Perú

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73 Asamblea General
Salt Lake City, Utah
27 al 30 de octubre 2017
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Durante este período continuó el retroceso en las libertades de prensa. A partir de septiembre, superada la crisis política que produjo la salida del Primer Ministro Fernando Zavala y el recambio del gabinete, se registraron actos hostiles contra la prensa, que se suman al magro avance de las investigaciones policiales por el asesinato de periodistas ocurridos anteriormente en diversas regiones del país.

Preocupan iniciativas legislativas vinculadas al ejercicio del periodismo y a los medios de comunicación presentadas por el partido de oposición y mayoría en el Congreso, Fuerza Popular.

Hechos sobresalientes de este período:

En abril, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril y nueve congresistas fujimoristas más, suscribieron un proyecto de ley que establecería la obligación de las compañías "que tienen como objeto principal la edición, publicación y distribución de diarios, semanarios, revistas o billetes de lotería" a destinar 2% de sus ventas anuales a un "fondo nacional del seguro social del canillita. El referido impuesto financiaría el "régimen especial de pensiones del canillita" y el "régimen contributivo de la seguridad social en Essalud".

El 20 de junio, los congresistas fujimoristas Miguel Castro y Carlos Domínguez presentaron un proyecto de ley que modificaría los alcances del decreto legislativo N° 829, mediante el cual se creó el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP en 2006. La iniciativa, suscrita por el actual presidente del Congreso, Luis Galarreta y otros representantes de Fuerza Popular, dispondría que 30% de la programación diaria de la televisión del Estado dé igual prioridad a la cobertura de noticias del Ejecutivo como a aquellas provenientes de los poderes Legislativo y Judicial; así como a "contenidos educativos, informativos y culturales que promueven la identidad nacional".

El 28 de junio el Congreso aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de Ley N.º 772/2016-CR, iniciativa del congresista Marco Miyashiro Arashiro del Grupo Parlamentario Fuerza Popular que modifica los artículos 2, 10, 17, 38 del ecreto egislativo 1141, de fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional — SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia — DINI, con el objetivo de regular la seguridad digital. Se resalta que la Comisión de Inteligencia incorporó diversas observaciones a la propuesta original presentadas por especialistas convocados del sector privado y público. No obstante las correcciones, la norma continúa concediendo especial preeminencia al ámbito de acción de la DINI, por lo que correspondería al gobierno elaborar una política nacional de ciber seguridad.

En septiembre, la decisión inconsulta de los miembros de la Mesa Directiva parlamentaria del Congreso de cambiar el nombre de la sala de conferencias Gustavo Mohme Llona, que desde 2001 distinguía al fundador del diario La República, por el de "Héroes Defensores de la Democracia" fue percibida por algunos sectores como una represalia contra el Grupo La República. Días después, 10 congresistas de bancadas diferentes enviaron una carta al Presidente del Congreso para solicitar que se reconsidere la decisión.

El 16 de octubre, durante una conferencia de prensa, el presidente del Congreso pidió a las empresas que retiren su publicidad al periodista Rafael León y a la revista Caretas. Calificó de "ataque cobarde" el estilo y los comentarios con los que el periodista alude a varias congresistas de la bancada de oposición en su columna "La China Tudela", en Caretas, bajo el seudónimo de 'Lorena Tudela Loveday'. La actitud del congresista recuerda el boicot publicitario alentado contra Caretas por el gobierno de Alberto Fujimori.

"Se trata de una columna satírica, una caricatura, y debe juzgarse en ese sentido. Puede no gustar, a veces ser muy mordaz, pero es una caricatura", dijo Marcos Zileri, director de Caretas.

El 16 mayo el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, advirtió sobre la falta de información sobre las investigaciones de la Policía Nacional por el asesinato del conductor del programa "La voz del pueblo", Hernán Choquepata, asesinado a balazos por sicarios en su cabina radial. También pidió información sobre el periodista Yrineo Martínez Purihuamán, muerto en octubre de 2016 luego de recibir impactos de bala mientras cubría un enfrentamiento entre comuneros e invasores de tierras en el departamento de Lambayeque.

En cuanto al juicio por el asesinato de Hugo Bustios de Caretas Hugo Bustíos, a manos de militares en Huanta, Ayacucho, en 1988, el fiscal superior Luis Landa Burgos, imputó penalmente al exministro del Interior, Daniel Urresti, como coautor. Precisó que se le acusaba de autoría mediata, pero nueva evidencia indica que hubo una planificación militar en la emboscada contra el periodista.

La sentencia del Décimo Sexto Juzgado Penal de Lima que absuelve al periodista Fernando Valencia Osorio del delito de difamación agravada, representa un precedente positivo para de la libertad de prensa. Valencia enfrentaba una condena de 1 año y 8 meses de pena privativa de la libertad suspendida, el pago de 100,000 nuevos soles como reparación civil y 1,900 nuevos soles de multa, por la publicación de un titular en un medio.

Respecto de la controversia sobre la adquisición del Grupo EPENSA por el Grupo El Comercio, tanto el Grupo La República como PRENSMART y GEC solicitan al Poder Judicial resolver el fondo de esta controversia cuanto antes y no seguir incurriendo en una demora que hace tiempo ha sobrepasado los plazos razonables. En línea con ello, los tres grupos apoyaron la resolución aprobada durante la Asamblea General de la SIP de México, invocando al Poder Judicial a resolver la controversia a la brevedad posible.

El 8 de septiembre, durante un operativo policial para incautar insumos químicos y gasolina utilizados para la minería ilegal, en el distrito de Mazuko, Manuel Calloquispe reportero y director del programa "La voz del pueblo" que transmite Canal 33 en la región Madre de Dios, fue insultado, amenazado y agredido a pedradas por una turba. El periodista denuncia a las mafias vinculadas al tráfico de insumos y personas.

El 2 de septiembre, Romina Caballero, reportera de Canal N, denunció que fue agredida por una manifestación gremial de maestros.

Anteriormente, Mónica Gismondi Chauca, directora periodística del diario digital Chimbotenlinea.com denunció que personal de la oficina de Imagen del Ministerio Público le advirtió en un comunicado que le iniciarían acciones legales por difundir "información de carácter reservado" sobre una investigación fiscal a un grupo de supuestos sicarios vinculados a una mafia de traficantes de tierras.

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