Este período se ha caracterizado por la recurrencia de casos de acoso y violencia contra periodistas y medios, con un método organizado y criminal que recuerda a las prácticas mafiosas. Los objetivos son desprestigiar de manera coordinada las investigaciones periodísticas, destruir la reputación, corroer el patrimonio personal de reporteros y reporteras, y provocar autocensura.
Gabriela Biló y Thaísa Oliveira, del diario Folha de S.Paulo, sufrieron ataques masivos en redes sociales debido a su cobertura de los eventos golpistas del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Fueron atacadas en las plataformas, donde expusieron sus datos personales y fotografías. Las acusaron de haber proporcionado datos al Tribunal Supremo sobre Débora dos Santos Rodrigues, autora de la pintada en la estatua "La Justicia".
Días antes, el reportero y columnista Thiago Herdy, de UOL, fue seguido y tuvo expuestos sus datos fiscales, dirección e información familiar en un texto anónimo publicado en un sitio de la plataforma Wix. El texto mencionaba la rutina del reportero, con fotos de su desplazamiento por la ciudad. El artículo incluía información falsa y citaba sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos de emergencia de la alcaldía de San Pablo durante el primer mandato de Ricardo Nunes (MDB).
El periodista Guilherme Amado también fue blanco de ataques virtuales. El diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizó sus redes sociales para insinuar, falsamente, que Amado provocó la detención de Filipe Martins, exasesor del entonces presidente Jair Bolsonaro.
Los ataques rozan la violencia extrema. Por ejemplo, el periodista Paulo Motoryn, de Intercept Brasil, fue amenazado de muerte después de publicar un reportaje sobre un fugitivo tras el 8 de enero de 2023. Los agresores utilizaron las redes sociales para divulgar la dirección del periodista y mencionar a su familia.
Es para destacar que las instituciones brasileñas siguen funcionando plenamente dentro del marco democrático y los casos de acoso a periodistas y desinformación en línea están siendo juzgados. En febrero, la 43ª Corte Civil de Justicia de San Pablo ordenó a la diputada federal Carla Zambelli (PL) eliminar contenido de sus redes sociales que difamaba a la periodista Vera Magalhães, de TV Cultura. La decisión afirmaba que la parlamentaria había difundido información falsa y ofensiva sobre la periodista.
En febrero, el fotógrafo Bruno Santos, de Folha São Paulo, fue agredido por guardias y líderes del Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta en San Pablo (SP). Después de recibir patadas de los guardias que intentaban evitar que documentara un conflicto con los espectadores del carnaval, el periodista fue maltratado por el presidente del bloque, Alexandre Natacci, quien no quería que se informara sobre el incidente. La agresión al fotógrafo ocurrió horas después de que el también periodista y escritor Marcelo Rubens Paiva, portaestandarte del bloque, fuera agredido por dos hombres mientras recibía un homenaje del Baixo Augusta por su trabajo. Hijo de Rubens y Eunice Paiva, Marcelo es autor del libro "Ainda Estou Aqui", que inspiró la película ganadora de un Oscar.
En marzo, el Tribunal Supremo Federal (STF) perfeccionó su entendimiento sobre las condiciones en las que las empresas periodísticas pueden ser responsables civilmente –es decir, por el pago de daños morales– si publican una entrevista en la que el entrevistado atribuye falsamente a otra persona la comisión de un delito (calumnia). Se establecieron criterios objetivos para la responsabilidad y la eliminación de contenido, lo que representa un avance significativo, con lo que se redujo la posibilidad de juicios equivocados y onerosos en primera instancia. La decisión se tomó en recursos (embargos de declaración) presentados en la tesis de repercusión general establecida en el Recurso Extraordinario (RE) 1075412 (Tema 995). En los pedidos analizados por el STF, Diario de Pernambuco y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) cuestionaron la tesis establecida en 2023 por el STF, al considerar que algunos puntos eran genéricos y podrían llevar a casos de censura. Ese año, el Supremo decidió que los periódicos podrían ser responsables en casos de injuria, difamación o calumnia proferida por el entrevistado.
Ahora, en plenario, el colegiado reafirmó que la empresa periodística solo puede ser responsabilizada civilmente si se prueba su mala fe, caracterizada por el conocimiento previo de la falsedad de la declaración o por evidente negligencia en la investigación de la información, sin dar la posibilidad de respuesta del tercero ofendido o, al menos, la búsqueda del contradictorio.
También se estableció que el medio podría ser responsable si el contenido con la acusación falsa no se elimina de las plataformas digitales por iniciativa propia o después de la notificación de la víctima. Se dispuso que, en entrevistas en vivo, el medio no debe ser responsabilizado por declaraciones hechas por el entrevistado. Sin embargo, para ello deberá asegurar a la persona a quien se le atribuye falsamente la comisión del delito el derecho de respuesta en igualdad de condiciones, espacio y prominencia.
En el caso que motivó el juicio, el exdiputado federal Ricardo Zarattini Filho, fallecido en 2017, demandó a Diario de Pernambuco después de ser acusado por un entrevistado de participar en un atentado con bomba durante la dictadura militar en el aeropuerto de Recife-Guararapes. El periódico fue condenado a indemnizar al militante.
La Justicia de Río de Janeiro ordenó el retiro de un artículo de 2023 del portal Metrópoles que mencionaba a Marfan Martins Vieira, exfiscal general de Justicia del Estado, hoy jubilado, en un supuesto esquema de sobornos. Él presentó una acción en contra del medio y del periodista Arthur Guimarães, autor del texto, y pidió una indemnización de 130 mil reales por daños morales. El caso aún está pendiente de juicio.
En febrero, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó una acción civil pública contra la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) por daño al sistema judicial, al acceso a la justicia y a las libertades de expresión y de prensa, en consideración al acoso judicial contra el periodista João Paulo Cuenca. La demanda, por parte de pastores de la Iglesia, incluyó más de un centenar de juicios contra medios de 19 estados del país por un tuit publicado por el periodista en junio de 2020. Para los procuradores de los Derechos del Ciudadano del MPF en Río de Janeiro, la interposición masiva de demandas representó un ejercicio abusivo del derecho de petición y del acceso a la justicia, además de violar las libertades de expresión y de prensa mediante una estrategia para silenciar y constreñir al emisor del mensaje y la labor periodística.
La periodista y presentadora Luciana Barreto, de TV Brasil, fue blanco de ofensas en portugués y español tras criticar la declaración en marzo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, cuando afirmó que la Copa Libertadores de América sin Brasil sería como “Tarzán sin Chita”. El comentario racista tuvo repercusión a nivel mundial.
Barreto, quien es presentadora y editora en jefe de Repórter Brasil Tarde, es especialista en el tema del cual ahora se convierte en víctima. Escribió el libro “Discurso de odio contra negros en las redes sociales”, finalista del Premio Jabuti Académico.
En diciembre, la periodista Natuza Nery, de GloboNews, estaba haciendo compras en un supermercado de Pinheiros, en San Pablo, cuando fue objeto de ofensas reiteradas por parte de un policía civil, quien afirmó que personas como ella deberían ser “aniquiladas”. La Corregiduría de la Policía Civil abrió una investigación para examinar la conducta del agente.
El relator especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, visitó el país entre el 9 y el 14 de febrero por invitación del Gobierno federal.
Durante los encuentros, el Gobierno acusó a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro de promover desinformación y odio en las redes sociales, además de atacar el Estado de derecho. También defendió la regulación de las plataformas digitales como una forma de prevenir “actos concretos de violencia”. Desde la oposición, hubo críticas a la actuación del Poder Judicial en la conducción de las investigaciones sobre los actos antidemocráticos en el país. Parlamentarios acusaron al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes y a la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de llevar a cabo una “persecución política” y de socavar la libertad de pensamiento mediante arrestos y bloqueos en redes sociales.
