Caribe

Tras el breve período de desafíos introducidos por las medidas de contención anunciadas por el gobierno con el inicio de la pandemia de COVID 19 en marzo de 2020, y los estragos económicos causados ​​a las empresas de medios, la situación de la libertad de prensa se ha mantenido estable sin ataques a periodistas. Los principales temas que se están monitoreando y que tienen un impacto directo o tangencial a la libertad de prensa son:

Luego de 11 años de inactividad, el gobierno ha retomado la discusión sobre la reforma a la Ley de Acceso a la Información de 2002. El catalizador de esto ha sido que el gobierno se convirtió en signatario del Open Government Partnership en enero de 2021. Este programa requiere que el gobierno implemente varios proyectos (incluida la reforma de la ley de acceso a la información) dentro de un plazo específico para seguir siendo miembro. Si bien esto es alentador, el desafío inmediato que enfrenta el gobierno es si podrá abandonar el trabajo de un proceso que se inició hace más de 15 años en el Parlamento y comenzar de nuevo. Si la decisión, que pareciera que está aprobando la oficina del Fiscal General, es que se abandone el trabajo, entonces el proceso de actualización de la ley podría conllevar un proceso de varios años. Se espera que el gobierno le de prioridad a la actilización.

Siguiendo el precedente de otros países (p. ej., Australia, Canadá y Europa) y también en consonancia con los esfuerzos de la SIP, la Asociación de Medios de Jamaica y un conglomerado de medios han hecho propuestas al gobierno y al líder de CARICOM para cabildear a favor de legislar para que los medios en forma colectiva puedan negociar con las plataformas digitales, tales como Google y Meta, para conseguir una remuneración por el uso de los contenidos. Los medios de comunicación regionales se enfrentan a un cambio acelerado de los ingresos publicitarios a sus ofertas en línea a través de estas plataformas digitales, las que obtienen una parte significativa de ingresos. Esto se manifiesta como una amenaza a la libertad de prensa ya que hay menos recursos financieros para financiar el periodismo local y confiable. La reacción del gobierno hasta ahora ha sido tibia, pero las asociaciones locales y regionales continuarán presionando con el apoyo de los miembros de la SIP.