Un clima de anarquía, presión administrativa selectiva e impunidad crónica se impuso durante este período. Aunque este año no se registraron asesinatos de periodistas, el período se desarrolló bajo la sombra de al menos 13 asesinatos contra periodistas entre 2022 y 2024, el cierre temporal de programas políticos independientes y el desplazamiento forzado de salas de redacción en zonas dominadas por grupos armados.
La crisis de seguridad obligó a algunos periodistas a desplazarse con protección armada o en vehículos blindados, y a varios medios a evacuar sus sedes a medida que las pandillas consolidaban su control sobre grandes extensiones de la capital. Muchos periodistas en todo el país viven con el miedo de ser acosados, atacados o incluso asesinados.
En muchos casos, el nivel de amenaza es tan generalizado que los periodistas locales se ven forzados a la humillante necesidad de portar armas de fuego o viajar en vehículos blindados, a menudo proporcionados por sus empleadores.
Muchos periodistas, enfrentando amenazas inminentes a sus vidas, han sido obligados a refugiarse en campamentos en comunidades vecinas. Al mismo tiempo, el gobierno ha fracasado por completo en garantizar la seguridad en distritos enteros de la capital que fueron abandonados por las autoridades políticas y policiales.
Periodistas y equipos completos de distintas redacciones se han visto repentinamente obligados a abandonar sus puestos, lo que permitió que sus instalaciones fueran saqueadas y sus equipos vandalizados. En Mirebalais, en la Meseta Central, las pandillas armadas se envalentonaron tanto que se apoderaron de una estación de radio y la rebautizaron burlonamente como "Talibán FM".
Este entorno peligroso, agravado por una crisis sociopolítica y económica sin precedentes, se ha visto aún más complicado por los esfuerzos del gobierno para coaccionar a los medios independientes mediante el uso selectivo de fondos públicos. El caso más notable es el de Radio Mega, una de las estaciones más influyentes del país, que ha sido deliberadamente atacada y boicoteada por las más altas autoridades.
Las amenazas contra el periodista Joseph Guyler C. Delva, secretario general de SOS Journalistes y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, ejemplifican el clima intimidatorio.
Delva, quien ha sufrido un acoso persistente por su trabajo y activismo, suspendió sus actividades profesionales en agosto, incluido su papel como copresentador del influyente programa Matin Caraïbes. En septiembre se vio obligado a salir del país debido a las amenazas de muerte.
Las campañas de desprestigio digital y las amenazas de muerte se intensificaron, el acceso para ciertos reporteros se restringió de manera selectiva y la publicidad estatal continuó utilizándose como herramienta de presión contra los medios críticos. Juntas, estas dinámicas profundizaron la autocensura y mantuvieron a la prensa operando bajo un riesgo permanente.
