Perú

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Informe ante la 76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020

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La falta de transparencia fue notoria este último semestre tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo. Varias conferencias, sesiones y debates no contaron con la suficiente transmisión, presencia de periodistas ni con la posibilidad de hacer preguntas.

La entrada de operaciones del Congreso abrió un nuevo frente de agresión para la libertad de expresión: el intento de regular sin criterios técnicos la publicidad estatal. En septiembre se aprobó un dictamen para regular la publicidad estatal en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Recoge una serie de proyectos de ley con el objetivo de priorizar a los medios de comunicación de menor tamaño en la asignación de publicidad estatal en el país. El dictamen no recoge criterios técnicos sobre sintonía, lectoría o rating y tampoco obliga al Poder Ejecutivo a a hacer transparentes los gastos en publicidad.

En este nuevo período legislativo, entró en funciones el congresista Daniel Urresti, el más votado de las elecciones legislativas, procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Urresti es el segundo político con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales del 2021.

En el último semestre la cantidad de querellas por difamación presentadas contra periodistas se redujo, aunque persiste el ensañamiento contra algunos de ellos. La periodista Paola Ugaz, quien junto con el periodista Pedro Salinas investigan el grupo religioso Sodalicio Vida Cristiana, tiene demandas por difamación interpuestas por personajes cercanos a la organización.

Salinas denunció en septiembre que le hacían seguimiento en los alrededores de su vivienda, al sur de Lima, y que preguntaban y ofrecían pagar por información sobre él. Salinas es autor de la investigación sobre abusos sexuales y psicológicos cometidos por Sodalicio Vida Cristiana y pronto publicará un segundo libro sobre los negocios de este grupo.

Además de la persecución judicial, los periodistas denunciaron ser víctima de una campaña de hostigamiento y descrédito en la prensa escrita, digital y electrónica. Han sido seguidos y fueron publicadas fotos aéreas y la dirección de la residencia de Salinas en Mala (al sur de Lima) y de la vivienda de sus hijos en Lima, así como el nombre del colegio donde estudian los hijos de Ugaz, quien el 2 de octubre fue amenazada de muerte en Instagram. Ugaz y Salinas presentaron una denuncia ante la policía.

Varios repartidores de periódicos en varias ciudades fueron intervenidos por policías y militares durante la cuarentena. Fueron llevados a diversas comisarías, aunque liberados al poco tiempo. En la provincia de Chepén, en la región de La Libertad, el municipio intentó prohibir la venta de diarios a los vendedores callejeros.

En abril el caricaturista conocido como Carlín recibió varias amenazas de muerte por una caricatura que hizo para el diario La República sobre el expresidente Alan García en el aniversario de su suicidio.

El juicio oral contra el congresista Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988 fue reprogramado en dos ocasiones. Debía iniciar en abril, pero fue suspendido por la pandemia hasta el 2 de septiembre. Luego fue reprogramado de nuevo porque Urresti presentaba presuntos síntomas de coronavirus. No se ha establecido una fecha próxima.

También se suspendió el juicio oral por el asesinato del periodista de La República Jaime Ayala, ocurrido en 1984. Iba a realizarse el 8 de abril. Aún no se tiene fecha de su reprogramación.

El diario Expreso denunció haber sido víctima de un intento de hackeo en junio.

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, advirtió a los periodistas de la provincia de Jaén que "cualquier cosa les puede pasar" si continúan publicando información que le perjudique.

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