El ecosistema mediático se vio marcado por graves violaciones a la libertad de prensa en este período. Se documentaron agresiones físicas contra periodistas durante protestas sociales, amenazas de muerte, hostigamiento judicial, persecución contra medios críticos y discursos estigmatizantes provenientes de altas autoridades del Estado.
Funcionarios del gobierno de Daniel Noboa utilizaron las redes sociales y los canales oficiales para atacar a periodistas y medios. La ministra de Energía descalificó públicamente a Expreso acusándolo de “mentir” sobre los apagones. El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, vinculó a los diarios Expreso y Extra con supuestos esquemas de evasión tributaria antes de que existiera investigación formal, lo que fue denunciado como un intento de intimidación política.
En paralelo, el influencer afín al oficialismo @conejooligarca hostigó a medios como Ecuavisa, Teleamazonas y al caricaturista Bonil, reforzando la narrativa de “enemigos del pueblo” utilizada por el propio presidente contra la Corte Constitucional.
En agosto y septiembre se recrudecieron los ataques digitales contra Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio. El prófugo Xavier Jordán difundió videos con acusaciones infundadas, exhibió chats privados y divulgó información personal para desacreditarlas. Las hijas del exlegislador denunciaron intimidación ante Fiscalía y solicitaron protección dentro del Sistema de Víctimas y Testigos. Estos hechos se dieron en paralelo a la audiencia de formulación de cargos contra Ronny Aleaga, Daniel Salcedo, José Serrano y el propio Jordán, como presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio.
En agosto, Marco Cadena, director de La Naranja, renunció a su medio debido a amenazas de muerte, hostigamiento digital y vigilancia contra su familia en Imbabura. El periodista había denunciado vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales.
Durante la cobertura de manifestaciones, varios comunicadores resultaron agredidos por fuerzas de seguridad y manifestantes. En la marcha del 12 de agosto en Quito, periodistas de Expreso, Wambra Radio y GK fueron empujados, golpeados o impedidos de cubrir al presidente Daniel Noboa.
El 25 de julio, el periodista Marcelo Ruiz, corresponsal de TC en Manabí, sobrevivió a un atentado armado que lo dejó gravemente herido en Portoviejo, Santa Ana.
La judicialización del periodismo continuó como un patrón preocupante. En Loja, el periodista Boris Sarango fue demandado penalmente por el excandidato Ángel Loayza, aunque fue absuelto por la justicia al comprobarse que la información publicada provenía de registros públicos. En Guayaquil, los reporteros de Expreso, Jonathan Palma y Flor Layedra, enfrentaron una denuncia por “actos de odio” presentada por un empresario de la salud, tras publicar investigaciones sobre millonarios contratos del IESS con prestadores privados. El caricaturista Bonil y la periodista Sara Ortiz fueron descalificados y tildados de “terroristas” desde cuentas oficiales por funcionarios de alto rango.
Entre junio y agosto se intensificaron los ataques digitales a medios locales, especialmente en provincias como Morona Santiago y Santa Elena. Plataformas como Facebook eliminaron contenidos de medios comunitarios y digitales como La Mañana MS, Exprésate Morona Santiago, Radio Sentimientos, KLN Noticias, bajo el pretexto de infracciones de derechos de autor. Estas denuncias provenían de perfiles falsos como “Ámbar Armijos” o “El Mago Evon”, lo que configura un patrón de censura digital.
En la provincia de Santa Elena, KLN Noticias reportó la eliminación de más de 25 videos vinculados a coberturas de protestas por la venta de terrenos municipales en La Libertad. Su director, Cristian Plúas, también denunció que perfiles falsos reportan sus contenidos, provocando eliminaciones inmediatas en Facebook y bloqueos de WhatsApp. Los ataques afectan también a activistas y medios locales como La Primera y Mónica Silva. Plúas alertó sobre una posible estrategia organizada desde instituciones provinciales.
En septiembre, se difundió información sobre una supuesta investigación tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) contra distribuidores de periódicos, generando una campaña contra Expreso, amplificada por medios afines al oficialismo. No existe evidencia de involucramiento de Granasa, empresa editorial de Expreso y Extra. El SRI inició auditorías a 15 contribuyentes por inconsistencias en ventas, sin explicar la filtración. José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, difundió un video en X vinculando al diario Expreso y Granasa con un presunto esquema de evasión tributaria y lavado de activos, sin evidencia concreta. El medio respondió que Neira anticipó conclusiones antes de cualquier investigación formal del SRI, programada para el 24 de septiembre, y rechazó “intimidaciones” que buscan deslegitimar su labor crítica e independiente.
El 13 de agosto, el presidente Noboa envió a la Asamblea un proyecto de ley urgente que impone restricciones a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo disoluciones, sanciones económicas y control financiero generalizado. Fundamedios y otras entidades alertaron que la norma afecta la libertad de asociación y expresión.
En octubre, en el marco del paro nacional, se registraron agresiones y restricciones a la prensa y organizaciones sociales. Se denunció el congelamiento de cuentas bancarias a las fundaciones Pachamama y Alianza Ceibo; represión en comunidades indígenas del norte y ataques físicos y digitales a periodistas durante las protestas. Numerosos comunicadores fueron golpeados, amenazados o excluidos de espacios oficiales, mientras se reportaron bloqueos de internet e intentos de censura en redes sociales. También se documentaron casos de hostigamiento interno dentro del movimiento indígena.
Cronología de otros hechos relevantes:
El 28 de abril, Juan Alcívar, periodista de JAR TV, fue agredido física y verbalmente por policías mientras cubría un accidente en La Unión, Quinindé, Esmeraldas. Durante una transmisión en vivo, oficiales lo insultaron, empujaron y trataron de quitarle su equipo.
El 6 de mayo, los periodistas Álvaro Espinosa y Blanca Moncada, de La Defensa, denunciaron ataques del portal Politics.ec, que los acusa de recibir financiamiento del correísmo para desprestigiar a funcionarios públicos.
El 19 de mayo, el creador digital Ramiro Collahuazo fue obligado a cortar su transmisión en un evento público del alcalde de Cuenca en Sinincay. Dos días antes, el periodista Segundo Cabrera fue impedido de cubrir una protesta en la plaza San Francisco por guardias privados del Municipio.
El 21 de mayo, los periodistas, Hugo Sánchez de Sánchez Comunicaciones, Graciela Morejón de diario La Hora y Freddy Chicaiza de El Ambateñito fueron impedidos de cubrir un atropellamiento en el Terminal Terrestre Sur de Ambato.
El 22 de mayo, la periodista María Sol Borja fue atacada en redes sociales tras una entrevista en Teleamazonas, donde expresó su preocupación por la concentración de poderes en la Asamblea Nacional. Los ataques, basados en la participación política de su padre, incluyeron insultos violentos y misóginos.
Ese día, Bibian Hernández, presuntamente involucrada en lavado de activos, presentó demandas por daño moral contra los columnistas Martin Pallares y Roberto Aguilar y por calumnia contra la periodista Sara Ortiz. Las acciones buscan indemnizaciones millonarias y disculpas públicas, alegando descrédito y afectación a su honra por contenidos relacionados con casos judiciales.
El 2 de junio, Carolina Jaramillo, vocera del gobierno, respondió al periodista Martín Pallares tras un episodio de “Politizados” en Expreso, donde él y Roberto Aguilar criticaron su nombramiento y lo relacionaron con la censura a periodistas durante el gobierno de Rafael Correa.
Ese día, Cristian Navarro, de Cotacachi TV Oficial, fue hostigado por la Policía mientras cubría un presunto femicidio en Cotacachi, Imbabura.
El 7 de junio, Fabricio Cevallos fue atacado en redes tras publicar videos criticando a funcionarios de Tungurahua vinculados al gobierno de Noboa. Un portal difundió un audio manipulado con IA acusándolo de extorsión.
El 13 de junio, el periodista Juan Barreno, de Transparencia Riobamba, denunció que el concejal Wandy Villamarín lo amenazó y agredió verbal y físicamente en un evento deportivo.
El 20 de junio, David Granja Ramos, director de Radio Ideal, enfrentó dos procesos judiciales tras publicar el 21 de febrero sobre el conflicto por la propiedad del edificio del Centro Agrícola de Tena.
Ese mismo día, Arahí Vega de La Hora recibió ataques violentos y sexistas en X, incluyendo comentarios de Rafael Correa y usuarios que la llamaron “cínica” y “pautada”, dentro de la etiqueta #MafiaMediática, por sus críticas a Orlando Pérez, funcionario de la Prefectura de Pichincha.
El 11 de julio se denunció los ataques cibernéticos coordinados en contra de los medios La Mañana MS, Exprésate Morona Santiago y Radio Sentimientos, que eliminaron contenidos críticos hacia autoridades locales sobre inconclusas, deudas y cuestionamientos al prefecto.
El 22 de julio, la caricaturista Vilma Vargas, “Vilmatraca”, denunció la cancelación sin explicación de su exposición “El jardín de las malicias”, prevista para el 4 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Azuay. La muestra, inspirada en El Bosco y realizada con artesanos y animadores locales, satirizaba el poder político.
El 23 de julio, fue absuelto el periodista Boris Sarango, director de Primer Reporte, de un proceso penal impulsado por el excandidato Ángel Loayza, por un reportaje sobre candidatos con antecedentes judiciales.
El 25 de julio, Marcelo Ruiz, corresponsal de TC Televisión y director de Últimas Noticias, fue atacado a tiros por desconocidos en la vía Portoviejo, Santa Ana, en Manabí, causándole heridas en cuello, pecho y brazo.
El 26 de julio, Jefferson Ana, administrador de Megavisión TV, fue agredido físicamente y amenazado por Raúl Caicedo, chofer del alcalde de Quinindé, mientras abastecía su motocicleta en Nuevo Quinindé.
El 12 de agosto, manifestantes y funcionarios en Quito, convocados por el presidente Noboa, rodearon la Corte Constitucional. Durante la cobertura, varios periodistas fueron agredidos físicamente: Daniel Romero de Expreso, Angelly Tinoco y Sinchi Gómez de Wambra Radio, Diego Lucero de GK, Paola López de AFP.
El 15 de agosto, la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) reaccionó ante un reportaje de Expreso que vinculaba a la funcionaria Cristina Maggi con el colectivo “Ecuador Merece Paz”, responsable de mensajes críticos a la Corte Constitucional. La investigación reveló que los boletines del colectivo contenían metadatos con su nombre. SECOM calificó la publicación como “sin sustento” y basada en conjeturas, advirtiendo sobre posibles acciones legales y afirmando que distorsionaba la verdad y vulneraba derechos.
El 20 de agosto, los periodistas Jonathan Palma y Flor Layedra fueron notificados de una denuncia penal presentada por Roberto Gilbert Febres Cordero, representante de la clínica Guayaquil, por presuntos “actos de odio”. La acción judicial se produce tras la investigación “Los dueños de la salud”, publicada en Expreso, que documenta el destino de más de 8.000 millones de dólares del IESS a prestadores privados.
El 20 de agosto, a empresa que opera Radio Onda Teca 89.5 FM e Interlive Ecuador, que provee internet a más de 14.000 personas, sufrió una amenaza de extorsión. El hijo del propietario recibió una amenaza por WhatsApp con una extorsión económica y que destruirían la oficina. El dueño fue secuestrado y amenazado hace un año y medio.
El 29 de agosto, Paula Kuhn y el camarógrafo Eddy Robalino, de Teleamazonas, fueron agredidos mientras cubrían un operativo de decomiso de 1.320 medicamentos caducados frente al Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil.
El 4 de septiembre, se realizó la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía imputó a los supuestos autores intelectuales, Ronny Aleaga, Xavier Jordán, Daniel Salcedo y José Serrano. Dictó prisión preventiva para Aleaga y Salcedo; Jordán y Serrano deberán presentarse semanalmente en el consulado en Miami. Días antes, Amanda y Tamia Villavicencio presentaron una denuncia contra Xavier Jordán por intimidación, por videos en los que Jordán las acusaba de extorsión.
El 11 de septiembre, Elena Rodríguez, corresponsal de Telesur en Ecuador, quien se encontraba acompañada del camarógrafo Henry Pillajo y el asistente Edwin Zambrano, fue agredida por la Policía mientras cubría una marcha en Quito.
El 23 de septiembre, ARCOTEL suspendió por 15 días las transmisiones del canal comunitario TV MICC (47 UHF), del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, basándose en un informe secreto que alegaba afectaciones a la seguridad nacional.
El 26 de septiembre, durante una protesta en Cuenca, los periodistas Nicole Torres (Camaleón) y Santiago Buestán denunciaron hostigamiento policial. Torres relató que, pese a identificarse, un uniformado le prohibió grabar y fue señalada por un coronel. Buestán fue arrestado violentamente mientras fotografiaba, acusado de “vándalo” y despojado de su material.
El 29 de septiembre, la empresa Galamedios S.A.S., vinculada al asambleísta suplente de ADN, Luis Alvarado Campi, adquirió La Posta y el 80% de Radio Centro por 2,6 millones de dólares, reavivando el debate sobre la concentración mediática y la independencia editorial.
Durante el paro nacional, se denunciaron congelamientos de cuentas a las fundaciones Pachamama y Alianza Ceibo, represión en comunidades indígenas del norte y el uso de inhibidores para bloquear comunicaciones en Otavalo, Cotacachi y Peguche, lo que afectó a medios comunitarios.
Periodistas de BN Periodismo, Telesur, Only Panas, Ecuador Chequea, Expreso y El Wambra Radio fueron agredidos por fuerzas policiales durante coberturas de protestas en Quito y Sucumbíos, mientras el portal El Dato sufrió hostigamiento por parte de manifestantes. En Imbabura, el periodista Camilo Ponce denunció amenazas y ataques digitales tras publicar un análisis sobre las movilizaciones.
El 9 de octubre, el Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua sancionó a tres comuneros por emitir opiniones críticas sobre el paro, advirtiendo que aplicaría justicia indígena si persistían. Ese mismo día, la periodista Milly Pico, de Teleamazonas, denunció la censura de su reportaje en redes sociales por parte de cuentas falsas que buscan eliminar contenidos críticos a autoridades locales.
El 13 de octubre, el periodista Enrique Alcívar Guerrero fue impedido de ingresar al Palacio de Gobierno para cubrir una rueda de prensa, tras incidentes previos en los que militares ya le habían restringido grabaciones en zonas habituales de prensa. El 14 de octubre, Edison Muenala, periodista comunitario y productor de Apak TV, resultó herido mientras cubría la llegada de un convoy militar en Imbabura, en medio de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El 18 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció la suspensión de la señal de medios los comunitarios: TV MICC (canal 47 del Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi, sacada del aire el 24 de septiembre), Radio Ilumán (en la provincia de Imbabura, suspendida el 17 de octubre), Radio Inti Pachá (provincia de Pichincha, suspendida el 18 de octubre) y Territorio Karanki provincia de IImbabura, que reportó la suspensión de su señal y servicio de internet durante cuatro días).
