Durante el periodo, se mantuvieron preocupaciones sobre las condiciones para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, principalmente por las dificultades de algunos medios para acceder a fuentes oficiales, las denuncias sobre una distribución desigual de la publicidad estatal, iniciativas legislativas que podrían ampliar las restricciones sobre contenidos periodísticos y la persistencia de procesos judiciales por calumnia e injuria con elevadas reclamaciones económicas. A ello se sumaron cuestionamientos por respuestas descalificadoras de actores públicos frente a investigaciones periodísticas, mecanismos de reporte en plataformas digitales que afectan la circulación de contenidos y medidas de vigilancia sobre organizaciones sociales que podrían tener efectos inhibitorios sobre periodistas y sus fuentes.
Las conferencias de prensa semanales del presidente José Raúl Mulino Quintero, anunciadas al inicio de su gestión para abordar asuntos de interés nacional, comenzaron a espaciarse y la última se realizó el 18 de junio. Paralelamente, algunos medios con líneas editoriales críticas al gobierno han denunciado dificultades para acceder a fuentes oficiales de alto rango e incluso advertencias de que funcionarios no pueden hablar con sus periodistas.
En el ámbito legislativo, el proyecto de reforma al Código Electoral que se discute en la Asamblea Nacional, de cara a las elecciones de 2029, mantiene vigente el artículo 539, que sanciona de manera ambigua la denominada “manipulación masiva” en medios digitales con penas de prisión. La disposición genera preocupación por la posibilidad de interpretaciones subjetivas sobre conceptos como “noticias falsas” o “desinformación”, y por el riesgo de un efecto inhibitorio sobre el periodismo, la opinión pública y el debate democrático. Su redacción plantea dudas respecto de las garantías de precisión jurídica y su compatibilidad con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión.
Gremios periodísticos también han cuestionado un proyecto de ley sobre el derecho de réplica, aprobado en primer debate, que convertiría un principio de ética y autorregulación periodística en un mecanismo sujeto a sanción judicial, con posibles efectos sobre la libertad editorial. Aunque la iniciativa regresó a primer debate, no ha sido retirada por su proponente, por lo que su discusión podría retomarse.
Asimismo, ha sido cuestionado el Anteproyecto de Ley 51, que propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra el honor e incorporar sanciones relacionadas con contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial. Si bien existe preocupación legítima frente a los deepfakes y la suplantación digital, gremios periodísticos han advertido sobre la necesidad de evitar que estas disposiciones puedan utilizarse para afectar la crítica o la fiscalización de funcionarios públicos.
Permanece vigente la posibilidad de ordenar el secuestro de activos de medios de comunicación y periodistas como consecuencia de demandas civiles por calumnia e injuria. Estos procesos siguen el trámite común de las demandas por incumplimiento de obligaciones contractuales, lo que permite que el secuestro de bienes pueda ordenarse antes de la etapa probatoria. La duración de estos procesos y el impacto económico de las medidas pueden comprometer la sostenibilidad financiera de los medios.
En este contexto, Corporación La Prensa (Corprensa) enfrenta actualmente 12 procesos judiciales, entre demandas civiles y penales, que en conjunto representan requerimientos económicos por aproximadamente US$12.5 millones. Un tribunal revocó en segunda instancia un fallo favorable a Corprensa en una demanda civil por US$5.5 millones interpuesta en 2012 por el expresidente Ernesto Pérez Balladares. El tribunal condenó al medio a pagar $5,000 por daño moral. La decisión de primera instancia había sido considerada un precedente relevante por aplicar el principio de “real malicia” para exonerar al medio. El caso se encuentra en apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Permanece suspendido desde 1999 un proceso penal contra el periodista peruano Gustavo Gorriti por supuesta calumnia e injuria. La suspensión obedece a que Gorriti no se encuentra en el país y existe desde entonces una orden de aprehensión en su contra en caso de que ingrese al territorio nacional.
El expresidente Ricardo Martinelli presentó nuevamente una querella penal contra Corprensa y el periodista Rolando Rodríguez por supuesta calumnia e injuria, acompañada de un pedido civil de US$1 millón. También permanecen procesos contra Corprensa y Rodríguez promovidos por particulares. Vicente Carretero Napolitano presentó una querella penal por supuesta calumnia e injuria, con una reclamación civil de US$1 millón. Asimismo, la sociedad Hombres de Blanco, importante contratista del Estado presentó una querella por los mismos delitos y con una reclamación civil de US$1 millón.
Permanece vigente una demanda civil por calumnia e injuria presentada por el diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, con una compensación de US$2.5 millones.
En relación con las seis querellas presentadas por la exfuncionaria Odila Castillo, por supuesta calumnia e injuria y con reclamaciones civiles que totalizaban US$6 millones, a raíz de una investigación de La Prensa posteriormente replicada por otros medios, cuatro expedientes han sido archivados por falta de pruebas, uno fue reabierto y otro permanece sujeto a discusión judicial sobre su reapertura.
La periodista Sabrina Bacal enfrenta una querella penal por calumnia e injuria presentada por los empresarios Roberto y Ramón Carretero Napolitano, a raíz de publicaciones sobre sus actividades empresariales y vínculos políticos con los gobiernos de Cuba y Venezuela. A solicitud de los demandantes, el Ministerio Público había dictado una “orden de protección” que prohibía a Bacal informar o publicar, mediante medios tecnológicos o electrónicos, sobre las actividades de ambos empresarios. En marzo de 2026, una jueza de garantías revocó la medida durante una audiencia de control, al considerar que afectaba derechos fundamentales, luego de que el propio Ministerio Público no se opusiera a su suspensión. La querella penal continúa. En julio, la defensa de Bacal incorporó al proceso la ratificación de un informe pericial sobre libertad de expresión mediante una entrevista ante el Ministerio Público con Carolina Botero, exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA.
La demanda civil presentada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) contra La Estrella de Panamá y dos de sus periodistas, por US$1 millón, por presuntos daños al honor y a la seguridad económica, permanece pendiente de fallo en primera instancia. La acción se originó en una publicación relacionada con el cierre de cuentas bancarias del sindicato por parte de la estatal Caja de Ahorros.
Frente a la primera entrega de la investigación de La Prensa titulada “Dante en Ucrania”, sobre un panameño incorporado a las fuerzas rusas, la Embajada de Rusia en Panamá respondió con expresiones fuertemente descalificadoras. La misión diplomática calificó la investigación de “historia inventada”, acusó al diario de reproducir “propaganda occidental” y describió sus publicaciones como un “menú de mentiras”. Posteriormente, el embajador Konstantin Gavrilov cuestionó públicamente los estándares periodísticos del medio y calificó partes de la investigación como “fantasías” y “absurdidades”, además de acusarlo de utilizar “matices selectivos y medias verdades”. Las instituciones tienen derecho a responder y controvertir informaciones periodísticas; sin embargo, las respuestas institucionales deben coexistir con el respeto a la independencia editorial y al ejercicio del periodismo.
Por otra parte, publicaciones de La Estrella de Panamá en Instagram, correspondientes a hechos previamente difundidos por el medio en sus plataformas digitales e impresas, fueron denunciadas por usuarios de la red social por presuntas infracciones de derechos de autor. Estos mecanismos de reporte pueden restringir la circulación de contenidos periodísticos y dejar a los medios en situación de indefensión frente a denuncias que afectan la visibilidad de sus publicaciones.
En el caso de Editora Panamá América, S.A. (EPASA), persiste una situación compleja relacionada con la propiedad y el control de la empresa. Su propietario, el expresidente Ricardo Martinelli, se encuentra actualmente en Colombia bajo la condición de asilado político, mientras permanece pendiente en Panamá el cumplimiento de una condena ejecutoriada de 128 meses de prisión y una multa de US$19.2 millones por blanqueo de capitales en el caso New Business. La sentencia también ordenó el comiso de las acciones de EPASA.
Martinelli viajó a Colombia el 10 de mayo de 2025, después de permanecer durante más de un año asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Desde territorio colombiano ha continuado participando de manera remota en procesos judiciales que se le siguen en Panamá.
No se conoce públicamente con suficiente claridad la estructura jurídica y corporativa bajo la cual operan actualmente estos medios, particularmente después de las decisiones judiciales relacionadas con las acciones de EPASA, incluyendo quién ejerce su control efectivo y en qué condiciones reciben o contratan publicidad estatal. Esta situación adquiere especial relevancia en el debate sobre la distribución de la pauta oficial. La publicidad estatal debe administrarse mediante criterios objetivos, transparentes y verificables, de manera que no se convierta en un mecanismo de premio, castigo o influencia sobre las líneas editoriales.
En septiembre, un informe reciente documentó la utilización de agentes de la Policía Nacional en labores encubiertas dentro de organizaciones sindicales, ambientales y campesinas, incluido el seguimiento y perfilamiento de algunos de sus dirigentes. La Policía reconoció el uso de agentes encubiertos, pero sostuvo que las operaciones estaban dirigidas a preservar el orden y la seguridad nacional.
Los hechos han generado cuestionamientos sobre el fundamento legal, la proporcionalidad y los mecanismos de control aplicados a este tipo de vigilancia. La recopilación de información sobre ciudadanos por su participación en organizaciones sociales o manifestaciones, cuando no esté sustentada en investigaciones legalmente justificadas, puede generar un efecto inhibitorio sobre las libertades de expresión, asociación y reunión, y afectar también el trabajo de periodistas y la protección de sus fuentes.
La periodista Flor Mizrachi fue objeto de amenazas por parte de la exdiputada Katleen Levy, quien, durante una emisión de su propio pódcast, manifestó su intención de agredirla físicamente si llegaba a encontrársela, como represalia por una cobertura periodística realizada por Mizrachi. Las declaraciones se produjeron frente al diputado Jairo Salazar, quien ha protagonizado episodios públicos de violencia. El episodio constituye una abierta trivialización de la violencia contra la prensa y contribuye a normalizar la intimidación y las agresiones físicas como mecanismos de represalia frente al ejercicio del periodismo, con graves implicaciones para la libertad de expresión.
