La situación de la libertad de prensa estuvo marcada por una nueva ola de ataques, restricciones y hostigamiento contra periodistas y medios independientes en este periodo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reforzó su estrategia de control informativo mediante campañas de estigmatización, agresiones digitales, cierre de espacios gremiales y restricciones migratorias. Estos hechos coincidieron con meses políticamente sensibles que antecedieron el 19 de julio, aniversario de la revolución sandinista.
El informe trimestral de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) documentó 40 casos de violaciones a la libertad de prensa hasta junio, en el que se evidencia el interés del régimen de generar un clima de comunicación controlado. A esto se sumó el impacto del asesinato en Costa Rica del exmilitar y analista Roberto Samcam, el 19 de junio, que elevó la percepción de riesgo entre comunicadores en el exilio y acentuó la autocensura en un gremio ya golpeado por la persecución sistemática.
En este contexto, el periodismo nicaragüense se mantiene atrapado entre la vigilancia estatal, la hostilidad del discurso oficial y la precariedad de las condiciones de exilio. Sin embargo, pese a la adversidad, periodistas y medios continúan informando con firmeza.
Entre los 40 casos de violaciones a la libertad de prensa, 28 ocurrieron en el ámbito digital en un contexto en el que la presencia física del periodismo independiente dentro del país ha sido casi desmantelada. Este tipo de agresiones se ha convertido en uno de los principales mecanismos usados por el régimen para intimidar, desacreditar y desgastar a los periodistas que aún se mantienen activos en el país o en el exilio.
Tres periodistas permanecen en prisión: Irving Guerrero fue detenido el 9 de febrero de 2025 en la ciudad de León y acusado de supuesta tenencia ilegal de armas; Leo Cárcamo fue capturado violentamente el 22 de noviembre de 2024 y Elsbeth D’Anda, fue arrestado el 27 de octubre de 2024, por permitir en su programa de televisión una llamada en la que un ciudadano se quejaba del alto costo de la canasta básica.
Las agresiones digitales no solo afectan a los periodistas en lo personal y profesional, sino que también persiguen debilitar su vínculo con las audiencias. El objetivo es erosionar la credibilidad de los medios independientes y sembrar desconfianza en el público.
El gobierno también desplegó una campaña más agresiva de estigmatización contra la prensa independiente. Voceros oficialistas como William Grisby, Moisés Absalón Pastora y Santiago Aburto repitieron de forma sistemática acusaciones contra periodistas, señalándolos como “enemigos del pueblo” o “sicarios mediáticos”.
La campaña también se extendió a espacios educativos. En universidades públicas se promovió el documental 100 días de Guerra Contra el Pueblo, dirigido por el propagandista político Marcio Vargas. La pieza acusa a la prensa independiente de manipular los hechos de 2018 y de haber apoyado un supuesto “intento de golpe de Estado”. De esta manera, se intentó reforzar la narrativa oficial en un público joven, con un discurso que criminaliza al periodismo.
Estas acciones se enmarcan en una estrategia institucional de propaganda que busca desacreditar a la prensa crítica e imponer un relato único. Los ataques verbales, las acusaciones sin fundamento y la constante exposición de periodistas como responsables de la polarización social tienen el propósito de justificar la hostilidad del régimen.
El asesinato del exmilitar y analista político Roberto Samcam en Costa Rica el 19 de junio, marcó profundamente al gremio periodístico en el exilio. Las líneas de investigación no descartan la posibilidad de que el crimen fue orquestado por el régimen.
La noticia del crimen encendió alertas sobre la posibilidad de que la represión del régimen cruzara fronteras. De inmediato, muchos periodistas en el exilio comenzaron a reforzar medidas de seguridad personal y a reducir su visibilidad. Algunos optaron por suspender su participación en encuentros comunitarios, mientras otros limitaron su presencia en redes sociales o evitaron intervenciones públicas. Varios comenzaron a gestionar trámites para reubicarse en países considerados más seguros, como España.
Entre abril y septiembre se incrementaron las negativas de ingreso al país de periodistas y creadores de contenido. A diferencia de periodos anteriores, estas medidas no se dirigieron únicamente a figuras de alto perfil, sino que también afectaron a otros comunicadores que intentaban regresar por motivos familiares o personales.
Un caso destacado fue el del periodista y empresario A.R., de doble nacionalidad nicaragüense-estadounidense, quien el 28 de mayo fue retenido en el aeropuerto internacional y obligado a regresar a Estados Unidos sin explicación alguna. Otro caso fue el del creador de contenido Henry Dubón, quien el 30 de mayo fue notificado por la aerolínea Avianca de que tenía prohibido ingresar al país.
Este período también estuvo marcado por el cierre o transformación forzada de medios de comunicación. El 30 de junio, Radio Centro 870 AM, con más de tres décadas de trayectoria en Chontales, cesó transmisiones en AM. Posteriormente anunció que continuaría en formato digital y en FM, pero se conoció un cambio de propietario y la cancelación de programas emblemáticos, lo que generó desconfianza sobre una posible reconfiguración editorial bajo nuevas condiciones.
El 26 de mayo, el gobierno canceló la personería jurídica de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), una organización gremial con más de cuarenta años de existencia. Oficialmente, la medida se justificó por incumplimientos administrativos, pero fue interpretada como parte de la política de eliminar cualquier estructura gremial autónoma, incluso aquellas que en el pasado estuvieron alineadas con el oficialismo como el UPN.
También se reportó que un canal local fue obligado a destruir más de quince años de archivos con coberturas críticas y a transmitir únicamente contenido oficial. Esta imposición redujo al medio a programar únicamente deportes, películas recicladas y propaganda de alcaldías, bajo la amenaza de confiscación de bienes en caso de incumplimiento.
Los periodistas exiliados continuaron enfrentando un clima de hostigamiento creciente. Varios denunciaron represalias contra sus familiares en el país, lo que aumentó la autocensura y reforzó la percepción de inseguridad. Algunos decidieron incluso dejar de interactuar en redes sociales con sus propios familiares para no ponerlos en riesgo.
En Costa Rica, al menos 15 periodistas enfrentaron obstáculos relacionados con su condición migratoria. El Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX) en categoría de solicitante de refugio les permitió ciertos trámites, pero en la práctica les cerró puertas en múltiples servicios. Se reportaron casos de periodistas que no pudieron renovar planes de internet, retirar encomiendas o completar trámites bancarios por no contar con una categoría migratoria más estable.
En 2025, el hostigamiento a youtubers y creadores de contenido se volvió más evidente y sistemático. A lo largo del año se registraron varios episodios que muestran cómo el régimen percibe a estos viajeros como una amenaza a su control informativo.
Uno de estos casos fue el de Kurt Caz, en mayo de 2025, retenido por policías mientras grababa en el parque central de Managua. Tras ser liberado, confesó sentir miedo en su hotel, consciente de la vigilancia permanente del régimen. Entre abril y septiembre de este año, se reportaron las siguientes incidencias contra youtubers extranjeros, como Andy Tirado de Perú, hostigado en la frontera sur y retenido seis horas en Migración; Alexander Lapshin, ruso israelita, retenido en julio junto a su esposa e hija de 10 años en la frontera, acusado de ser espía israelí; Federico Skrbec de Argentina, deportado en septiembre; Pamela Corvalán y Juan Manuel Sosa de Argentina, que abandonaron el país en septiembre antes de lo planeado y Angélica Chaves de Colombia, creadora de contenido impedida de ingresar por la frontera de Peñas Blancas.
