Desde que Daniel Ortega recuperó el poder en enero de 2007 y comenzó a restaurar la dictadura, aumentaron las restricciones a la libertad de prensa y los ataques a medios y periodistas independientes. La situación se agravó cuando el régimen aplastó la rebelión auto convocada de abril de 2018.
A un año y medio de aquella fecha, la situación de libertad de prensa y la situación política del país empeoraron. A un año para las elecciones presidenciales y legislativas en noviembre del 2021, no hay señales sobre que serán limpias.
Continúa el estado de sitio. No se permiten reuniones de más de dos personas. La Policía, ahora llamada Policía Orteguista, vigila y quita la bandera nacional en todo el país, nuevo símbolo de rebelión cívica. En estos eventos los periodistas son atacados y les roban sus equipos.
Además que los procesos judiciales son el un nuevo método para reprimir, el gobierno está promoviendo tres leyes que afectan la libertad de prensa, una de ellas, además, parece diseñada para reprimir a los políticos y eliminar a los candidatos.
La ley de "Regulación de Agentes Extranjeros" pretende "controlar las operaciones financieras y las actividades que realicen asociaciones, organizaciones nacionales o extranjeras para poner fin a injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua". Está diseñada para impedir el financiamiento de los partidos de oposición para la elección de noviembre de 2021. También perjudica a los medios que reciben ayuda de diferentes fundaciones. La Ley exige inscribirse como "agente extranjero" y declarar cualquier donación, la que deberá ser aprobada por el Ministerio de Gobernación.
Setenta diputados oficialistas presentaron el proyecto de Ley Especial del Ciberdelito, conocida como Ley Mordaza. Su motivo es la "preservación, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías y la comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichas tecnologías, sus contenidos y cualquiera de sus componentes".
La ley indica que "quienes usando la tecnología de la informática y de la comunicación publiquen o difundan información falsa y/o tergiversada que produzcan alarma temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a su familia", podrán ser castigados entre dos a cuatro años de prisión.
La iniciativa otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener "congelada" hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos. Esos datos estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.
Ortega aprovechó un feminicidio de dos niñas para proponer la "cadena perpetua para crímenes de odio". Ortega perdonó desde diciembre a 22,000 presos comunes por pedido del Papa Francisco, aunque el Cardenal Brenes de Managua, aclaró que la solicitud del Papa había sido para los presos políticos. Muchos de los que fueron amnistiados han sido apresados nuevamente y se calcula que hay 70 o más presos políticos, acusados falsamente de delitos comunes.
La Comisión de la Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua anunció que comparte las inquietudes del pueblo nicaragüense por las amenazas a la libertad y a la integridad física de las personas generadas por los cuestionables proyectos de ley propuestos por el régimen.
El embargo de bienes por investigaciones impositivas de años pasados, es el nuevo método usado para censurar a medios y la empresa privada, como sucedió con Canal 12. La juez sandinista Silvia Chica Larios desestimó todas las pruebas que presentaron los abogados del medio y ordenó mantener el embargo por unos US$ 600,000.00 pedido por la Dirección General de Impuestos (DGI). La entidad embargó cuatro propiedades del Canal 12 por un valor de US$ 1,200,000. El reclamos es por una supuesta deuda impositiva de 2011 y 2012 por US$ 262,000.00, que un tribunal Administrativo redujo a US$ 24,000.
Posteriormente, el 6 de octubre, Canal 12 sufrió otro embargo por US$ 200,000 por deuda sobre impuestos al IVA de 2014-2015. El medio alegó que no le reconocen costos y gastos deducibles y recusó al juez que desestimó las pruebas.
TV 100% Noticias también tiene otro reclamo millonario. El canal permanece tomado y cerrado por el gobierno, por lo que su propietario no está reclamando su reapertura.
El medio Confidencial sigue tomado y cerrado. Solo se transmite por las redes sociales porque se le ha prohibido su difusión en canales de televisión abierto o por cable.
El 22 de septiembre la periodista y jefa de Prensa de la radio La Costeñísima, Kalúa Yakari Salazar, fue condenada por el supuesto delito de calumnia, en perjuicio de tres ex trabajadores de la Alcaldía de El Rama, en la costa sur del Caribe de Nicaragua. "Nosotros solo abrimos el micrófono a muchas personas que ponen sus denuncias públicas y eso es lo que nos compete", declaró Salazar. Las penas son días de multa de 150 a 300 días y se calculan de acuerdo al salario del condenado, se pueden pagar en cuotas. Aún no hay sentencia.
En otra práctica para intimidar a periodistas y medios, el 9 de junio agentes de tránsito de la Policía detuvieron al director de Radio Darío, Anibal Toruño, en un retén y lo despojaron de su camioneta, alegando que no llevaba extinguidor de incendio ni triángulos de advertencia. El 25 de julio la Policía de León mantuvo cercada la Radio Darío durante nueve horas. Nadie salió ni entró a la radio. Días después una patrulla policial se apostó frente a la radio con un grupo antimotines.
El 24 de junio el comisionado mayor de la Policía de Bluefields, Costa Caribe Sur, Luis Valle, agredió e impidió a la periodista Suyén Sánchez, de Radio Única, realizar cobertura sobre un suceso.
El 12 de julio varios delincuentes sabotearon la antena de radio Corporación ubicada en Tipitapa cerca de Managua. Los ladrones se llevaron las cintas de cobre que se encuentran en la base de la antena.
En otros procesos judiciales por calumnia, la periodista Elsa Espinoza fue demandada por una vecina quien la ha tachado de "periodista golpista y tranquera". Otra demanda fue establecida contra el periodista David Quintana de Boletín Ecológico.
Radio Estéreo Romance, de Carazo, anunció el 4 de octubre el cierre de sus espacios informativos, por falta de anuncios para sostenerlo. Quince periodistas y otros trabajadores de los informativos quedaron desempleados. La directora, Letzira Sevilla, quien fue editora de El Nuevo Diario hasta su cierre, declaró que la asfixia económica es una forma de limitar la libertad de prensa.
El 7 de octubre el Parlamento Europeo (PE) condenó las leyes de Delitos Cibernéticos y de Registro de Agentes extranjeros que promueve el Gobierno. En su resolución, el PE pide que se impongan sanciones al Presidente y a la Vice Presidente y que se proteja a los medios independientes. Amenazó con romper el tratado de Libre Comercio haciendo uso de su cláusula de respeto a la democracia.
El 11 de octubre durante una reunión en León de la Coalición Nacional, los opositores fueron atacados a pedradas por fuerzas orteguistas. La periodista Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora de 100% Noticias, resultó con heridas graves en la cabeza y fue internada en terapia intensiva. La policía multó y quitó la licencia a los conductores de los vehículos usados en la protesta.
Entre junio y octubre el diario La Prensa, único que queda circulando, ha padecido dos ataques de denegación de servicio (DoS) que dejó al portal fuera de servicio unos dos minutos y hubo dos intentos de robo de contenido.
