Panamá

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Informe ante la Reunión de Medio Año
Abril 20-23, 2021
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En este período se siguieron usando demandas judiciales contra medios y periodistas como instrumento de intimidación y se incrementó la violencia por parte de la Policía Nacional contra los periodistas durante las protestas públicas.

En febrero el Tribunal Electoral presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de Reformas Electorales que modifican el Código Electoral. Se fijan normas que tipifican como faltas electorales la difusión de noticias falsas y la desinformación que pueda ser perjudicial para el proceso electoral o los servicios que brinda el Tribunal Electoral. Propone multar la difusión de propaganda electoral en publicaciones de contenido editorial, cuando se promueva a un aspirante, precandidato, candidato o partido, así como el uso indebido de los medios digitales y la violación al descuento de tarifas por parte de las radioemisoras o televisoras.

El proyecto se encuentra pendiente de trámite legislativo.

No ha tenido trámite legislativo, hasta ahora, el proyecto de ley presentado por el diputado Javier Sucre que busca sancionar a las personas que "graben videos, tomen fotos de calamidades, catástrofes, accidentes, riñas o cualquier incidente que se presente, afectando a terceras personas y se publiquen en redes sociales".

Siguen en trámite denuncias y querellas presentadas por el expresidente, Ricardo Martinelli, por la posible comisión de delitos contra el honor contra Corporación La Prensa, afectando a un total de 38 periodistas, directores o directivos querellados de la misma casa editorial, con reclamaciones hasta por un monto de 46.1 millones de dólares.

Sigue pendiente el proceso ante el Juzgado Decimoquinto Civil de Circuito de Panamá, a cargo de la jueza Lina Castro de León, en el que se ordenó un secuestro de cuentas bancarias y activos de Corporación La Prensa por un monto de 1.13 millones de dólares, dentro de una demanda presentada por el expresidente, Ernesto Pérez Balladares, por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor en un proceso que data de 2012.

En el ámbito civil, la legislación permite que ante un proceso por daños y perjuicios el reclamante –sin que se haya dictado sentencia a su favor– pueda promover el congelamiento de activos lo que pondría en riesgo la operación del medio de comunicación demandado.

Luego de un proceso que data de más de 10 años, interpuesto por la magistrada del Órgano Judicial, Geneva Ladrón de Guevara, contra el diario La Estrella de Panamá y la periodista Linett Lynch por supuesto daño moral; la jueza de Decimosexta de Circuito Judicial, Guimara Aparicio, decretó un embargo contra los bienes de la periodista Lynch, en una afrenta al ejercicio del libre periodismo. La publicación objeto de la demanda guarda relación con una denuncia sobre tráfico de influencias para la obtención de sentencias en el tribunal que regía la magistrada Ladrón de Guevara.

La acción interpuesta establece un precedente funesto para el ejercicio del periodismo, al poder embargar los bienes personales de los periodistas, por montos desproporcionados, convirtiéndose en una forma de promoción de la autocensura.

Preocupa el incremento de la utilización de acciones judiciales contra medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión (influencers), como herramienta de intimidación y para promover la autocensura.

Se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la Injuria y Calumnia, cuando se cometan a través de medios de comunicación, y aunque ha quedado despenalizada cuando se trata de que la "supuesta víctima" sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, puede ser aducida por particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios. El Código Penal tipifica estos delitos con pena de prisión que va de 6 a 18 meses, o sus equivalentes a días multas.

En los últimos meses se observó un incremento de acciones policiales en la represión de las protestas ciudadanas, que impiden el libre y pacífico desarrollo de estas. El periodista Juan Cajar, de La Estrella de Panamá, fue detenido por "alterar el orden público" cuando se encontraba cubriendo una protesta, debidamente identificado en octubre. También fue agredido el fotoperiodista Bienvenido Velasco de EFE, por la Policía Nacional durante la cobertura de una protesta ciudadana en diciembre.

El Ministerio Público remitió al juzgado correspondiente el denominado caso "New Business", que investigó - basado en información remitida por la Asamblea Nacional de Diputados -, la forma de adquisición del grupo editorial EPASA por sus actuales propietarios, que publica los diarios Panamá-América y Crítica. El Ministerio Público pide el llamamiento a juicio de 25 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Causó sorpresa conocer que durante la investigación se lograron recuperar 9.2 millones de dólares en acciones (que representan el 30% del grupo), las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional para el Estado. A estas alturas, después de más de cuatro años de investigación se espera un proceso expedito que deslinde la investigación y salvaguarde el libre ejercicio del periodismo de ese grupo editorial.

Varias solicitudes de información sobre el uso de fondos públicos durante el periodo de pandemia, pendientes de respuestas, reiteran la necesidad de reforzar la formación en materia de la Ley de Transparencia a funcionarios e instituciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

Aún está vigente en Panamá el Estado de Emergencia Nacional decretado por el Consejo de Gabinete desde el 13 de marzo, por razón de la pandemia de Covid-19, con restricciones de movilidad que se han variado y flexibilizado recientemente, aunque se mantiene un toque de queda de 12:00 medianoche a 4:00 a.m.

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