Colombia

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Informe ante la Reunión de Medio Año

19-22 de abril de 2022

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Las declaraciones agresivas y estigmatizantes contra la prensa por parte de líderes políticos en el contexto de la campaña electoral al Congreso y la Presidencia, así como amenazas y casos de acoso judicial contra reporteros, fueron de los hechos más destacados en contra de la libertad de prensa.

En primer lugar, el avance de la campaña política en un contexto de polarización ideológica ha dado paso a condenables expresiones de funcionarios y candidatos hacia periodistas y medios.

En los últimos tres meses, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se documentaron 13 casos de estigmatización a medios: siete por parte de funcionarios y seis por parte de candidatos al Congreso y la Presidencia.

Uno de los casos más llamativos, por provenir de un aspirante a la Presidencia, es el de Gustavo Petro, líder del movimiento Pacto Histórico. Petro utilizó en Twitter la expresión "Neonazis en RCN", en alusión a una columna crítica hacia su propuesta en materia de pensiones.

En otro incidente, el candidato presidencial Enrique Gómez Martínez dijo en Twitter que "varios medios han asumido las banderas del narcotráfico" en referencia a la información publicada por Vorágine, Cambio y El Espectador sobre los interrogantes que rodean una operación del Ejército que dejó 11 muertos. La FLIP rechazó ese señalamiento y dijo que además de ser infundado, busca deslegitimar el trabajo de los periodistas, pero, sobre todo, los pone en peligro.

También generó preocupación el comportamiento del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien utilizó sus redes para descalificar la labor periodística del diario El Colombiano, de esa ciudad. A finales de enero, en su perfil de Twitter, publicó, acompañada de un comentario irónico, una portada falsa de dicho periódico sin aclarar de ninguna manera que estaba reproduciendo un material apócrifo.

Las amenazas y los ataques siguen siendo un factor de alarma para el ejercicio de la libertad de prensa. El 3 de abril un carro mortuorio persiguió, durante 4 kilómetros, el vehículo de Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno. El conductor del vehículo fue abordado por la Policía y no pudo dar explicaciones satisfactorias, lo que se interpretó como un acto de intimidación.

El 19 de enero, la explosión de un carro bomba atribuido a las disidencias de las Farc destruyó las instalaciones del medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras y de la emisora comunitaria Sarare Stereo, en Saravena, departamento de Arauca. Días antes, siete periodistas habían denunciado amenazas por parte de las mencionadas disidencias y del ELN –grupos enfrentados por el control de rentas ilegales– con las que buscaban presionarlos para que publicaran información afín a sus intereses.

En relación con el acoso judicial, una práctica cada vez más frecuente, cuatro casos prendieron las alarmas en este período. Las periodistas Claudia Báez y Diana Salinas, de Cuestión Pública, fueron citadas por una denuncia en su contra del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, por revelaciones que lo comprometen y que fueron publicadas en el trabajo "Sabemos lo que hiciste en la legislatura pasada".

Otro caso es el del periodista Carlos Cortés, denunciado por el abogado Abelardo de la Espriella por un tuit en su contra. En dicha publicación, Cortés afirma que De la Espriella "promueve y amplifica la desinformación en Colombia". Por este mismo mensaje, el abogado inició también un proceso de responsabilidad civil contra el periodista.

Otro caso involucra al periodista de Cúcuta Gabriel Angarita, citado a una audiencia de conciliación por la denuncia del empresario Víctor Manuel Carillo, quien ya había intentado obstaculizar su labor a través de una acción de tutela.

Un cuarto caso es el del periodista Juan Pablo Barrientos, autor de un libro en el que denuncia numerosos casos de acoso y abuso sexual por parte de sacerdotes a menores de edad. A finales del año pasado, en tan solo un mes, Barrientos debió atender siete procesos de tutela que pretendían violar la reserva de la fuente y censurar la publicación de su libro. Estos procesos fueron promovidos por distintos sacerdotes del Meta.

Preocupa la ausencia de respuestas, avances en las investigaciones y conclusiones sobre las denuncias que se hicieron respecto de seguimiento ilegal y perfilamientos a periodistas por parte de la rama de inteligencia del Ejército.

Un juzgado de Bogotá condenó a Ariel Ortega a 76 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Julio César González Quiceno (caricaturista conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. Entre marzo y abril de 2018, Ortega compartió en su cuenta de Twitter múltiples mensajes de amenazas de muerte, en los cuales se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas para callar a la prensa.

Sobre los proyectos de ley y normas regulatorias que ponen en riesgo el libre ejercicio de la prensa, no fue aprobado un artículo que facilitaba la censura en la ley anticorrupción. La propuesta sancionaba, mediante la cancelación de la personería jurídica, a las organizaciones comunitarias que realizaran denuncias consideradas sin sustento contra funcionarios y exfuncionarios públicos.

Tras la advertencia del presidente Iván Duque de que objetaría la ley en caso de ser aprobada con el artículo en cuestión, el Congreso encontró una fórmula para no incluirlo en el texto final de la ley durante la fase final de la conciliación. Duque afirmó que Colombia, como firmante, a instancias de la SIP, de la Declaración de Chapultepec, no estaba de acuerdo con ninguna "mordaza a la libertad de prensa".

Por otra parte, genera inquietud la posibilidad de que los canales privados de TV sean objeto de nuevas regulaciones que aumenten la desventaja en la que se encuentran frente a las plataformas digitales. La preocupación recae sobre el papel de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los canales reclaman que se busque limitar su libertad de programación e imponer contenidos en horarios 'prime'. Esta situación los pone en desventaja competitiva, desincentiva la inversión y podría limitar sus libertades.

Continúa la alerta por el proyecto de ley 600, de 2021, que discute la cámara baja. Este crea una Comisión de Expertos que no es necesaria dada la existencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y que puede configurarse como una forma de censura previa dado que tendría la facultad de definir un catálogo de contenidos que, de manera preliminar y genérica, sean considerados como capaces de atentar contra la integridad moral, psíquica o física de los niños y adolescentes. El proyecto está pendiente de ser discutido en segundo debate.

Otro caso es el de la objeción presidencial al proyecto de ley 473 sobre la derogación de la ampliación de términos para atender peticiones de información ante las autoridades. Para la FLIP, la objeción de la Presidencia es una violación grave al acceso a la información pública, que va en detrimento de la libertad de prensa y la capacidad de investigación periodística, pues los periodistas no pueden acceder de forma oportuna a información de este tipo. El tema está pendiente de reconsideración en la Cámara.

Una iniciativa, al proyecto de ley 090 de 2021, que entra a segundo debate, pretende cortar el mecanismo de abuso del sistema jurídico para intimidar y censurar asuntos de interés público.

Causa preocupación que están próximos a prescribir más casos de periodistas asesinados, los cuales se suman a los 92 que llegaron a esa fase en 2021. El pasado 23 de enero prescribió el asesinato de Marco Antonio Ayala, ocurrido en Cali en 2002. Entre abril y diciembre de este año, prescribirán los siguientes crímenes ocurridos en 2002: Walter López (Valle del Cauca), Héctor Sandoval (Valle del Cauca), Víctor Omar Acosta (Valle del Cauca), Efraín Varela Noriega (Arauca), Elizabeth Obando (Tolima), Mario Prada Díaz (Santander), Dennis Segundo Sánchez Lora (Carmen de Bolívar) y Gimbler Perdomo Zamora (Huila).

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