiales estaban protegidos por la ley de protección del estado, pero el juez del tribunal de primera instancia consideró que el interés del departamento de policía en resolver los delitos era suficientemente convincente y ordenó a los medios de comunicación que entregaran el producto de su trabajo. La Corte Suprema de Washington emitió la suspensión de la orden pendiente de apelación, y el Departamento de Policía de Seattle finalmente abandonó su esfuerzo por obtener las imágenes y las fotografías, admitiendo que probablemente serían de poca utilidad después de tanto tiempo.
Durante el verano se llevaron a cabo una serie de esfuerzos infructuosos para evitar la publicación de varios libros sobre el presidente Donald Trump. En junio, el gobierno intentó sin éxito evitar que John Bolton publicara La habitación donde ocurrió, libro de memorias sobre su época como exasesor de seguridad nacional del presidente.
Dos semanas después, el hermano del presidente demandó sin éxito a su sobrina, Mary Trump, para que detuviera la publicación de su libro, Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Y en julio, un juez federal ordenó la liberación del exabogado del presidente, Michael Cohen, desde la prisión, al descubrir que Cohen había sido devuelto a prisión en represalia por su plan de publicar un libro sobre el presidente Trump.
En junio, un tribunal federal de apelaciones confirmó el fallo de un tribunal inferior de que la Casa Blanca no podía suspender el pase de prensa del periodista Brian Karem por una supuesta violación de los estándares de profesionalismo que no habían sido previamente articulados. Este fallo dejó en claro que los esfuerzos de la Casa Blanca para expulsar o suspender arbitrariamente a periodistas sin estándares claros, y sin previo aviso de esos estándares, no serán tolerados por los tribunales.
En respuesta a los pedidos de reforma policial en el país, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, promulgó un proyecto de ley que derogó la Sección 50-a de la Ley de Derechos Civiles de Nueva York, un estatuto que previamente había evitado que se divulgara el comportamiento inadecuado de las fuerzas del orden público bajo la Ley de Libertad de Información del estado ("FOIL"). Este paso hacia la transparencia se vio obstaculizado casi de inmediato por las demandas presentadas en todo el estado por los sindicatos de las fuerzas del orden público que buscaban prohibir la divulgación de ciertos registros que anteriormente habían sido protegidos por la Sección 50-a. Hasta ahora, los tribunales estatales y federales han rechazado las solicitudes de medidas cautelares de los sindicatos, pero estas demandas aún se encuentran en sus primeras etapas.
La Voz de América (VOA), la organización internacional de noticias financiada con fondos del gobierno de Estados Unidos utiliza un "cortafuegos" legal a fin de proteger su independencia editorial. El 17 de junio, el nuevo CEO de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, Michael Pack, violó este "cortafuegos" al despedir a altos funcionarios y directores, y al negarse a procesar renovaciones de visas a periodistas extranjeros. Cinco ejecutivos de la VOA presentaron recientemente una demanda contra Pack, pidiendo a un tribunal que restablezca dicho "cortafuegos".
