Terminado el proceso electoral, el próximo año se iniciará la revisión de las normas electorales y un tema relevante será la limitación que se impuso a la colocación de vallas publicitarias promoviendo el no a la reelección, por considerar el Tribunal Electoral que violaba el periodo de "veda". Esta decisión afecta el derecho a la libertad de expresión.
Las denuncias presentadas por la detención y privación de su libertad por 24 horas de la periodista Ligia Arreaga, el pasado mes de enero, aún no han tenido respuestas. La detención se dio por órdenes de la jueza Ulzana Valdez Jurado. La Defensoría del Pueblo mantiene el caso abierto.
Desde marzo, el diario La Prensa y sus periodistas fueron querellados 10 veces por el expresidente Ricardo Martinelli, por la posible comisión de delitos contra el honor; ocho fueron admitidas por el Ministerio Público y dos rechazadas, las que se encuentran en trámite pretenden reclamaciones civiles por 10 millones de dólares aproximadamente. En total, Corprensa ha sido objeto de 20 querellas penales y 13 demandas civiles con reclamos que totalizan unos 89 millones de dólares e incluyen a 11 directivos y 30 periodistas.
Siguen pendientes de trámite las querellas contra los autores de dos artículos de opinión publicados en los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá, uno por el ciudadano Mariano Mena y el otro por el periodista Alberto Velásquez. Al igual que contra las comunicadoras Mariela Ledezma y Annette Planells por delitos contra el honor. Más recientemente, una querella contra la vicepresidenta de Asuntos Informativos de TVN Media, Sabrina Bacal, por calumnia e injuria. Todas interpuestas por el expresidente Ricardo Martinelli.
Se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la injuria y la calumnia cuando se cometan a través de medios de comunicación, y aunque ha quedado despenalizada cuando se trata de que la "supuesta víctima" sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, se mantiene vigente para particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios. Cabe mencionar que el Código Penal tipifica estos delitos con pena de prisión que va de seis a 18 meses, o sus equivalentes a días multas.
Se requiere la despenalización de los delitos de calumnia e injuria para que las reclamaciones sean atendidas por la jurisdicción civil y, al mismo tiempo, que se establezcan límites a las cuantías en las demandas civiles para que estos procesos no se conviertan en herramientas para amedrentar periodistas y cerrar medios de comunicación.
El Grupo Epasa denunció que es objeto de presiones por parte del Ministerio Público y que existe por parte de esa institución un bloqueo informativo mediante la negación del acceso a información pública. Denunció que habían recibido información de que sus instalaciones serían allanadas por un grupo de fiscales. Cuestionaron públicamente el no haber recibido respuestas por parte del Ministerio Público ante sus requerimientos de información. Posterior a la publicación de la denuncia, el Ministerio Público emitió un comunicado y desmintió el allanamiento, además de acusar a Epasa de desinformar para hacerle daño a la imagen de su institución.
Los gremios periodísticos y de medios emitieron una declaración en la que expresaron que consideraban "acertado el planteamiento del Ministerio Público" al negar el allanamiento y que "la libertad de expresión e información es un derecho inalienable de todo ser humano y siempre se mantendrán vigilantes para que nada ni nadie atente o vulnere este derecho".
En agosto, el fiscal Ricaurte González increpó en público al periodista Luis Ávila del diario Panamá-América, con quien anteriormente había sostenido otros incidentes. Ávila le pidió al fiscal que respetara el trabajo que realizaba y obtuvo como respuesta recriminaciones públicas de uno de los asistentes del funcionario que le reclamaba por la línea editorial del medio. También le han negado entrevistas argumentándole: "Yo sé de dónde usted viene".
A inicios de septiembre se reunieron representantes de gremios de medios y periodísticos con el nuevo presidente, Laurentino Cortizo, para evaluar diversos temas relacionados a la libertad de prensa y expresión. El tono de la reunión fue positivo y el presidente se comprometió a cumplir con los principios que establece la Declaración de Chapultepec.
Sigue pendiente de trámite en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) el proyecto que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes de la región "sobre el derecho al libre acceso a la comunicación" y establecer mecanismos de control por parte del Estado para "monitorear, advertir y promover" sobre los contenidos de los medios de comunicación, con graves afectaciones a la libertad de prensa y expresión en sus propuestas.
