La situación de la libertad de expresión empeoró en el último semestre y está en su peor momento desde el retorno de la democracia en el año 2000.
Entre diciembre y febrero, más de 170 periodistas fueron agredidos, hostigados, amenazados, golpeados y detenidos arbitrariamente mientras cubrían las protestas a nivel nacional tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.
Los periodistas se han convertido en un blanco de ataque por parte de manifestantes, vándalos y agentes de la Policía Nacional del Perú. Muchos ya no se identifican ni realizan coberturas con identificación de sus medios.
Según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la mayoría de las agresiones proviene de oficiales de la Policía Nacional. No se iniciaron investigaciones contra ellos.
El hostigamiento por parte de civiles ha trascendido la cobertura social y política. Durante los aluviones en Arequipa, ciudadanos de lugares afectados no permitieron el ingreso de periodistas a la zona, a pesar de tratarse de un desastre natural.
En marzo, se presentaron ante el Congreso tres iniciativas legales que limitan la expresión libre y el trabajo de la prensa. En distintas votaciones preliminares, se observó que varias facciones de todo signo político se están inclinando a aprobarlas.
La congresista Noelia Herrera, del partido de derecha Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que hace obligatoria la colegiatura de periodistas. Mientras tanto, el congresista Segundo Montalvo, del partido de izquierda Perú Libre, presentó un proyecto de ley que busca ampliar de tres a cinco años la pena de cárcel por el delito de difamación.
El congresista Alex Flores Ramírez, de Perú Libre, presentó otro proyecto de ley que busca imponer cuotas de contenido cultural a los medios de comunicación televisivos y radiales. Al menos el 30% del contenido de los medios debe estar ligado a la música, la historia, la identidad y la cultura nacional, y el 30%, a artistas "emergentes".
Otros hechos importantes:
En noviembre una orden judicial del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al medio digital El Foco que retirara contenidos relacionados al presunto maltrato y acoso de cuatro extrabajadoras por parte del procurador del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Miguel Ángel Méndez Maúrtua, en julio de 2022.
Durante las protestas en diciembre tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo y su posterior vacancia por el Congreso, se registraron al menos 32 ataques conta periodistas que cubrían tanto la crisis política como las manifestaciones. Los periodistas agredidos eran de América TV, ATV, Canal N, CTC, El País, Exitosa, Huaura Noticias, La República, Latina, La Encerrona, Mataperrea, Noticias Ucayali, Panamericana TV, PBO, Radio La Ley, Radio Máxima, RPP, Sálvese Quien Pueda y Wayka, entre otros. Los agresores fueron manifestantes, agentes policiales y vándalos.
En enero fueron afectados los siguientes medios: América TV, ABC, AFP, Associated Press, ATV, Canal N, Comunicambio, EFE, EPA Noticias, El Comercio, El País, El Salto Diario, Exitosa, Fama TV, IDL Reporteros, Investiga Noticias, La Decana, La Encerrona, La Gazzeta, La Mula, La República, Latina, Mataperrea, Morotoro TV, New York Times, Nueva TV Nacional, Ojo Huanuqueño, Panamericana, Planeta TV, Radio Contacto Sur, Radio Onda Azul, Radio Huancané, Radio San Isidro, Radio Sudamericana, Reuters, RPP, The Guardian, San Miguel, TV Perú, Washington Post, Wayka, Willax y Zuma Press.
Se registró una tentativa de asesinato contra dos periodistas de la radio La Ribereña, en Bellavista, en la región de San Martín. Luis Agustín Angulo Díaz y Pablo Torres Putpaña fueron embestidos por una SUV. Angulo fue hospitalizado con lesiones de gravedad. Los periodistas venían denunciando la gestión municipal del alcalde de Bellavista Eduar Guevara Gallardo, quien dejó su cargo a inicios de año.
Otro periodistas agredidos fueron el fotoperiodista de la agencia EFE Aldair Mejía, en Puno; los periodistas José Yupanqui, de Exitosa Noticias, y Reynaldo Coila, de Radio Juliaca La Decana, también en Puno; el periodista Fernando Zora, de América TV, en Cusco; el fotoperiodista Walter Hupiu, agredido por policías cuando fotografiaba una detención de manifestantes en el centro de Lima; el camarógrafo Gianpierre Huillca, del medio PBO; Bryan Matías, periodista de Panamericana TV, agredido por decenas manifestantes en el centro de Lima.
El 21 de enero la sede de Radio San Miguel, en Ilave, Puno, fue vandalizada.
Otras agresiones se perpetraron contra la periodista de RPP Andrea Amésquita, la reportera Hellen Meniz, los periodistas Lourdes Páucar, Williams Nieva, Jhair Cabezas y Cristian Ydoña, de Canal N y América Televisión.
El 24 de enero, la fotógrafa Guadalupe Pardo recibió un disparo de perdigón de la Policía Nacional del Perú en el lente de su cámara, lo que evitó que perdiera la visión. Ese mismo día, el fotógrafo Sebastián Castañeda, de Reuters, fue alcanzado por la piedra de un manifestante y herido por perdigones de la policía en una pierna. Algo similar sucedió con el fotógrafo Juan Zapata, de Wayka, a quien le cayeron dos perdigones en un brazo. Asimismo, la fotógrafa Flor de Milagros Núñez, del portal Mataperrea, un policía le disparó una bomba lacrimógena en la cara. La cámara antigás que llevaba puesta la protegió, pero quedó destruida.
En febrero los medios afectados fueron: ABC, Coordinadora 14N, IDL-Reporteros, La Mula, La República, Nativa TV, TV Perú y Wayka,
Los periodistas Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti fueron acosados, insultados y amedrentados el 22 de febrero por el grupo de ultraderecha La Resistencia. Fueron acusados de "terroristas" y "comunistas". En ambos casos, los vándalos acudieron a sus viviendas y alteraron el orden público.
Una semana después, periodistas de Canal 7, el canal del Estado, fueron agredidos verbalmente y hostigados por miembros de La Resistencia. Vándalos persiguieron a la reportera Carla Sieza y al camarógrafo Piero Sánchez mientras cubrían una conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Personal de seguridad en la zona se rehusó a intervenir.
En marzo el periodista Liubomir Fernández, de La República fue amenazado en redes sociales por informar sobre la muerte de seis militares en el río Ilave, en Puno. Los militares habrían fallecido por seguir órdenes de un superior a pesar de que algunos no sabían nadar y cargaban con equipamiento pesado. Las muertes se dieron en el contexto de enfrentamientos entre militares y aimaras de esa región.
El gobernador regional de Áncash, Fabián Noriega Brito, ordenó a la Dirección de Transportes y Comunicaciones de su entidad evaluar las licencias de medios de comunicación radiales y televisivos utilizados para "fastidiar, para incomodar, para chantajear". El funcionario pidió a la prensa "apoyar a la autoridad". Dirigiéndose a la directora regional de Transportes y Comunicaciones, dijo: "Con firmeza de la policía y del Ejército, que esas radios que utilizan de manera no transparente e irresponsablemente para fastidiar, para incomodar, para chantajear, te pido que evalúes su licencia y que las cierres".
El reportero Carlos Navea, de Latina TV, fue agredido en el Congreso por Flor de los Milagros Contreras, una integrante del grupo de derecha radical La Resistencia, conocido por constantemente hostigar y amedrentar a periodistas.
La periodista Paola Ugaz fue notificada en abril sobre una investigación en su contra por parte de la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. El director del portal La Abeja, Luciano Revoredo, por tercera vez denunció a Ugaz ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En esta ocasión, denunció que Ugaz se enriqueció cuando formaba parte del equipo de prensa de Susana Villarán, exalcaldesa de Lima. La periodista sigue investigando al grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana por abuso sexual y psicológico y mal manejo financiero.
En materia de impunidad, 34 años después del asesinato del periodista Hugo Bustíos se alcanzó justicia. El exmilitar, excongresista y excandidato presidencial Daniel Urresti fue condenado a 12 años de prisión por matar en 1988 a quien fuera reportero de la revista Caretas. Urresti ya está detenido y encarcelado. Su defensa pedirá la nulidad del proceso.
Por otra parte, 31 años después del crimen se inició el juicio oral del asesinato de la periodista Melisa Alfaro, realizado con una bomba. Uno de los acusados es Vladimiro Montesinos, el exasesor presidencial de Alberto Fujimori, sentenciado y actualmente preso por corrupción y otros delitos. Otro acusado es Julio Salazar Monroe, quien trabajaba con Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional. Salazar Monroe también cumple una pena por violación a los derechos humanos. Un tercer acusado, Pedro Villanueva, excomandante general de las Fuerzas Armadas, habría fallecido el año pasado. Alfaro era redactora en jefe de la revista Cambio, opositora al régimen de Fujimori.
