El Salvador

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Informe ante la Reunión de Medio Año

19-22 de abril de 2022

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El gobierno de Nayib Bukele ha implantado un cerco legal y de facto para estrangular la libertad de expresión y de prensa. Son comunes las amenazas, descalificaciones y discursos de odio en contra de periodistas y medios independientes. Varias reformas penales, una ley mordaza y la vigilancia y persecución a través del software Pegasus y otros recursos tecnológicos forman parte del abanico de restricciones contra la prensa.

Bukele y sus funcionarios descalifican informaciones que afectan su imagen. Un alto funcionario amenazó con procesos judiciales para obligar a periodistas a romper el secreto profesional y revelar sus fuentes.

Con el argumento de la guerra contra las pandillas y la declaratoria del Régimen de Excepción, los periodistas están expuestos a censura penal, lo que deriva en casos de autocensura con nuevas disposiciones que criminalizan informar sobre pandillas.

El 5 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó una ley mordaza, con lenguaje ambiguo que permite ampliar discrecionalidad a la autoridad para criminalizar la cobertura sobre las pandillas. La reforma castiga hasta con 15 años de cárcel la publicación de contenidos que, a juicio de una autoridad, pueden considerarse como "mensajes de las pandillas" o que causen "pánico" a la población.

Las nuevas disposiciones dicen que "en igual sanción incurrirán quienes, por medio del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuencia /es, que pudieren generar zozobra y pánico a la población en general".

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aseguró que se busca "cuidar la salud mental de las personas afectadas por la zozobra generada por los diferentes medios".

Desde el año pasado, los órganos Legislativo y Judicial están alineados con el Ejecutivo, lo que ha llevado a que se cometan irregularidades y abusos. Los jueces que han emitido resoluciones independientes han sido degradados o removidos de sus cargos.

Reporteros de diferentes medios han sido retenidos por la policía y agredidos físicamente.

El vicepresidente Félix Ulloa, los diputados Romeo Auerbach y Carlos Hermann Bruch y sectores afines han arremetido en las redes sociales contra medios y periodistas independientes que han informado sobre el repunte de homicidios, que dejó más de 70 muertos en dos días y por el cual el gobierno de Bukele decretó el Régimen de Excepción.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que, durante la reunión plenaria de la Asamblea para aprobar el Régimen de Excepción, el diputado Auerbach se refirió a los periodistas independientes como "chiquiperiodistas" y "dundos" (tontos) y señaló que estaban "muy contentos porque había muchos muertos".

Bukele llamó "basura, sobrino de un genocida" al antropólogo Juan Martínez d'Aubuisson, quien escribe para el diario digital El Faro, basándose en el segmento de una entrevista sobre las pandillas, sacada de contexto.

"Presidente Bukele, me parece lamentable la forma en que se refiere a mí y a mi trabajo. Le invito a ver la entrevista completa y a revisar los trabajos académicos y periodísticos que he realizado durante más de una década", le respondió Martínez, quien decidió marcharse del país por la presión y la animadversión generada hacia él desde el oficialismo.

En un tuit, Bukele intentó ligar con las pandillas y la violencia a medios y otras organizaciones diciendo que "una consecuencia de que toda esa gente, ONGs, medios, partidos políticos y hasta gobiernos 'amigos', hayan salido a defender a los pandilleros... Es que ahora el pueblo salvadoreño estará claro de quiénes han estado detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos".

Hacer "apología del delito" y "colaborar con pandillas" son algunas de las acusaciones que representantes del gobierno salvadoreño hacen en contra de periodistas de El Faro.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que las recientes reformas que penalizan hasta con 15 años de cárcel a quienes difundan mensajes alusivos a pandillas por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales atentan contra la libertad de expresión. La Relatoría alertó que tal cual están redactadas ambas enmiendas "activan riesgos de criminalización severa sobre actividades legítimas en la sociedad y de especial trascendencia para la vida democrática como lo son el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la actividad parlamentaria, la investigación académica, entre otras".

El gobierno de Bukele ha negado que atente contra la libre expresión y expone como prueba que "los medios de comunicación han continuado realizando publicaciones en diversidad de plataformas y en redes sociales sobre el tema de las pandillas no ha existido persecución alguna".

Sin embargo, la Relatoría indicó "que la amplitud y la vaguedad de los términos que se emplean (en las reformas) para describir las conductas prohibidas entran en conflicto con los estándares internacionales que exigen que todo límite a la libertad de expresión esté previsto de manera expresa, taxativa y clara en la ley. La mencionada ambigüedad de la redacción dificulta distinguir entre las expresiones sancionables y las que no".

APES denunció que funcionarios y allegados al régimen amenazan con señalar en la Fiscalía a periodistas por exponer procedimientos oscuros del régimen, como la liberación de un pandillero, tras lo cual un funcionario dijo que denunciaría ante el Ministerio Público contra el autor de la nota por haber "repetido mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población aun cuando el artículo 345 del Código Penal lo prohíbe".

La organización humanitaria Cristosal y la APES advirtieron el peligro de que los periodistas sean acusados por violar la ley mordaza y ser castigados hasta 15 años de cárcel.

Un fotoperiodista de El Diario de Hoy fue agredido por militares que mantenían un retén en un barrio del este de San Salvador a pesar de que se identificó como prensa. Los soldados obligaron al informador a hincarse, le quitaron su cámara y le borraron las fotos que había tomado.

Desde cuentas de redes sociales afines al oficialismo se ha acusado a los periodistas de El Faro, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, de tener relación con pandilleros y de que algunos funcionan como "postes" (vigías).

El diputado oficialista Bruch arremetió contra el periodista mexicano Diego Fonseca, columnista del The New York Times, por cuestionar tuits del presidente Bukele y sus planes de seguridad.

El periodista Oscar Martínez, de El Faro, denunció que recibió en redes sociales amenazas contra él y su familia, calificándolo de financiar pandillas.

El informe "Mujeres Periodistas y Libertad de Prensa en El Salvador", realizado por la Fundación para el Debido Proceso (DLPF), reveló que las mujeres periodistas han visto un incremento de la violencia y discriminación en su contra durante este gobierno".

La periodista Carmen Rodríguez, de La Prensa Gráfica, corresponsal del diario en el exterior, denunció que ha recibido mensajes amenazantes en las redes sociales de que no regrese al país. Denunció que usaron fotografías personales para sacarlas de contexto y exponerlas junto a mensajes denigrantes y humillantes.

La periodista Mariana Belloso, de La Semana con Mariana, manifestó que ni siquiera pueden contar con la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos para denunciar las agresiones.

Una investigación llevada adelante por las organizaciones internacionales Access Now, Front Line Defenders, The Citizen Lab, Amnesty International, Fundación Acceso, y SocialTIC, confirmó que 31 periodistas fueron espiados ilegalmente mediante el software Pegasus, entre ellos, periodistas de El Faro, GatoEncerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Disruptiva y periodistas independientes.

La CIDH celebró el 16 de marzo una audiencia en la que el Estado se desligó del espionaje y afirmó que "bajo ningún concepto" ejerce persecución contra personas o entidades que sean críticas al gobierno.

La CIDH respondió que la vigilancia ilegal con Pegasus representa un serio ataque contra la democracia y llamó al Estado a investigar con urgencia. El Estado insistió que lleva una "investigación exhaustiva", pero las organizaciones denunciantes desmintieron haber sido consultadas oficialmente.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, aprobó a inicios de febrero una reforma que avala a "agentes encubiertos digitales" para que capten información personal y pública almacenada en cualquier aparato electrónico, cuando investiguen delitos informáticos.

La reforma indica que la Fiscalía podrá ordenar por escrito a la Policía "la relación (sic) de operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias", en caso de que se investiguen delitos de la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y en "otras leyes penales especiales".

Según esta reforma, los "agentes digitales encubiertos" podrán entrar a los teléfonos celulares, computadoras y cualquier otro dispositivo que almacene información de la vida privada y laboral de los ciudadanos, para lo cual podrán usar, de manera legal, softwares de espionaje como Pegasus.

A mediados de 2021, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, habría revelado que "sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas que están haciendo ya no esa comunicación morbosa, sino que ya con una clara intención de generar apología".

Posteriormente, el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, advirtió con obligar a periodistas a romper el secreto profesional para revelar fuentes.

APES denunció que además de la violencia física y el espionaje cibernético, el Estado impone el secreto en todo lo relativo al trabajo administrativo y operacional del Organismo de Inteligencia del Estado, a las compras y contrataciones durante el primer año de la pandemia, y a todo lo relativo a la implementación de las políticas de salud y seguridad.

La tendencia y el discurso de odio contra los periodistas vienen desde el mismo presidente Bukele. Semanas atrás calificó como "una estupidez" la información de que miembros de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos evitan emitir opiniones críticas o cuestionar decisiones contra su gobierno por temor a ser detenidos cuando visiten el país.

El vicepresidente Ulloa se lanzó con diatribas contra la revista GatoEncerrado sobre el secretismo en el proceso de elaboración de la nueva Constitución. Ulloa respondió llamándoles "activistas disfrazados de periodistas". Su equipo también los calificó de "seudoperiodistas".

La Prensa Gráfica fue sancionada por el Ministerio de Trabajo con una multa de 23,827 dólares. El ministerio argumentó que era por supuestas faltas laborales, pero la sanción se produjo después de que el diario publicara que ese ministerio estaría involucrado en un proceso contra pandilleros por el cobro ilegal de bonos de 300 dólares durante la cuarentena forzada de 2020.

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