La situación de las libertades de expresión y de prensa están en su peor momento de las últimas dos décadas. Ahora no son sólo las instituciones tradicionales de agresión, como el Congreso y el Poder Judicial, sino, sobre todo, el Poder Ejecutivo. Se suma también la Fiscalía de la Nación, que abrió investigaciones contra periodistas por el mero hecho de informar, además de perseguir a periodistas y ciudadanos por sus posiciones políticas durante las elecciones presidenciales de 2021.
La plataforma Vigilantes, liderada por Transparencia e integrada por organizaciones de la sociedad civil como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) para monitorear el desarrollo del Estado de Derecho y la democracia en el gobierno de Pedro Castillo, señaló que de los siete puntos que evalúa en cuanto a libertad de expresión y de prensa, cuatro de ellos están considerados en alerta muy grave: garantizar y fortalecer la independencia del Instituto Peruano de Radio y Televisión; garantizar la transparencia y publicidad de procesos de contratación de publicidad estatal; no limitar, restringir o prohibir que los periodistas busquen, reciban o expresen información libremente; y no usar la vía judicial ni el poder político, directa o indirectamente, para intimidar/hostigar a periodistas y medios de prensa críticos al gobierno.
El CPP señala que Castillo es el presidente menos comprometido con la libertad de expresión desde Alberto Fujimori.
La Policía Nacional funciona como un escudo del presidente cuando este acude a eventos públicos, para evitar así que los periodistas puedan acercarse. En varias ocasiones, oficiales de la Policía atacaron físicamente a reporteros.
Existen grupos de ciudadanos violentos que insultan y atacan a periodistas, autoridades y personajes públicos por sus publicaciones, sus posiciones o su trabajo. También se ha convertido en un frente de agresión a la libertad de expresión el activismo político y digital que busca censurar opiniones discordantes, principalmente a través de las redes sociales.
El Poder Ejecutivo es la institución que más agrede, retórica y físicamente, a los periodistas, especialmente aquellos que indagan sobre los presuntos actos de corrupción del gobierno.
En un evento realizado en la región de Huancavelica en noviembre, el presidente Castillo amenazó con dejar de contratar publicidad estatal en medios privados que, bajo su criterio, "tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo, a aquellos que quieren hacer otra cosa", cuando por ley la publicidad del Estado se define bajo estándares técnicos.
En febrero un grupo de policías evitó que periodistas se acercaran al presidente a hacerle preguntas en un evento realizado en San Juan de Lurigancho, Lima.
Una funcionaria de la Presidencia del Consejo de Ministros señaló en febrero que el primer ministro, Aníbal Torres, habría buscado impedir que la publicidad del Estado para una campaña educativa se dirigiera a un grupo mediático local de oposición.
Durante un foro en el que participaba el presidente en febrero, personal de seguridad de la presidencia bloqueó las puertas del recinto para evitar que ingresara la prensa. Los periodistas quedaron encerrados.
En marzo, el periodista César Hildebrandt hizo público que el presidente Castillo le había hablado de su interés para que tuviera "una presencia importante" en Canal 7, a pesar de que el presidente no puede proponer ni nombrar periodistas o coberturas en el canal del Estado.
El periodista Enrique Chávez, de Canal 7 (del Estado), fue despedido sin mayor razón. Al dejar su puesto, habló de injerencias políticas, aunque las autoridades del canal lo negaron.
En abril, luego de las protestas contra el gobierno de Castillo, el primer ministro Aníbal Torres señaló que el diario El Comercio era "golpista" y que en el Perú existe una prensa "ladrona de la verdad", "que desinforma permanentemente".
En abril el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de reforma del artículo 61 de la Constitución para, entre otros aspectos, prohibir la propiedad cruzada de los medios de comunicación.
Las agresiones del Poder Legislativo continúan, pero con menos virulencias que en períodos anteriores. Si bien el Congreso disuelto (2016-2019) y el que lo sucedió (2020-2021) fueron un constante frente de agresión, el actual no tiene la retórica ni iniciativas anti-libertad de prensa.
En diciembre, la congresista de Podemos Perú María Teresa Cabrera Vega presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 132 del Código Penal a fin de ampliar la pena de cárcel actual por difamación –de uno a tres años– a entre cuatro y seis si esta se comente "con el propósito de obtener beneficio o lucro alguno". Así, la pena de cárcel pasa a ser de suspendida a efectiva.
Un dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso en febrero señala que los periodistas que difundan la identidad o las declaraciones de colaboradores eficaces de la justicia y de fiscales, jueces y procuradores, serán sancionados con no menos de cuatro ni más de seis años de cárcel. Si el difusor es un funcionario público, la pena será no menor de cinco ni mayor de siete años de cárcel, más inhabilitación del cargo.
En los últimos meses, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones contra periodistas y ciudadanos por informar acerca de los casos Lava Jato y Sodalicio y por sus posiciones respecto de las elecciones presidenciales de 2021.
En noviembre la Fiscalía inició una investigación contra el periodista de Ojo-Público Ernesto Cabral, por presuntamente haber hecho una revelación indebida. Cabral reveló que Martín Belaunde Lossio, investigado en el caso Lava Jato por lavado de dinero y asociación ilícita, era un colaborador eficaz de la justicia en un contexto en el cual el periodista revelaba coordinaciones irregulares entre el investigado y dos fiscales. La Fiscalía pidió el levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista, lo que vulnera el derecho de los periodistas a la reserva y el anonimato de sus fuentes.
El 8 de enero un grupo de fiscales y policías allanaron la casa del periodista Pedro Salinas, coautor del libro 'Mitad monjes, mitad soldados', sobre abusos cometidos por el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana. Se incautó su teléfono, el de su hija menor de edad y se intentó también incautar su computadora.
El Ministerio Público abrió en marzo una investigación a más de 20 personas, entre ellas Mario Vargas Llosa, Fernando Rospigliosi y hasta personajes del espectáculo, por esgrimir hipótesis y dar opiniones acerca de un eventual fraude electoral en la segunda vuelta de 2021 que, como quedó demostrado, no ocurrió.
Grupos violentos de ciudadanos se convirtieron en una de las principales formas de agresión contra periodistas. Si bien en el pasado solían ser las querellas por difamación, en el último semestre se incrementaron el acoso y los ataques a periodistas y personajes públicos por parte de ciudadanos. Estas agresiones se realizaron frente a medios de comunicación, viviendas y librerías. A pesar de que muchos de estos ciudadanos violentos fueron identificados, ni el Ministerio Público ni el Ministerio del Interior realizan operativos para frenar los ataques o llevarlos ante la justicia.
Entre esos actos de violencia, en noviembre grupos violentos aliados a la ultraderecha y al fujimorismo amenazaron y agredieron a periodistas y políticos. La llamada Legión de Patriotas del Perú, liderada por el teniente coronel de Ejército Peruano en retiro Luis Mendoza Willis, anunció represalias y amenazas contra periodistas de La República por informar sobre su organización. Asimismo, el grupo La Resistencia, a través de uno de sus líderes, Juan José Maelo, amenazó a un periodista de la revista Hildebrandt en sus trece, por sus publicaciones sobre la organización.
Otros hechos relevantes:
En diciembre, una funcionaria de la Municipalidad de Lima impidió al periodista Iván Escudero, de Exitosa Noticias, preguntar al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sobre por qué la municipalidad no se había asegurado de que se cumpliera un compromiso que asumió una empresa en 2017 para desmontar un almacén clandestino donde se originó un incendio a finales del año pasado.
El periodista Denis Flores Díaz, del programa Amazonía informada, fue sentenciado en primera instancia por difamar a Javier Cárdenas Guevara, director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Nauta, en Loreto. Se le condenó a un año de prisión suspendida y al pago de S/.5,000 de reparación civil.
En noviembre el político y empresario César Acuña solicitó un embargo contra los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel y la editorial que este último dirige, Penguin Random House, por supuestas frases difamatorias que aparecen en el libro Plata como cancha, un perfil de Acuña escrito por Acosta. Este pedido se da como garantía para una querella por difamación en la que el político y empresario pide una compensación de S/.100 millones. Luego, en enero, Acosta, Pimentel y Penguin Random House fueron condenados a dos años de cárcel suspendida y al pago de una reparación civil de S/.400,000 por difamación. Bajo criterio del juez del caso, Raúl Rodolfo Jesús Vega, las citas textuales utilizadas por Acosta no habrían sido corroboradas por "fuentes confiables".
La periodista Sigridt Greffa, del medio La Voz Ucayalina, fue amenazada por Eder Zagaceta Barbarán, abogado de Néstor Rodríguez Acosta, un personaje que ha sido acusado de asesinar a su hermana.
Integrantes de los grupos de derecha La Resistencia, La Insurgencia y Los Combatientes protestaron violentamente frente a la redacción del medio IDL-Reporteros. Insultaron a su director, el periodista Gustavo Gorriti. IDL-Reporteros ha investigado casos de corrupción vinculados a partidos políticos de derecha.
En febrero el propietario de los medios iqueños Nova FM y Cadena Sur denunció que desconocidos dejaron en la puerta de su oficina una amenaza escrita: "Gastón Medina te vas a morir", acompañada de una bala. Ambos medios son críticos de la gestión del gobernador de Ica, Javier Gallegos. Estos mismos medios de comunicación fueron allanados por la fiscalía a finales del año pasado.
En marzo un grupo de simpatizantes del Gobierno atacó, a golpes y a chicotazos, a por lo menos cinco periodistas de diversos medios de comunicación, mientras cubrían en las afueras del Congreso el pedido de confianza del gabinete. Los reporteros atacados trabajan en La República, Caretas, Diario Uno y Latina, a cuyo camarógrafo incluso le dañaron sus equipos de trabajo.
El periodista Beto Ortiz fue condenado por el delito de difamación agravada a un año y cuatro meses de cárcel suspendida y una reparación civil de S/.50,000. Ortiz presentó en su programa un reportaje en el que afirmaba que Pedro Castilla, exviceministro de Promoción del Empleo, estaba acusado por el delito de matar a una mujer, aunque el funcionario fue absuelto en dos instancias.
Entre el 4, 5 y 6 de abril manifestantes violentos en la región de Ica amenazaron, asediaron y golpearon a periodistas de América TV, Canal N, La República, ATV, Dunas TV, Canal 13, Panamericana, TV Perú y Latina, quienes cubrían los sucesos. Algunos de ellos sufrieron robos de artículos personales y de herramientas de trabajo. Otros tuvieron que buscar protección en comercios y hoteles de la zona. Los manifestantes buscaban evitar que los periodistas registraran actos vandálicos que mantienen bloqueada la carretera Panamericana Sur.
El 5 de abril, cuando la ciudadanía se manifestaba pacíficamente en el Centro de Lima en rechazo al toque de queda impuesto por el gobierno, una turba atacó a periodistas que cubrían los hechos. "Una lluvia de piedras empezó a caer", dijo la periodista de La República Mary Luz Aranda, que sufrió un impacto en su brazo, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro de salud.
Todavía permanecen impunes los asesinatos de Melissa Alfaro, Hugo Bustíos y Jaime Ayala. Tras más de treinta años de ser asesinados, las familias de estos periodistas no han encontrado justicia. En el caso de Ayala, recientemente se inició un juicio oral.
Treinta años después del asesinato de la periodista Melissa Alfaro, jefe de informaciones de la revista Cambio, la justicia no ha determinado un culpable, a pesar de que investigaciones señalan al Ejército Peruano como ejecutor del envío del sobre explosivo que mató a la periodista. El caso pasó por una amnistía, un expediente perdido y, por la pandemia, una reprogramación de juicio oral que, de momento, no tiene fecha de inicio.
En marzo inició el juicio oral contra exoficiales de la Marina por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala. Entre ellos están Alberto Rivera Valdeavellano y Augusto Gabilondo García del Barco. Al cierre de este informe se debía realizar la audiencia del juicio.