La falta de acceso a la información pública fue constante en este período, con ministros y funcionarios que se negaron a dar declaraciones sobre temas de interés público.
Debido a la actitud defensiva del gobierno, algunos medios acudieron a la Sala IV para que los magistrados obliguen a brindar información. Entre los recursos de amparo interpuestos durante estos seis últimos meses, la Corte obligó a la presidente del Incofer a dar datos ferroviarios, así como a la presidenta de Acueductos y Alcantarillados a dar información sobre actividades de esa entidad.
Se interpuso una acción civil resarcitoria contra la directora de la dirección General de Migración y Extranjería por difamación contra Diario Extra y el periodista Greivin Granados.
En octubre, un juzgado ejecutor de la pena de San José prohibió a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, dar declaraciones a la prensa, lo que impuso una mordaza a los medios de comunicación.
El 10 de octubre un empresario bancario que está siendo demandado por varias asociaciones por mal uso de fondos trató de involucrar al Semanario Universidad y Diario Extra, que se han hecho eco de las denuncias públicas de sus víctimas.
El 11 de octubre la Fiscalía General negó información al medio digital CRHOY sobre un proceso que involucra a un posible candidato a las elecciones presidenciales de febrero de 2022.
