El Salvador

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Informe ante la Reunión de Medio Año 2023
25-27 de abril
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El gobierno de Nayib Bukele se ufana de que existe libertad de expresión en el país al decir "no hay ni un solo periodista capturado ni medios cerrados". Sin embargo, durante este período los medios y periodistas independientes sufrieron restricciones y amenazas directas o veladas por parte de diputados oficialistas y altos funcionarios del gobierno. También la prensa sufrió ataques cibernéticos y acciones de espionaje sistemático, por lo que un medio se fue del país y otro cerró.

Esta situación se da debido al régimen de excepción y a las leyes que amenazan la libertad de expresión so pretexto de la lucha contra las pandillas. En este clima, un jefe de Policía dijo a los agentes que son "los jueces de la calle". El mismo funcionario celebró en Twitter que el gobierno de Bukele haya "unificado" y "concentrado" los poderes del Estado. La desafortunada declaración fue luego retirada.

Bajo el estado de excepción o estado de sitio, muchas personas temen ser encarceladas sin pruebas y sin debido proceso si critican al gobierno. Más de 67.000 personas fueron detenidas, un centenar murió en prisión y el gobierno liberó a más de 3.000 al admitir su inocencia.

El clima anti libertad de prensa propició la salida de una docena de periodistas del país y llevó al periódico digital El Faro a trasladar sus operaciones a Costa Rica. El Faro y sus periodistas han sido acosados, vinculados con pandillas, calificados de "enemigos del país" y hostigados por funcionarios del gobierno u "opinadores" y a través de cuentas oficialistas en las redes sociales.

"Durante la administración Bukele, El Faro y sus empleados hemos sido objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial; hemos enfrentado seguimientos físicos y amenazas; espionaje con Pegasus; acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial. Pero, sobre todo, hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes; el presidente incluso utilizó una cadena nacional de radio y televisión para falsamente acusarnos de lavado de dinero", dijo el medio en un comunicado.

El 14 de diciembre un equipo de La Prensa Gráfica que cubría avances en la construcción del megapenal de Tecoluca, San Vicente, fue intimidado y amedrentado por policías, militares y custodios de Centros Penales. A los tres periodistas les obligaron a borrar fotografías y videos.

El 15 de marzo fueron retenidos tres periodistas de El Diario de Hoy que cubrían un suceso relacionado con la construcción de un puente en el embalse de Cerrón Grande por parte de vigilantes de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. Pese a que no había señalización de restricción, los retuvieron para revisarles imágenes captadas con un dron.

El 31 de marzo, efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) retuvieron a dos periodistas de El Diario de Hoy, en La Campanera, municipio de Soyapango. Les prohibieron realizar su cobertura y les exigieron un permiso oficial para entrar.

El 8 de febrero agentes de la Policía retuvieron por una hora a un documentalista de Inter Diario y Korean Broascasting Sistem (KBS) cerca del campus de la Universidad de El Salvador. Los agentes tomaron fotos del comunicador, de sus documentos de identidad y del vehículo.

Existen casos de personas que han sido víctimas de represión, acoso y despidos ilegales de sus trabajos en instituciones estatales por ser familiares de periodistas independientes.

Es común que troles identificados con el bukelismo y diputados oficialistas sigan acosando y amenazando a periodistas independientes. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que un funcionario amenazó a los medios digitales El Faro y la revista digital Gato Encerrado.

La APES también registró al menos 14 declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación. Desde el 15 de marzo la periodista independiente Glenda Girón ha recibido acoso digital y declaraciones estigmatizantes de un diputado del oficialista partido Nuevas Ideas, así como de troles y cuentas anónimas en las redes sociales.

Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos citado por la agencia Reuters, el gobierno "usa influenciadores pagados y 'probablemente granjas de bots' para tuitear mensajes a favor del Gobierno 'decenas de miles de veces' sobre un tema determinado mientras se oculta el origen para 'crear la apariencia de auténtico apoyo de base". El informe revela cómo se manipula el discurso político, se acosa a críticos del gobierno en medios digitales y se hace uso de ejércitos de cuentas falsas que se activan en "milisegundos" para simular un arrollador apoyo a Bukele.

En diciembre, 15 periodistas de El Faro interpusieron una demanda contra la empresa fabricante del software espía Pegasus, con el cual fueron intervenidos ilegalmente sus teléfonos. La denuncia fue interpuesta por el Knight First Amendment Institute, de la Universidad de Columbia, contra la firma israelí NSO Group que desarrolló el software.

El 10 agosto 2022, dos periodistas de Gato Encerrado fueron citados por la Fiscalía General luego de que la APES denunciara el espionaje con Pegasus en contra de más 30 periodistas. El citatorio se basó en informes de las plataformas CitizenLab y AccessNow que determinaron que los teléfonos de tres periodistas de Gato Encerrado habían sido infectados con Pegasus, como parte de un total de 35 casos contra periodistas. La Fiscalía no concluyó las investigaciones ni informó al respecto.

Medios radiales y televisivos han dejado de difundir informaciones políticas desfavorables al gobierno o de fiscalización de sus actos y en su lugar enfatizan en temas de salud, entretenimiento y farándula.

A esto se suma el cese de operaciones de Teleprensa Canal 33, un medio que luchó por mantener su independencia pese al veto del oficialismo y la situación económica difícil, mientras otros medios radiales y televisivos se han mostrado plegados al oficialismo de manera abierta o velada, absteniéndose de difundir información equilibrada o contrastada.

Crece cada vez más la opacidad en las oficinas de gobierno cuando se les pide información pública. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se ha convertido en un ente invisible.


No obstante, se destacan esfuerzos cívicos y gremiales para fortalecer la fiscalización y la transparencia, como el proyecto "Defensa de la libertad de prensa en El Salvador", convenio entre la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) y la APES, financiado por la USAID. Tiene como objetivo "fortalecer la capacidad operativa y de gestión de la APES para consolidar la protección de los y las periodistas en el contexto actual, donde el periodismo, y particularmente el periodismo de investigación, están bajo ataque".

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