En este período no se registraron hechos graves que afectaran la libertad de prensa. Tampoco existen restricciones legales que ataquen el derecho a la información o limiten la actividad de los medios y periodistas.
Rumbo a las elecciones generales de 2024, se agudiza el clima político entre los partidos de la Coalición Republicana, actualmente en el gobierno, y los partidos opositores que integran el Frente Amplio.
En una revisión del Senado sobre políticas de rendición de cuentas, el oficialismo busca agregar a la prensa escrita a un régimen de exoneraciones que actualmente incluye a empresas de radiodifusión y televisión, con la intención de ofrecer incentivos fiscales a medios como El País, los semanarios Búsqueda, Brecha, Voces, Caras y Caretas, Crónica y otras publicaciones de circulación en el interior del país.
En agosto, periodistas de los noticieros Telenoche, de Canal 4, y Subrayado, del Canal 10, fueron amenazados en represalia por sus coberturas sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien sigue prófugo. Los periodistas recibieron la advertencia por WhatsApp: "Hola. Si siguen haciendo artículos de mí habrá consecuencias. Soy Marset", acompañada por una foto con 24 cargadores de pistola. Las mismas amenazas fueron proferidas contra periodistas de Bolivia.
El caso "Marset" también ha sido el detonante de una crisis política con renuncias de dos ministros y otros funcionarios de jerarquía. El público ha recibido una amplísima información sobre el tema y no hay denuncias de que se haya limitado la actividad periodística.
Sigue pendiente el caso sobre el intento de amedrentamiento- "vigilancia clandestina", "seguimiento", "emboscada y persecución"-denunciado ante la SIP hace un año por el periodista Alfonso Lessa, a raíz de una investigación periodística que realizó sobre un tema referente a "tráfico de armas" y con diferentes aristas políticas, muy polémico y que no ha sido definitivamente aclarado.
La SIP se interesó sobre el tema ante la Fiscalía General y hubo diligencias, pero de estas no han surgidos novedades sobre el resultado de las investigaciones. El periodista ha insistido en sus denuncias ante la SIP, dice sentirse "desprotegido", máxime por cuanto según sus propias investigaciones ha encontrado "contradicciones y omisiones" del expediente Fiscal, con informaciones que obtuvo de los ministerios de "Defensa e Interior y de testigos y protagonista de los hechos, incluyendo policías".
