CONSIDERANDO que se continuó persiguiendo al periodismo a través de demandas que buscaron criminalizar su labor, un fenómeno de persecución judicial cada vez más común en los países de las Américas
CONSIDERANDO que se continuó persiguiendo al periodismo a través de demandas que buscaron criminalizar su labor, un fenómeno de persecución judicial cada vez más común en los países de las Américas
CONSIDERANDO que también se ejerció presión contra el periodismo a través de demandas civiles, la mayoría con desproporcionados reclamos millonarios, con la intención de generar un ambiente inhibitorio en la prensa
CONSIDERANDO que en Ecuador varios periodistas fueron blanco de acciones legales y procesos judiciales por parte de funcionarios y figuras públicas
CONSIDERANDO que en Guatemala continúa la persecución legal y judicial contra la prensa, con el caso emblemático de José Rubén Zamora Marroquín, así como el de los periodistas Juan Luis Font y Diego España de La Hora
CONSIDERANDO que mientras el Colegio de Periodistas de Honduras denunció la “creciente judicialización, intimidación y escalada de ataques” desde el gobierno y que el alto mando militar impulsó acciones judiciales para obligar a los medios a revelar sus fuentes
CONSIDERANDO que en México se presentó una demanda contra el periódico Noroeste, de Culiacán, Sinaloa, por presunto daño a la imagen personal de un exfuncionario de una universidad, quien exige la compensación del “40 por ciento de las ventas del periódico impreso […] en que se publicaron sus fotos”
CONSIDERANDO que en Panamá los juicios y las demandas civiles con resarcimiento millonario contra medios y periodistas independientes continúan siendo el método más utilizado por autoridades para inhibir a la prensa
CONSIDERANDO que en Paraguay personas que fueron sobreseídas en causas fiscales, corrupción y narcotráfico presentan recursos de habeas data para eliminar de las plataformas digitales las noticias que los afectaban
CONSIDERANDO que en Perú el Ministerio Público ha abierto investigaciones contra periodistas que investigan a delincuentes y funcionarios públicos
CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec establece que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público", y que la Declaración de Salta II sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital dice que los gobiernos no deben “penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de funcionarios públicos o personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad cuando se trata de asuntos de interés público”.
LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
Denunciar el uso de herramientas legales para activar denuncias penales, civiles y administrativas en contra de periodistas y medios de comunicación con el objetivo de intimidarlos e inhibir la labor informativa
Instar a los jueces a que consideren la jurisprudencia y los estándares interamericanos que advierten sobre el abuso de las demandas contra periodistas y medios, antes de admitirlas de manera rápida e indiscriminada
