Venezuela

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Informe ante la Reunión de Medio Año

19-22 de abril de 2022

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En este período fueron una constante los allanamientos, las amenazas y la persecución a periodistas que investigan casos de corrupción por parte de altos funcionarios del gobierno.

A ello se sumaron casos de violencia física, amenazas y ataques contra periodistas que cubrían las elecciones regionales, por parte de autoridades policiales y militares, y grupos paramilitares armados y organizados por el gobierno.

La confiscación de las instalaciones de El Nacional ocurrió con el descaro de un sistema judicial que no tiene autonomía del Poder Ejecutivo. Los jueces siguen instrucciones directas de Diosdado Cabello, pasando por encima de cualquier procedimiento legal. La demanda penal de difamación nunca llegó a sentencia; se detuvo en la audiencia de conciliación. Sin embargo, las medidas cautelares se mantienen después de cinco años. El juicio civil que llevó a una sentencia de pago por indemnización de 13 millones de dólares se realizó sin sentencia penal ni justificación del increíble monto final. La acción del Ejército que tomaba con armas largas las instalaciones y desalojaba a todos los trabajadores se hizo sin ningún procedimiento legal o lícito. Fue irregular la valuación de esas instalaciones en 10 millones de dólares para entregarle el edificio a Cabello como propiedad privada.

El 7 de febrero se concretó la adjudicación de la sede de El Nacional a Cabello. El Nacional aseguró que se trató de un "irregular y clandestino remate judicial" que se habría realizado sin haberse publicado "los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, la hora y el monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas" y sin la presencia de testigos. El procedimiento tampoco cumplió con las reglas procesales habituales. La jueza del caso fue Lisbeth del Carmen Amoroso, hermana del contralor general, Elvis Amoroso. De esta forma se concretó el despojo o arrebato judicial del diario.

El juicio de difamación por la nota publicada en El Nacional, originalmente de ABC de España, nunca avanzó y tampoco se tuvo en cuenta que la DEA estableció una recompensa de 10 millones de dólares para quien colaborara con la captura de Cabello.

La indemnización inicial contra El Nacional, que se había acordado a favor de Cabello y este había aceptado (con lo que quedaba en consecuencia firme y con valor de cosa juzgada desde 2018), era por el monto de 10 mil bolívares soberanos (Bs. S. 10.000,00; hoy 0,1 bolívares digitales). Esta cifra fue intempestivamente modificada como consecuencia de un infundado avocamiento de la Sala de Casación Civil del TSJ, que transformó el monto de condena definitiva en la inverosímil cifra de doscientos treinta y siete mil petros (237.000 Ptros.) que, en el cambio del momento, equivalían a 13 millones de dólares.

Esto ocurrió justo cuando Cabello fue designado presidente de la Comisión Especial para la Conducción de la Revolución Judicial en todo el Sistema de Justicia venezolano.

Otra agresión importante contra los medios fueron los bloqueos a sus portales de internet, entre ellos El Nacional, la Patilla, Efecto Cocuyo, lo que afectó también a portales administrados desde otros países. Estos bloqueos se hacen sin respaldo judicial, de manera discrecional y absolutamente arbitraria. Ocurre dándole instrucciones a las compañías telefónicas para que hagan el bloqueo. Se incluyen compañías transnacionales como Telefónica, que pasan por encima de sus propios principios de no violación de los derechos humanos.

Otras agresiones contra periodistas y medios en este período:

El 19 de noviembre el reportero gráfico Wuilmer Barrero, del diario Nueva Prensa de Guayana, en el estado Bolívar, fue emboscado y robado por un grupo de personas identificadas con el chavismo durante el cierre de campaña del PSUV. Los delincuentes le apuntaron al periodista en la espalda y en sus partes íntimas, y amenazaron con asesinarlo, mientras el resto del grupo bailaba alrededor para ocultar lo que ocurría. Fue despojado de dos celulares, billetera, cámara fotográfica, la cédula y documentos.

El 21 de noviembre, periodistas en el estado Mérida reportaron que coordinadores de centros de votación negaron acceso a la prensa debidamente acreditada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la cobertura de los comicios regionales.

Lorena Bornacelly, periodista de El Pitazo TV en el estado Táchira, denunció que testigos electorales del partido de gobierno PSUV tomaron fotos a los reporteros que cubrían la votación del alcalde de San Cristóbal, Gustavo Delgado.

Pilar Guerra, periodista del medio digital Mango Noticias en el estado Cojedes, denunció que cerca del centro de votación Liceo Creación San Carlos, un efectivo de militar le exigió borrar dos videos con imágenes de puntos rojos en el lugar.

Periodistas de al menos siete medios de comunicación en el estado Monagas reportaron que funcionarios del CNE y del Plan República les impidieron la entrada a los centros de votación para dar cobertura a los candidatos de la oposición.

El 26 de noviembre, funcionarios del CNE en Tovar, estado Mérida, impidieron al periodista Javier Cuberos, de Mocotíes 104,9 FM, dar cobertura a la proclamación del alcalde electo en el municipio. Lo acusaron de haber Incitado al odio en su programa radial.

El 27 de noviembre Conatel ordenó el cierre de la emisora Monumental 94.1 FM, en Santa Bárbara de Barinas. El medio radial pertenece al opositor Nelson García Mora, alcalde electo en este municipio.

El 7 de diciembre Conatel ordenó la suspensión del programa "La Mejor Barinas", transmitido por Emoción 98.1 FM y conducido por Freddy Superlano, excandidato a la gobernación. Superlano aseguró que amenazaron con cerrar la emisora si el programa seguía en el aire.

El 28 de diciembre Conatel cerró la emisora Kalor 101.9 FM, en Acarigua, estado Portuguesa. También cerraron Astro 97.7 FM, en el municipio Ospino del mismo estado. Ambas estaciones son propiedad del periodista Carlos Barrios, alcalde electo en Ospino. Conatel argumentó que la concesión de ambas estaciones radiales que vienen operando 12 y 20 años, respectivamente, estaba vencida.

El 9 de enero, durante las elecciones regionales de Barinas, la periodista Fabiola Barrera denunció que el Plan República le impidió hacer su trabajo reporteril durante la visita a un centro de votación en el estado Barinas. También un funcionario del Plan República intimidó fotografiando las credenciales de Yelitza Figueroa, corresponsal de Crónica Uno.

El 10 de enero, José Urbina, director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM de Puerto Páez, en el estado Apure, fue asesinado en el municipio Pedro Camejo. Urbina era militante del Partido Comunista y había advertido públicamente que recibía amenazas por denunciar la acción de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ante los conflictos armados en la zona fronteriza con Colombia.

El 26 de enero, funcionarios de la GNB en un punto de recolección de firmas para el revocatorio en San Carlos, estado Cojedes, impidieron el trabajo de los periodistas Pilar Guerra, de VPI TV; Gregorio Villalonga, de Unión Radio, y Alexander Olvera, de Moda 105.1FM.

El 2 de febrero, operadoras privadas de telecomunicaciones se sumaron al bloqueo selectivo de medios de comunicación. Desde el 1 de febrero, de acuerdo con información de VE sin Filtro, están afectados los portales de noticias Efecto Cocuyo, Crónica Uno y canal EVTV Miami. Los bloqueos son de tipo DNS y fueron aplicados por CANTV, Movistar, Digitel, Supercable e Inter.

Las restricciones contra Efecto Cocuyo estaban activas en CANTV, mientras que las de EVTV se suman a un dominio anterior. El bloqueo a Crónica Uno es el primero. La directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, publicó en su cuenta en Twitter un llamado a las operadoras Inter, Supercable, Movistar y Digitel para que expliquen las razones por las que bloquean medios digitales. Las restricciones por DNS implican que los servidores no responden cuando se les pregunta por la página web bloqueada.

El 4 de febrero el reportero gráfico Nehomar Guerra, del diario El Tigrense, en el estado Anzoátegui, fue obligado a borrar las imágenes que había realizado durante los allanamientos que realizaban detectives en los locales comerciales del empresario Loimar Molletón.

El 9 de febrero la página web del diario Tal Cual fue atacada a través de múltiples solicitudes provenientes de direcciones controladas por Cantv para sacarla del aire.

El 11 de febrero el observatorio de internet VE sin Filtro reportó bloqueos a los dos principales dominios del portal El Nacional, posterior a nuevas amenazas de Cabello en su programa "Con el mazo dando".

VE sin Filtro logró identificar restricciones de acceso al DNS a través de la estatal Cantv y las privadas Movistar, Digitel, Inter y Supercable a los dominios elnacional.com y a el-nacional.com desde aproximadamente las 4:30 p.m. hora local.

IPYS Venezuela constató tales limitaciones a través de la metodología de OONI Probe en Digitel y Movistar. Mientras se evidenció un bloqueo de DNS a la URL elnacional.com, la restricción a el-nacional.com marcó un bloqueo de HTTP en Digitel.

El 22 de febrero la periodista Erika Verdi, del portal Táchira News, denunció en la Fiscalía de San Cristóbal, en el estado Táchira, una falsa acusación en su contra recibida desde cuentas anónimas en redes sociales. Verdi fue señalada por supuestos vínculos con grupos irregulares colombianos.

El 8 de marzo la oficina de prensa de la Gobernación del Táchira ordenó a los diferentes directores de ese organismo no declarar ante los medios de comunicación sin previa autorización de esa dirección.

El 12 de marzo el periodista de Mérida Euro Lobo denunció una campaña de descrédito en su contra y asegura haber recibido amenazas de funcionarios oficialistas que lo acusan de llevar una cuenta en Redes Sociales con la que niega estar vinculado.

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